EL-SUR

Viernes 27 de Mayo de 2022

Guerrero, México

Opinión

Propuesta para el fortalecimiento de la gestión ambiental

Octavio Klimek Alcaraz

Febrero 06, 2004

 

 

Por estos días ha iniciado en Querétaro la Convención Nacional Hacendaría, y al mismo tiempo la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales discute en su Reunión Nacional en Metepec, estado de México cómo obtener más recursos, pues los que se tienen son insuficientes para responder a las crecientes necesidades en materia ambiental de los estados y municipios. En ese sentido se trabajan propuestas de políticas ambientales más federalistas, que impulsen verdaderamente los procesos de descentralización en materia ambiental a los estados y municipios.

En el discurso se ha señalado por todos los actores políticos que la actual situación ambiental en México es considerada como un asunto de seguridad nacional. Sin embargo, los recursos económicos son evidentemente insuficientes para detener y revertir la degradación ambiental, y una prueba de ello son los magros resultados del Presupuesto del Ejecutivo Federal 2004 para el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Ejecutivo federal proponía una reducción de 2 mil millones de pesos con relación al Presupuesto del Ejecutivo Federal 2003, es decir sería de 15 mil millones 327 mil millones de pesos para el 2004. Sin embargo, el Congreso dispuso ampliar en $681.1 millones de pesos más el presupuesto de la Semarnat. Así pues, hoy se tiene un presupuesto autorizado de 16 mil 8.1 millones de pesos para 2004. Una disminución de 8 por ciento con relación al 2003, cuando se dispusieron de $17 mil millones 404 mil pesos para el Sector, que incluye a la propia Semarnat, la CNA, la Conafor, la Profepa, Conanp, INE e IMTA.

Estos recursos a todas luces insuficientes, son aún más insuficientes cuando se profundiza en cuántos centavos de cada peso efectivamente llegan a proyectos ambientales en los estados y municipios. El proyecto original de presupuesto de egresos 2004 destinaba 11 mil 159 millones millones de pesos a gasto corriente, lo que representaría el 72.8 por cienro del presupuesto total proyectado para el Sector, el gasto de inversión apenas alcanzaba los 4 mil millones 167 mil 500 pesos, sólo el 27.2 por ciento del presupuesto total. Otro dato, de los mil millones 573 mil pesos a erogar en el proyecto del Presupuesto 2004 por el Sector Central de la SEMARNAT en servicios personales, el 68.6 por ciento es gastado directamente en las oficinas centrales de la ciudad de México, el otro 31.4 es destinado para el pago de los servicios personales en las 31 delegaciones del país. Por esos casos, el Congreso propuso reasignaciones al presupuesto y reducciones al aparato administrativo equivalentes al 15 por ciento del presupuesto 2003. En especial, reducir plazas y salarios excesivos de los mandos medios y superiores. Es decir, no eliminar plazas de base, de carácter técnico o sustantivo para atender los asuntos que son atribución y función de las dependencias como se ha pretendido incorrectamente interpretar. Vamos a conocer en pocos días qué tan solidarios y consecuentes con la ideología del bien común son estos mandos medios y superiores, si sacrifican un poco sus salarios y demás prestaciones, o simplemente echan a la calle a muchos buenos trabajadores en oficinas centrales y delegaciones.

Ante este panorama, el objetivo debe ser fortalecer e incrementar el poder político y administrativo de la gestión ambiental en los gobiernos estatales y municipales de México. En los últimos años se ha desarrollado legislación en materia ambiental para la redistribución de competencias e impulsar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. No obstante, en la práctica los órdenes estatales y municipales del país carecen de suficientes recursos económicos para atender en forma oportuna e inmediata las competencias que la legislación ambiental les otorga. Lo anterior se explica por el carácter centralista de la gestión ambiental en México, y con las consecuencias negativas que esto conlleva: falta de eficiencia y eficacia, lentitud de respuesta, desconocimiento y lejanía de los problemas ambientales locales.

Si verdaderamente existe voluntad y congruencia política para impulsar el tránsito hacia el desarrollo sustentable, uno de los más importantes instrumentos estratégicos es la descentralización de la gestión ambiental, no solo de competencias, sino también de recursos económicos con mayor participación de los órdenes estatales y municipales.

Una medida a analizar es crear un “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental” conforme a los lineamientos de los Fondos de Aportaciones Federales de la Ley de Coordinación Fiscal. Con cargo a las aportaciones de dicho Fondo que les correspondan, los estados,                         el Distrito Federal y los municipios recibirían los recursos económicos complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asigna en el Capítulo II Distribución de Competencias y Coordinación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

Los criterios para la operación del Fondo podrían ser los siguientes:

  1. a) Los recursos federales para el fondo serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
  2. b) La propuesta, criterios y resultados de distribución de los recursos federales serán aprobadas en el seno del órgano que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Dicho órgano se integra por las autoridades ambientales de la Federación y las entidades federativas (Artículo 14-BIS de la LGEEPA).
  3. c) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales formulará dicha propuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración del proyecto del Ejecutivo Federal del Presupuesto de Egresos de la Federación.
  4. d) La información relacionada con los criterios utilizados en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate.

El objetivo finalmente es impulsar una gestión ambiental descentralizada, que propicie la toma de decisiones en forma cercana, eficaz, eficiente, flexible, rápida y oportuna a través de los gobiernos locales. Una gestión ambiental federalista que articule e interrelacione acciones de planeación, normativas, operativas, financieras, administrativas, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para impulsar el transito hacia el desarrollo sustentable.

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