En los últimos meses, las organizaciones sindicales más importantes de Estados Unidos y Canadá han mostrado una gran inconformidad con la situación que padecen los trabajadores mexicanos. Tres asuntos les han llamado la atención: los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo sobre todo en sectores ligados al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como la industria automotriz; la reforma en curso a la Ley Federal del Trabajo, que reglamentará las enmiendas constitucionales aprobadas hace un año; y la represión contra protestas laborales en empresas de capital extranjero.
Desde luego, las tres cosas están ligadas a un mismo asunto: la competencia desleal de México para atraer empresas e inversiones, fomentando así la huida de puestos de trabajo hacia nuestro país.
Desde que se reabrieron las negociaciones del TLCAN, las representaciones sindicales de EU y Canadá aprovecharon la ocasión para presionar a sus propios gobiernos con el fin de que en el nuevo acuerdo se garanticen los derechos laborales. Apenas hace unos días, seis dirigentes de alto nivel de la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), la central sindical más importante de EU, se reunieron a puerta cerrada con el presidente Donald Trump. En una declaración oficial publicada posteriormente en su portal electrónico (aflcio.org) señalaron que un nuevo tratado “debe mejorar dramáticamente los derechos de los trabajadores y aumentar los salarios y los niveles de vida en los tres países… especialmente en el caso de México”.
La molestia de los representantes obreros de los países socios del TLCAN se agravó cuando conocieron la propuesta de reforma laboral de los senadores del PRI, Isaías y Tereso. La AFL-CIO, casi de inmediato, envió una carta a la OIT manifestando detalladamente sus críticas a dicho proyecto. El organismo con sede en Ginebra, a su vez, pidió al gobierno mexicano una respuesta a las observaciones presentadas. La posición oficial llegó a principios de este año avalando el documento del PRI y desmintiendo todos los reproches. El texto merecería un espacio más amplio por los argumentos tramposos y confusos de que hicieron gala, pero baste señalar en esta ocasión sólo dos ejemplos. Al señalamiento de que el Consejo Técnico del Instituto de Conciliación tendría una estructura tripartita (con la representación obrera, de los patrones y del gobierno), contraviniendo el carácter autónomo de dicho organismo planteado en la Constitución, el gobierno mexicano aceptó que, en efecto, la iniciativa contenía este mandato pero que “participarían los sindicatos más representativos”. Más grave aún, sobre la eliminación de los requisitos a la subcontratación decretados en 2012, el gobierno alegó que esas reformas “no habían dado resultado” y que se requerían “los ajustes que se proponen” en la iniciativa del PRI. En pocas palabras, el gobierno mexicano avalaba completamente el bodrio legislativo de los senadores y hasta lo consideraba positivo y necesario.
Afortunadamente, la AFL-CIO no se quedó contenta con estas supuestas aclaraciones y en otro comunicado oficial, el 19 de enero, reiteró que la propuesta de reforma laboral “limitaría la libertad de asociación y promovería el trabajo precario, por lo que llevaría a los salarios mexicanos a un nivel aún más bajo y alentaría la subcontratación de los empleos de EU y Canadá (hacia México)”. Según la dirigencia de la AFL-CIO el problema es que “muchos trabajadores están representados por sindicatos turbios, aliados con los empleadores… los fabricantes pactan contratos de protección aún antes de que un solo trabajador labore en la empresa”.
La presión internacional, junto con la que ejercieron en México, entre otros, la UNT (Unión Nacional de Trabajadores) y el Observatorio Laboral (formado por diversas agrupaciones gremiales, los abogados laboralistas más prestigiados, y académicos especialistas en el tema) dio algún resultado. Poco después de asumir su cargo, el nuevo secretario del Trabajo, Roberto Campa, consideró públicamente que no era conveniente quitar las restricciones a la subcontratación tal y como lo proponía el PRI, y que debían mantenerse tal como se decretaron en 2012. Contravino así, explícitamente, la opinión de su antecesor, expuesta en la carta dirigida a la OIT unos días antes.
La AFL-CIO, sin embargo, no ha quitado el dedo del renglón y ha reiterado en diversas ocasiones que, junto con los sindicatos independientes de México, se mantiene firme en el rechazo al proyecto de reforma laboral. Volvió a subrayar que ésta impediría a las organizaciones sindicales legítimas negociar en beneficio de los obreros mexicanos, quienes “trabajan más horas por los salarios más bajos de los países miembros de la OCDE”. Y exigió que, por todo ello, “la propuesta debe ser retirada”.
