Un nada sorprendente forcejeo entre el gobierno del estado y la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG) se ha estado desarrollando en las últimas semanas. El gobernador, Héctor Astudillo Flores, ha hablado en varias ocasiones del necesario desarme de esta organización ciudadana armada, mientras que el líder de ésta, Bruno Plácido Valerio, ha plantado una rotunda negativa. Esta confrontación puede llegar a límites indeseables y requiere mucha atención y lucidez para ser resuelta. A mi juicio, hay dos salidas a esta confrontación: una, la de la fuerza y dos, la del diálogo. Afortunadamente, el comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez Mendoza, se ha manifestado por la vía de la negociación y el diálogo.
Hay que considerar que la UPOEG no es la única organización ciudadana armada. Si bien es la de mayor importancia en el estado, las hay en diversas regiones de la entidad, lo cual hace más complejo el panorama. Y siguen apareciendo más agrupaciones de autodefensas como es el caso de la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero que integraron siete ejidos de la sierra de Zihuatanejo y Coyuca de Catalán. Y, muy probablemente seguirán apareciendo otras más si las condiciones de inseguridad no cambian.
Según el gobierno, todas estas organizaciones no tienen el soporte de la Ley 701 y quedan inexorablemente en la ilegalidad, por lo que tienen que ser desarmadas. En principio, tiene razón, pero las cosas no son tan sencillas como lo deseara el mismo gobierno. Es necesario hacer algunas consideraciones para encontrar un camino razonable y resolver este problema, desde las causas mismas que activaron la aparición de grupos de autodefensa.
Hay que comenzar por reconocer que fue la incapacidad y la omisión de las autoridades lo que dio pie a la aparición de todos estos grupos de autodefensa. Por lo mismo, hay que intervenir ante esa incapacidad, que es endémica e institucional. El primer promotor de las autodefensas ha sido el gobierno mismo con sus omisiones. Ni las policías ni las fuerzas armadas han podido garantizar la seguridad y tal parece que a corto plazo no tienen condiciones para hacerlo. Si el gobierno quiere desarmar a las autodefensas, tiene que garantizar la seguridad que no ha dado hasta ahora.
Hay que señalar que da la impresión de que al gobierno le preocupan más las autodefensas que los cárteles de la droga y las demás organizaciones criminales. Como van las cosas, no vemos para cuando éstas queden desarmadas y desactivadas. Las así llamadas estrategias de seguridad en el país no muestran resultados favorables. Se parecen a la actuación de los bomberos que sólo apagan incendios donde se detectan contextos de emergencia.
El argumento de que las autodefensas están fuera de la Ley 701 que regula a las policías comunitarias pertenecientes a los pueblos indígenas, ha servido para poner de manifiesto que están fuera de la ley. En sí, el argumento es razonable, porque así está previsto en la ley. Pero, ¿no será esta la oportunidad para pensar una ley específica que llene el vacío que ha habido siempre en la estrategia oficial de seguridad? ¿Por qué los diputados locales no se quiebran un poco la cabeza para legislar a favor de la seguridad de las comunidades con policías propias y con un necesario sentido comunitario? Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los grupos de autodefensas que han surgido no son policías comunitarias porque no se sujetan a las autoridades comunitarias ni a los mecanismos de toma de decisiones de las comunidades.
Hay que pensar que los pueblos no indígenas y mestizos requieren sus propios mecanismos de seguridad ya que ni las policías municipales ni las estatales han tenido la capacidad de garantizarles seguridad. Al respecto, hay que apelar a la propuesta del cuarto nivel de gobierno en los niveles comunitarios, donde haya una participación ciudadana y puedan tomarse decisiones comunitarias relacionadas con todos los temas, sobre todo en lo que tiene que ver con la paz y con la seguridad.
Como puede verse, el problema es estructural. Las comunidades locales no tienen el reconocimiento y las facultades legales que requieren para hacer su parte en una verdadera estrategia de seguridad y donde sus intereses se hagan valer, más allá de los intereses de los gobiernos municipales y del estatal. Las comunidades locales no son consultadas ni tomadas en cuanta para tantas decisiones que les han estado afectando. No se reconoce el potencial que tienen las comunidades para resolver este y muchos problemas más.
Por lo mismo, hay que plantear la necesidad de legislar para que los pueblos y las comunidades participen y colaboren en una verdadera estrategia de seguridad que recoja sus aportes y sus potencialidades. En este contexto, podrían visualizarse policías comunitarias para pueblos no indígenas. Estas serían policías institucionales que dependieran de las autoridades comunitarias, organizadas en redes y no de líderes extraños a la institucionalidad comunitaria.
Lo que hay que descartar, por el momento, es la opción de desarmar a las autodefensas por la fuerza. Se vendría un conflicto social y político de gran tamaño. Hay que pensar en soluciones de fondo y de largo alcance, que beneficien a la sociedad y, desde luego, a nuestros gobiernos fortaleciendo el Estado de derecho, tan deteriorado entre nosotros.