El 29 de junio del presente año el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas, aprobó la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que viene a representar una de las grandes conquistas alcanzadas por el movimiento indígena intercontinental, que por fin vio plasmadas gran parte de las aspiraciones que los pueblos indígenas del mundo han defendido como sus derechos colectivos.
Es importante señalar algunos planteamientos de esta declaración que nos indican el nivel de atención y responsabilidad que tienen los estados nacionales para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, no sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y siempre que sea posible, la opción del regreso” (Art. 10).
Por otra parte, la presente declaración atiende una de las grandes preocupaciones que enfrentan los pueblos indígenas de Guerrero, como lo es la militarización: “No se desarrollarán actividades militares en la tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que lo acepten o soliciten libremente los pueblos indígenas interesados. Los estados celebraran consultas eficaces con los pueblos indígenas, con los procedimientos apropiados en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares” (Art. 28 bis).
Es importante resaltar el reconocimiento que deben tener los estados nacionales hacia las formas de organización social de los pueblos indígenas que “tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, practicas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de Derechos Humanos” (Art. 33).
Además de esta declaración debemos de tomar en cuenta las recomendaciones del relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas Rodolfo Stavenhagen, que hizo al Estado mexicano con motivo de su visita oficial en la primera quincena de junio de 2003.
En este informe el relator “recomienda al gobierno mexicano que preste atención urgente a la prevención y solución de los conflictos sociales en regiones indígenas, que se revise a fondo el sistema de justicia indígena, que se desarrolle una política económica y social integral, con la participación activa de los pueblos indígenas y con especial atención a los migrantes, a los desplazados, las mujeres y los niños, y que se revise reforma constitucional del 2001 para lograr la paz en Chiapas y satisfacer la demanda de los pueblos indígenas por el reconocimiento y derecho a sus derechos humanos”. Enfatiza que “la preservación y preservación de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios”.
En el tema de la justicia propone que “se revise a fondo, con criterios amplios y flexibles el sistema de procuración y administración de justicia para los indígenas a nivel nacional, con amplia participación de estos, (…) el gobierno federal y los gobiernos estatales deberán reconocer, respetar y apoyar a las policías comunitarias, juzgados indígenas y otras formas de solución de conflictos propias de los pueblos indígenas”. En el campo de la militarización recomienda que “cuando así lo demanden las comunidades indígenas, el Ejército deberá ser replegado de las inmediaciones de estas comunidades y sus presencia y actividades en zonas indígenas deberán ser estrictamente compatibles con sus deberes constitucionales”.
Pareciera que las autoridades estatales nada saben o no les importa lo que un relator de Naciones Unidas recomienda y lo que una nueva Declaración Universal demanda a los Estados.
En esta semana hemos sido testigos de cómo los pueblos indígenas son acosados por el Ejército en los municipios de Ayutla y de San Luis Acatlán. Hemos también constatado el grave estado de indefensión que viven las mujeres indígenas como el caso deleznable de Abigail Francisco Romero, de 15 años de edad, originaria de la comunidad náhuatl de Temalacatzingo, quien fue violada y asesinada a pedradas el 25 de septiembre del presente año. La actitud racista y machista de autoridades judiciales ha sido parte del problema estructural del sistema de administración y procuración de justicia que incrimina a mujeres indígenas por desconocer las condiciones socioculturales, lingüísticas y consuetudinarias de estos pueblos, agravado con la falta de profesionalismo y ética para realizar las investigaciones y para elaborar los dictámenes periciales que garanticen el acceso eficaz y gratuito a la justicia.
El caso de la mujer me’ phaa, Claudia Galeana Basilio, encarcelada desde el año pasado por el delito de “homicidio doloso”, por el hecho de haber tenido un aborto accidental cuando caminaba por una de las veredas de la montaña, nos muestra de manera patente la ineficacia y falta de compromiso de las instituciones encargadas de atender a las mujeres. Su origen étnico y monolingüismo le ha costado la privación de su libertad y el alejamiento de sus familiares, enfrentando un proceso irregular que a nadie le interesa corregir y defender.