Por su parte, los canadienses también han mostrado preocupación sobre la enmienda presentada por el PRI e incluso han ido un poco más lejos: el 17 de febrero, el CLC (Canadian Labour Congress), una de las centrales más poderosas de ese país, manifestó su beneplácito tras el anuncio oficial de que su gobierno designará un Defensor Canadiense para la Empresa Responsable (CORE por sus siglas en inglés: Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise), el cual tendrá el mandato de investigar todas las quejas de violaciones a los derechos humanos presuntamente realizadas por empresas canadienses que operen fuera del país en los sectores de la minería, la energía y el textil.
Señalaron que existen alrededor de mil 500 empresas de propiedad canadiense en más de 100 países del mundo. Muchas de ellas han sido acusadas de graves abusos en materia de derechos humanos. Y destacaron un caso: en noviembre de 2017, dos trabajadores fueron asesinados durante un movimiento de huelga contra una minera canadiense, Media Luna, precisamente en el municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, México.
La gravedad de este último acontecimiento pasó casi desapercibida en nuestro país debido al nivel de violencia y a las muertes y desapariciones cotidianas, pero la información pude consultarse en las notas que publicó El Sur durante esos días (17-20 de noviembre de 2017).
El asesinato de los huelguistas provocó, igualmente, una airada protesta de la central internacional de trabajadores IndustriAll, la cual, en un comunicado oficial, aseguró que los obreros fueron victimados por dos matones de la CTM. El secretario general de esa organización le escribió una carta al presidente de México y a los secretarios de Gobernación y Trabajo, en la que condenó enérgicamente estos atentados. Exigió, además, juicio y castigo a los culpables, un alto total a la represión a los mineros, y que se investigara las posibles conexiones de la empresa canadiense Torex Gold Resources con dichos actos de violencia. Al igual que la AFL-CIO y el CLC, esta organización ha condenado la reforma laboral del PRI, señalando con toda claridad que “responde a los intereses de las empresas”.
Debe señalarse que esta central internacional, fundada en 2012, dice agrupar a sindicatos de más de cien países y a cincuenta millones de trabajadores (ver http://www.industriall-union.org). Forman parte de ella, en el caso de México, entre otros, el Sindicato Minero (encabezado por Napoleón Gómez Urrutia), el SME, y el Sindicato de la Industria Metálica (afiliado asimismo al Frente Auténtico del Trabajo).
El diagnóstico de las organizaciones sindicales de los países socios del TLCAN y de IndustriAll, son fieles a la realidad. De manera destacada, cuando afirman que los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo que privan en México responden no sólo a las condiciones de los mercados y al modelo de libre comercio vigente en el TLCAN. Estas condiciones se han agravado por la ausencia de un sindicalismo libre y democrático, lo que a su vez responde a una deliberada política del gobierno de México bajo la figura de los contratos de protección y el patrocinio de sindicatos ilegítimos, como el que dicen representar los legisladores Tereso e Isaías.
La solidaridad de las organizaciones obreras de EU y Canadá con los trabajadores mexicanos, está activa e influyendo cada vez más. Pasa por su mejor momento en la vida del TLCAN y quizás en la historia de los tres países. Hay causas que lo explican: los saldos de la crisis mundial de 2008; el descontento de sectores de la clase trabajadora de nuestros socios comerciales con el modelo vigente de libre comercio; y la desigualdad que ha producido la globalización en las últimas décadas. Pero se explica, de igual manera, debido a la evidente debilidad del gobierno mexicano y a los extremos de violación a los derechos humanos, incluyendo los relativos al trabajo, a los que hemos llegado en el país. Todo ello ha sido advertido por la comunidad internacional.
Ya veremos hasta donde llega esta solidaridad, pero por lo pronto celebremos que representaciones sindicales de los tres países, junto con otras organizaciones internacionales, estén jalando en la misma dirección: por un TLCAN que sobre todo en México pero también en los otros dos países, ayude a proteger a los trabajadores y eleve sus ingresos; por una legislación que respete los derechos humanos laborales, en especial la libertad de asociación; y por detener la represión contra los sindicalistas inconformes por parte de la alianza charros-empresas-gobierno. Los obreros mexicanos ya no están (tan) solos.

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