La procuración de justicia es una de las funciones más esenciales del Estado, pues en ella reside la armonía social, la estabilidad pública, la gobernabilidad, la protección a los derechos humanos, el Estado social y democrático de derecho. Para evitar la anarquía, que cada quien se haga justicia por su propia mano, la injusticia, los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, el Estado moderno ha creado las instituciones que procuren hacer justicia al pueblo.
1.- En México vivimos una crisis profunda en el sistema de procuración de justicia. Esto se refleja con el estudio académico muy reciente que hicieron el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Centro Nacional de Ciencias Penales, los cuales entre otras conclusiones señalan que se debe transformar a fondo el sistema de procuración de justicia en México y llevar a cabo un conjunto de reformas estructurales como un Código Penal Único, reformas al Código de Procedimientos Penales, reformas a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrar a todas las instituciones de procuración y administración de justicia al Sistema Nacional de Seguridad y establecer sus responsabilidades, crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación.
2.- A esto hay que agregar que no han sido designados y ratificados los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción. En el caso de la PGR el reciente titular designado por Peña Nieto, Raúl Cervantes Andrade quien fue coordinador jurídico en su campaña presidencial en el 2012, renunció en forma irresponsable toda vez que dejó en la agenda asuntos muy relevantes como el de las denuncias de corrupción de funcionarios del actual gobierno federal en Pemex, por lo que quedó como procurador interino el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales Alberto Elías Beltrán, pero no se ha hecho la propuesta por parte de Peña Nieto para que pase por la aprobación de los senadores, por lo que esto mantiene en una situación de incertidumbre en la titularidad y funcionamiento de la PGR.
3.- En el caso de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), hace unas semanas el procurador general de la República interino en forma indebida destituyó de su cargo al fiscal en funciones, lo cual generó un conflicto en la Cámara de Senadores, debido a que no hubo un informe que fundara y justificara su decisión, y los senadores afines a Peña Nieto hicieron maniobras legislativas para impedir que comparecieran ante el pleno el procurador interino y el fiscal removido para que expusieran sus argumentos respecto de la destitución y de esa manera tener elementos para confirmarla o revocarla que era lo mas adecuado. La causa verdadera de la destitución del fiscal de delitos electorales es que realizaba investigaciones sobre el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Peña Nieto y que quiere tener un fiscal subordinado que lo proteja.
4.- En cuanto al fiscal anticorrupción, a pesar de que los senadores se obligaron a elegirlo a más tardar en julio de este año no cumplieron, de tal manera que el sistema nacional anticorrupción está inconcluso, sin fiscal y sin magistrados, lo cual indica el poco interés que tiene Peña Nieto para que se cumplimente este sistema toda vez que ha buscado que este fiscal sea un incondicional que le cuide las espaldas cuando termine su mandato, sin embargo, los estándares internacionales establecen que los fiscales anticorrupción sean totalmente independientes y autónomos de los poderes públicos. Así, sin procurador general de justicia, sin los fiscales contra delitos electorales y anticorrupción va concluyendo el gobierno de Peña Nieto en medio de un ambiente de impunidad, de inseguridad y de un vacío de las instituciones de procuración de justicia en nuestro país.

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