Lo que mas preocupa en nuestra entidad es que el tema indígena no forme parte de los temas prioritarios dentro de la Reforma del Estado. No vemos entre las autoridades encargadas de atender a esta población, ni a los mismos legisladores que tengan un posicionamiento claro en torno a la diversidad de problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas. Su visión es acotada y burocrática, están alejados de los conflictos que emergen recurrentemente ante la falta de atención y resultados tangibles. Prevalece un comportamiento prejuiciado sobre los motivos de las protestas y movilizaciones de los pueblos indígenas, más que de atender las razones de sus luchas, se indaga de manera policíaca sobre los puntos débiles de sus dirigentes para poder intimidarlos y descalificarlos.
Hoy, en el contexto de la celebración del día de la resistencia de los pueblos indígenas, estamos más lejos de lo que pensábamos. La relación entre los pueblos indígenas y las autoridades estatales es tensa y de permanente golpeteo, no hay una interlocución que esté a la altura de las circunstancias y que ayude a distender los conflictos y el malestar de los pueblos indígenas. Por el contrario, vemos mas bien un alineamiento en torno a políticas y programas privatizadores que siguen viendo a los pueblos indígenas como clientelas necesitadas de caridad gubernamental.
El caso de La Parota es un claro ejemplo de cómo se quiere imponer una decisión tomada desde las altas esferas de las élites económicas y políticas sin impórtales los derechos de los pueblos ni el costo social que esto significa. Los intereses económicos son tan fuertes que empiezan a influir en las decisiones del magistrado del Tribunal Unitario Agrario, que de manera irresponsable y tendenciosa ha ignorado las razones jurídicas y legítimas que están sustentadas en pruebas veraces, por parte de los campesinos opositores de la presa La Parota.
La Comisión Federal de Electricidad, que históricamente ha incumplido con las promesas hechas a miles de desplazados indígenas a causa de la construcción de hidroeléctricas en el país, ahora quiere erigirse como una instancia que “vela” por los intereses y los derechos de los campesinos, que busca el desarrollo a través del desplazamiento de centenares de familias campesinas, que serán reubicadas en los nuevos cinturones de miseria causados por los megaproyectos.
No es casual que donde existen organizaciones indígenas de base que construyen desde sus propios espacios comunitarios nuevas formas de organización orientadas a defender y hacer vigente sus derechos colectivos, como los casos del sistema de justicia y seguridad comunitaria implementada en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Metlatónoc, y la lucha que libra la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa desde hace mas de cinco años, tengan que enfrentar la presencia sistemática del Ejército que los hostiga, instala retenes y campamentos dentro de sus tierras comunales, amenaza y vigila a sus líderes comunitarios, todo por el hecho de asumir el compromiso de promover y defender sus derechos y fortalecer sus organizaciones de manera independiente.
Este mismo problema se ha presentado desde el nacimiento de la Policía Comunitaria que siempre tuvo que enfrentar la agresión del Ejército que en varias ocasiones desarmó a la Policía Comunitaria, formando también parte de la estrategia gubernamental que se implementó en el pasado gobierno de querer desaparecer a la Policía Comunitaria, imponiéndoles un ultimátum por parte de todo aparato de seguridad del estado.
La reforma del estado pasa necesariamente por la discusión de los problemas que enfrenta los pueblos indígenas y sobre la nueva relación que se debe establecer para una nueva gobernabilidad democrática. Para un análisis profundo y cercano a las preocupaciones de estos pueblos, se deben tomar en cuenta la normatividad internacional sobre pueblos indígenas, las recomendaciones de los relatores especiales de la ONU y al mismo tiempo los planteamientos emanados de los pueblos y organizaciones indígenas como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y las diferentes propuestas emanadas del Congreso Nacional Indígena, la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y la Agenda Estatal para el Desarrollo y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Guerrero, que es producto de una reflexión colectiva de varias organizaciones indígenas y civiles del estado.