Acompañado por Julián LeBarón, Alberto Athié y otros activistas, Javier Sicilia ha convocado a una caminata el próximo 23 de enero, desde Cuernavaca hasta el Palacio Nacional, con el fin de hacer un llamado público al presidente de la República para insistir en la necesidad de la verdad y de la justicia que tienen las víctimas de la violencia, que siguen aumentando vertiginosamente en el país. Estos activistas representan la inconformidad de un sector de la sociedad que no ve respuestas claras y contundentes, en la agenda gubernamental para las demandas de las víctimas de la violencia.
El gran argumento para convencer al gobierno es que no es posible transitar hacia una transformación del país si no se resuelve la historia de atrocidades ocurrida en los dos sexenios pasados. Esta argumentación fue presentada en enero de 2019 al presidente López Obrador por el colectivo Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción, formada por organizaciones de derechos humanos, académicos, periodistas y personas interesadas en acabar con la corrupción y la impunidad estructural en México, en una propuesta denominada “Romper el Silencio. Hacia un Proceso de Verdad y Memoria en México”, para la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica (CVMH), con el objetivo de esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de la así llamada guerra contra el narcotráfico, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2018, comprendiendo los periodos de gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
Después de un año en el que el gobierno ha tenido que lidiar con inercias del pasado, aún no se deja ver el interés gubernamental por dar una respuesta estructural a la violación de los derechos humanos de los cientos de miles de víctimas, entre desaparecidos, asesinados, desplazados y demás. Es claro que para que esto suceda hay que introducir mecanismos de justicia transicional, ya que el aparato de justicia convencional que tenemos es incapaz de hacerlo. El hecho de prevalece una impunidad de 98 por ciento lo confirma.
Es imprescindible mirar nuestro pasado como condición para construir el futuro desde el presente. Con un pasado lleno de heridas no se puede construir nada estable ni duradero. Se requiere sanar el pasado tan atroz para poner las bases de una verdadera transformación del país. Una transformación sin sanar el pasado sería una grosera simulación. ¿Qué hay que hacer con el dolor de más de 200 mil familias de asesinados y de las familias de los más de 60 mil desaparecidos? No podemos simular que sobre este infierno de dolor se puede transformar el país. No se trata de una obsesión por el pasado sino de poner bases firmes y sanas para el futuro que queremos. Por ello, lo primero que necesitamos es la verdad de los hechos de cada caso y del conjunto de casos de violación de los derechos humanos habidos a lo largo de los últimos  años. Esta verdad servirá de base para la justicia penal, la reparación de los daños y para la necesaria reforma de las instituciones que garanticen la no repetición.
Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son los mecanismos que sirven de vehículos para afrontar la inmensa demanda de justicia como condición para esperar un futuro mejor no sólo para las víctimas del delito sino también para el país mismo. De esta manera se toma en serio a las víctimas y, al mismo tiempo, se construye un auténtico Estado de derecho.
Urge dimensionar en su verdadera proporción la tragedia generada por la violencia y por la inseguridad en términos humanitarios y sociales y, aún más, en términos económicos y políticos. No le conviene al país el seguir arrastrando tanto dolor irresuelto ni tampoco le conviene seguir aplazando la indispensable tarea de establecer el Estado de derecho. Tanta impunidad y tanta herida abierta nos complican el presente y el futuro.
Entiendo que el gobierno federal tiene tantos desafíos políticos que atender. Lo mismo hay que decir de los desafíos económicos. Al lado de estos, hay que ubicar los graves desafíos relacionados con la justicia y con el Estado de derecho. Los derechos de las víctimas han de alinearse con el desarrollo económico integral y sustentable y con la democracia participativa para ir caminando efectivamente hacia la paz. Y los derechos de las víctimas pueden ser atendidos mediante los mecanismos de la justicia transicional, comenzando por conocer la verdad sobre cada asesinado, cada desaparecido, cada desplazado, cada extorsionado y cada herido en su dignidad durante esta fatídica guerra contra el narcotráfico. Con los recursos del Estado podemos hacer este camino.