El presidente de la República ha venido haciendo un gran esfuerzo por limpiar las escaleras desde arriba como una primera acción para impulsar un cambio radical en razón de que tenemos problemas estructurales. Sin embargo, muchos funcionarios no han acabado de entender el significado de lo que AMLO ha llamado la Cuarta Transformación, la mayoría de los candidatos se postulan desde una lógica personal para tener un nuevo status económico y seguir encumbrándose políticamente.
Los municipios, como tercer nivel de gobierno, constituyen el espacio donde se interactúa de manera más directa con la ciudadanía. Sin embargo ha sido en estos espacios donde la gobernanza ha fallado y el ejercicio de los recursos ha dejado mucho que desear. Según las diversas evaluaciones de transparencia, son estos sujetos obligados los peores calificados, incluido el Congreso local.
La corrupción en los gobiernos municipales se ha vuelto una regla; los candidatos le invierten a la elección porque saben que van a recuperarse y contarán con más capital para catapultearse al siguiente cargo de su carrera política. Por ello se requiere de comenzar a hacer cambios de fondo.
Son dos los principales programas federalizados que le dan vida anualmente a los municipios y al estado, además de sus ingresos propios que siempre son mínimos, según los presidentes municipales: Participaciones Federales Ramo 28 ($3,571,739,232.80) y los fondos y sub-fondos del Ramo 33 ($36,913,306,772.00). Estos recursos, son determinados por la SHCP con base en la Ley de Coordinación Fiscal y el gobierno del estado los distribuye de acuerdo con fórmulas que consideran diversas variables. (https://ramo33.com.mx/)
Para la mayoría de alcaldes, el presupuesto del FISM-Ramo 33 para obra social prioritaria ($6,578,910,742.00) es como una pequeña gran caja que manejan a modo y por ello no hay obra pública. Pero la solución de ello es muy sencilla, la SHCP tiene una base de datos de todas las colonias y comunidades donde se consideran las mismas variables para determinar los presupuestos para cada municipio. Por tanto, si simplemente se hace extensiva la fórmula, cada comunidad sabrá cuánto le corresponde anualmente para obra prioritaria, planificará y buscará la mezcla de recursos requerida, pero además se mantendrá vigilante de la aplicación de los recursos.
El Fortamun ($2,429,782.00) debiera ser para subsanar adeudos y derechos diversos así como para mejorar el servicio de seguridad pública. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos municipales hace un manejo discrecional y en el mejor de los casos los destina al pago de nómina de seguridad, aunque a la población no le proporcionen dicho servicio. Por tanto, a las comunidades no les corresponde nada de este presupuesto.
La comunidad es la instancia donde realmente se funden pueblo y gobierno. Es el lugar propio de la democracia participativa, expresión más avanzada de la civilidad política o de las tendencias actuales de la democracia. Al ser el espacio más cercano de la ciudadanía con su gobierno, la comunidad puede transformarse también en factor de integración de acciones y políticas públicas estatales y federales, hoy desordenadas, fraccionadas y clientelares. Si con información y capacitación apropiada se conviene con la comunidad y su gobierno los recursos públicos destinados a su propio de desarrollo, seguro que se reactivará la energía de toda la comunidad y se podrá hacer más con menos dinero. Por ello se requiere elevar a la comunidad al Cuarto Orden de Gobierno y los presupuestos operados deberían ser la base para poner en marcha la energía creadora de las comunidades.
Finalmente, en lo que respecta a las participaciones para gasto corriente y nómina, no resulta complicado determinar parámetros y montos; los ediles no son mini-virreyes para que se destinen su salario sin trabajar, deberá haber una suerte de escalafones para determinar salarios, mismos que deberán de transparentarse a la sociedad y medir resultados. Ya no más aviadores.
Pero, para garantizar que todo esto funcione se requiere impulsar el control ciudadano de lo público. Y la figura de Contraloría Ciudadana estipulada en la ley cobra vigencia. Las acciones de contraloría ciudadana deben incorporar de manera complementaria los conceptos: derecho a saber, monitoreo de programas públicos, y reactivación de órganos de participación social. Es decir, no basta solamente saber sobre los presupuestos públicos, es necesario monitorear su aplicación y, en su caso, denunciar y corregir en los espacios institucionales que permiten la participación ciudadana y que están reconocidos por la ley, tales como los Coplademun, los cabildos municipales, los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural, entre otros.
En la actual etapa de cambio de poderes municipales, la transparencia y la rendición de cuentas son temas de primer orden. Como organizaciones que formamos parte del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI y la Coordinadora de Comisariados de Guerrero, estaremos impulsando estas y otras propuestas que sienten las bases del cambio verdadero.