Se empiezan ya a mover las piezas para las elecciones del 2018, las federales y las locales. Los partidos políticos ya tienen dinámicas internas para la selección de sus candidatos y también se están manifestando diversas opciones de candidatos independientes. Lo electoral va a ir tomando cada día mayor relevancia por todas partes, lo cual determina las decisiones económicas y políticas, lo mismo que las movilizaciones sociales, empresariales y… hay que decirlo, también las que provienen del crimen organizado.
No es ya un secreto la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales, que en muchas regiones del país se ha convertido en un verdadero actor político que toma parte en las decisiones que tienen que ver con las elecciones y, aún, con las políticas públicas. En Guerrero hay regiones en las que las mafias de narcotraficantes gobiernan de facto y tienen el control de la economía y de las autoridades locales. Y, además, es sabido que tienen interlocución con partidos políticos y con gobiernos y mucha capacidad para financiar campañas.
Edgardo Buscaglia, especialista internacional en el tema de delincuencia organizada, ha insistido en que el sistema político mexicano es ampliamente vulnerable (Vacíos de poder en México y Lavado de dinero y corrupción política) y que las legislaciones e instituciones electorales permiten que los grupos delincuenciales metan la mano en los procesos electorales sin mayor problema. Por un lado, las legislaciones electorales tienen muchas rendijas, diseñadas ex profeso para permitir arbitrariedades y abusos y, por otro lado, las instituciones electorales no son tan confiables o son demasiado frágiles como para garantizar procesos electorales plenamente legales y transparentes.
Ya de por sí, el sistema político que controla, según reglas escritas y no escritas, los procesos políticos y electorales no merece la confianza de los mexicanos por sus altísimos niveles de corrupción y porque justamente la recicla periódicamente, ahora el ingrediente de sus conexiones con la delincuencia organizada lo convierte en una amenaza para el país. En este sentido, cada proceso electoral refuerza los mecanismos corruptores de la política y es envilecido con la intervención de las mafias criminales que se han ido montando en las instituciones de gobierno.
Ya hay un gran consenso social en la idea de que la delincuencia organizada y los gobiernos están tan conectados que se necesitan mutuamente para sobrevivir, y los indicios que en muchas partes refuerzan esta idea no faltan. Hay muchas historias con las que la gente manifiesta su convicción de que la política se ha ido entrampando mediante las omisiones o colusiones relacionadas con la delincuencia organizada, lo cual inhibe la participación ciudadana en la política y en los procesos electorales.
El punto es que la delincuencia organizada se ha convertido en un actor político decisivo en muchas regiones y que nos hemos quedado inermes ante las consecuencias que se derivan de este hecho. La delincuencia interviene en la toma de decisiones en los partidos políticos y, aparte, ofrece amplios financiamientos que nadie es capaz de frenar ni castigar. No hay topes de gastos de campaña que se respeten ni nadie que los castigue. En fin, los procesos electorales, llenos de ilegalidades presagian solamente gobiernos sin escrúpulos y más violencia para el país.
Este asunto, que es muy grave y cada vez más grave, no ha sido tratado responsablemente ni por las autoridades ni por la sociedad. Es previsible que en el 2018, un año intensamente electoral, provoque una crisis política y social. El podrido sistema político puede reventar en cualquier momento. ¿Por qué no prevenir esto, actuando con responsabilidad? Algo hay que hacer.