El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó el 6 de noviembre, en vísperas del lanzamiento oficial de la COP30, la Facilidad de Financiamiento de Bosques Tropicales para Siempre (Tropical Forest Forever Facility, TFFF), un fondo internacional inédito que busca convertir la protección de los bosques en un modelo rentable. La idea es simple en apariencia: pagar a los países tropicales por conservar sus bosques, transformando la preservación en un activo económico global.
Según el ministro de Finanzas Fernando Haddad, el fondo ya reunió la mitad del objetivo inicial de 10 mil millones de dólares, de los 25 mil millones necesarios para arrancar. Los primeros compromisos provienen de Brasil e Indonesia (mil millones cada uno), Noruega (tres mil millones en diez años), Colombia y Portugal. Francia apoyó la iniciativa, aunque condicionó su aporte de 500 millones de euros hasta 2030 a garantías científicas, transparencia y rendición de cuentas. Alemania, China y Países Bajos también han expresado interés, aunque con cautela, reflejando la prudencia general de los Estados ante un mecanismo todavía experimental.
El plan pretende corregir una paradoja histórica: solo el 4 por ciento de la financiación climática mundial se destina a los bosques, pese a que éstos absorben la mitad del CO? emitido desde 1990. Los países tropicales –que albergan el 50 por ciento de la masa forestal del planeta y sufren el 90 por ciento de la deforestación global– buscan con este mecanismo romper su dependencia del extractivismo y demostrar que la conservación puede ser económicamente viable.
El modelo financiero de la TFFF es ambicioso. Los 25 mil millones iniciales servirían de garantía para captar otros 100 mil millones de inversores privados. En total, los 125 mil millones serían colocados en los mercados financieros, con un rendimiento esperado del 7.5 u 8 por ciento, mientras los préstamos se remunerarían al 5 por ciento. La diferencia permitiría generar unos 3 mil millones de dólares anuales, destinados a recompensar con cuatro dólares por hectárea a los países que mantengan su deforestación por debajo del 0.5 por ciento anual.
Los defensores del plan lo consideran una alternativa pragmática a los créditos de carbono, un sistema cada vez más criticado por su opacidad y falta de control. A diferencia de los mercados de compensación de emisiones, el TFFF no busca “neutralizar” la contaminación del norte, sino crear incentivos directos para preservar los bosques del sur.
Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, también existen dudas estructurales. Una de ellas tiene que ver con la calificación crediticia necesaria para operar en los mercados internacionales, lo que podría limitar el acceso de los países con mayor vulnerabilidad económica.
Otra interrogante apunta al uso final del dinero. Los estados beneficiarios no están obligados a invertir los fondos en políticas ambientales, lo que abre la puerta a su utilización para tapar déficits fiscales o financiar proyectos extractivos. Sin embargo, el fondo sí prevé que al menos el 20 por ciento de los beneficios se destine a pueblos indígenas y comunidades locales, considerados los guardianes naturales de los bosques tropicales. Para las organizaciones indígenas, esto representa un avance histórico, aunque reclaman mayor participación en la gobernanza del fondo y mecanismos claros de distribución.
Más allá de los desafíos técnicos y financieros, la TFFF reabre un debate filosófico: ¿se le debe poner precio a la naturaleza? Algunas organizaciones no gubernamentales critican la iniciativa por “mercantilizar los servicios ecosistémicos” y la consideran parte del capitalismo verde, un sistema que promete salvar el planeta usando los mismos mecanismos financieros que contribuyeron a su degradación. Otras voces, sin embargo, sostienen que sin incentivos económicos reales, la conservación seguirá siendo una promesa vacía frente a la presión del mercado global de materias primas.
Aun así, la propuesta simboliza algo mayor. Por primera vez, varios países del Sur Global intentan liderar una respuesta colectiva al cambio climático, basada en la cooperación entre naciones tropicales y no en la dependencia de las potencias del Norte. Si logra superar su fragilidad económica y política, la TFFF podría marcar el inicio de una nueva etapa: la de un ambientalismo con incentivos reales, donde conservar un bosque sea tan rentable como destruirlo. Pero si fracasa, quedará como otro recordatorio de que, sin reformas estructurales ni control democrático, la llamada “economía verde” corre el riesgo de repetir los errores del capitalismo que prometía reemplazar.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

X: @Gaspard_Estrada