Jesús Mendoza Zaragoza
Enero 11, 2016
Con las prisiones mexicanas no ganamos mucho porque no rehabilitan. Se dice que son universidades del crimen. Y los criminales poderosos gozan de muchos privilegios, tanto que siguen delinquiendo y mejorando sus negocios sucios, aun estando encerrados. Así lo ha hecho El Chapo en las dos prisiones de alta seguridad en las que ha sido huésped. Sí, huésped, porque se ha ido a la hora que ha querido. Así que tenerlo preso no asegura que deje de hacer negocios ilícitos ni que se rehabilite.
Entonces, ¿de dónde la euforia por su tercera captura? ¿Qué ganamos? El presidente dijo: “Misión cumplida: lo tenemos”. ¿Qué nos ganamos con tenerlo preso durante aproximadamente diez años después de las dos detenciones anteriores? Ni se desmantelaron las estructuras del cártel que encabeza ni las redes de corrupción política que lo han protegido siempre. El impacto de la detención del capo más importante de México no ha tenido la capacidad para recuperar el Estado de derecho ni para remontar la lucha contra el crimen organizado, al menos de manera inicial. Entonces, ¿qué ganamos con tenerlo en prisión de nuevo? ¿Tiene sentido la euforia de los medios oficiales?
Esta estrategia centrada en la captura de criminales, sobre todo de los capos del narcotráfico, no ha redituado los resultados esperados; es más, ha complicado las cosas porque las organizaciones criminales se fragmentan en bandas cada día más sanguinarias. Esto lo sabemos bien en Guerrero, donde la fragmentación de grupos criminales ha derivado en muy altos índices de violencia, que parecen incontenibles.
El caso es que para que la captura del Chapo genere entusiasmo en los mexicanos, tendría que estar acompañada de una serie de acciones gubernamentales que garanticen resultados tangibles en el combate al crimen organizado y en la recuperación del Estado de derecho. Menciono dos, por considerar que son las más importantes.
Una. Tocar el patrimonio de la delincuencia organizada, que es como la sangre misma de este engendro que causa tanto daño a la economía mediante el lavado de dinero. Si preguntamos qué se hizo con la red de empresas que El Chapo ha construido a nivel internacional durante la década en que estuvo preso, nos encontraremos sorpresas. Está intacta y sigue creciendo. No hay instrumentos legales adecuados ni voluntad política para la extinción de dominio y la confiscación de los bienes obtenidos de manera ilícita. En algunos países, como en Italia, estos bienes no los administra el gobierno sino que se reasignan a través de organizaciones de la sociedad civil, para beneficiar a las víctimas de la delincuencia proporcionando servicios, capacitación y empleo a víctimas y a sus familiares a través de granjas y fábricas, y también para promover políticas de prevención del delito, sobre todo entre los jóvenes.
Dos. Combatir frontalmente la corrupción pública tiene que ser una política pública impostergable. La corrupción pública ha sido el mejor aliado de la delincuencia organizada, la que no puede prosperar sin el respaldo político necesario. De hecho, el sistema político mexicano ha sido el terreno fértil para el avance del crimen y no hay signos de que esto vaya a cambiar a corto plazo. Por esto se requiere afrontar el cáncer de la corrupción en todas sus formas. Por ejemplo, se requiere eliminar el fuero o inmunidad de cualquier funcionario público para sujetarse a investigaciones penales cuando sea requerido. Al mismo tiempo, tendría que establecerse en las leyes de participación ciudadana las auditorías sociales, realizadas desde la sociedad civil con una capacitación especializada para este caso, de presupuestos, patrimonios personales y familiares de quienes aspiren a cargos públicos, así como del financiamiento de campañas electorales, para disminuir de manera sustancial las posibles prácticas de corrupción.
Es evidente que estas acciones se enfocan a todas a las élites de la delincuencia organizada, tanto la que está vinculada a los cárteles y bandas criminales como a la que está encaramada en las instituciones de gobierno. Se trata de la delincuencia de cuello blanco, esa que sigue al amparo de la impunidad, siendo que tiene el mayor impacto delincuencial. Para que esto suceda, se requieren dos cosas, que son complejas pero posibles.
Por un lado, se requiere la voluntad política al interior del país. Colombia e Italia, entre otros, lo tuvieron que hacer en su tiempo, cada uno en su propio contexto. No tenían otra salida responsable después de tanto desastre generado por la violencia derivada de la delincuencia organizada. Ya no podían disimular ante el escollo de la corrupción pública y ante la fortaleza económica de las mafias y tuvieron que actuar en consecuencia. Es claro que en México, donde la corrupción pública es sistémica, no será fácil.
Y, por otro lado, se requiere una estrategia global que incluya la cooperación internacional, puesto que la dinámica empresarial de la delincuencia se ha globalizado y ya no es posible atenderla desde los ámbitos nacionales solamente. El reciente libro de Edgardo Buscaglia titulado Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional, ilustra abundantemente este aspecto. Instrumentos jurídicos internacionales ya los hay, como la llamada Convención de Palermo (año 2000) y sus respectivos protocolos, promovidos por la ONU para prevenir y sancionar estos delitos globales. Por tanto, para afrontar el capital financiero del crimen y la corrupción pública, se requiere la cooperación internacional.
Ya es tiempo de asumir con responsabilidad ante la delincuencia organizada y la corrupción política, la mancuerna que sigue haciendo estragos en el país. De otra manera, la fiesta oficial por la captura del Chapo, sería evidenciada solo como una mera venganza ante la afrenta de su fuga. Y el país seguirá rodando en declive.