Movilizar 143 mil y media toneladas de fertilizante a 141 bodegas que a su vez distribuirán a más de mil 500 localidades en donde 278 mil 547 productores lo trasladarán a sus parcelas (un total de 476 mil 688 hectáreas), requiere de una logística impresionante que debe ser operada, antes de que inicien las lluvias, por personal eficiente y experimentado.
Esto fue lo que no se consideró en el ciclo pasado, y por ello el Programa de Fertilizante que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue un desastre.
Estamos en la víspera de iniciar el ciclo de siembra Primavera/Verano y se prevé que las cosas serán igual o peor desde el lado de la Sader. A estas alturas, aún no se publican las Reglas de Operación, no se cuenta con un padrón de beneficiarios confiable, no se sabe nada de licitaciones, contratación de transporte, y, no se mira la coordinación institucional y mucho menos el involucramiento de los beneficiarios, a quienes solo se le ve como solicitantes.
Se trata de un programa que operará con al menos mil 500 millones de pesos. Aparentemente no es mucho dinero, entonces no se entiende por qué sigue siendo un problema la operación. Por ejemplo el padrón debe estar listo y las reglas de operación debieron haber salido en enero…
Desde sus orígenes este programa ha involucrado muchos intereses. Hace 26 años, el gobierno de Rubén Figueroa instauró el programa de fertilizante subsidiado como un negocio redondo: aseguraba ventas para su empresa y transportes, creaba clientela política y salpicaba ingresos a líderes afines mediante mecanismos de corrupción; además, buena parte del producto se desviaba a otros cultivos lícitos e ilícitos con la complacencia gubernamental. Además de generar una intoxicación irreversible de los suelos, el programa sólo ha fertilizado el manejo político del voto verde, la creación de liderazgos clientelares, así como el paternalismo que pervirtió a muchos campesinos. Estas son las razones que mueven a ciertos actores políticos e institucionales a complicar la operación eficiente del programa.
El año pasado se distribuyeron cuatro bultos de sulfato de amonio y dos de fosfato diamónico para una hectárea. Verificando los precios reales de mercado en el periodo en que se compró, cada paquete tiene un costo de mil 342 pesos con 47 centavos puesto ya en Guerrero; si lo multiplicamos por las 476 mil 688 hectáreas, nos da un importe total de 639 millones 939 mil 339 pesos. Pero en el reporte de la Sader recientemente difundido se establece que el precio de adquisición fue de mil 48 millones, 951 mil 425 pesos. Es decir, existe por ahí un margen de utilidad de poco más de 409 millones de pesos que debió haber quedado entre quien vende y quien compra. Pero eso no es todo. Predominan en el campo diversos líderes que construyeron su clientela mediante la operación de diversos programas. Eran ellos quienes subían al sistema de registro institucional (Suri) a su “clientela” y a productores que ni siquiera eran consultados. Negociaban con funcionarios de la vieja Sagarpa mediante moches. Recibían cuotas de insumos baratos y los entregaban a un precio inflado al productor. Este recibía lo que le dieran y les firmaba en razón de que era un “regalo”. Esto explica el por qué algunos líderes se oponen a cambiar las reglas del juego y pelean que se sigan usando los viejos padrones.
Por otra parte, algunos presidentes municipales en su aspiración por asceder a un cargo superior, encuentran en el control del programa a sus futuros votantes.
Todo ello redunda en el control del “voto verde”, partidos políticos y aspirantes a cargos de elección buscan en el sector rural su tabla de salvación. No es para menos, en el campo habita el 42 por ciento de la población y en sus mil 879 secciones electorales existe un listado nominal de un millón 182 mil 599 electores. Desde luego solo vota poco más de la mitad pero son ellos quienes determinan una elección. Para muestra solo un dato, el actual gobernador de Guerrero Héctor Astudillo ganó con 558 mil 662 votos.
Y es debido a esta situación que todo mundo quiere meterle mano al programa de fertilizante. Si no hubiera esta suerte de intereses económicos, clientelares, electorales, etc., las cosas caminarían bien. Por ello, en esta visita del presidente de la República a la Costa Chica de Guerrero se deben poner en claro las cosas.
Afortunadamente, a raíz de la crisis del programa el año pasado, ha emergido al escenario un nuevo actor, se trata de los comisariados ejidales y comunales. En Guerrero existen mil 252 núcleos agrarios que ocupan casi el 80 por ciento del territorio estatal. Sus representantes son electos cada tres años de manera legal y democrática. Su labor la hacen como “servidores del pueblo”, sin tener un salario. Son ellos los que conocen los problemas de su comunidad y gestionan soluciones. Es por ello que decidieron echarse a cuestas la responsabilidad de coadyuvar a que el Programa se ejecute de acuerdo a lo que el presidente ha instruido: entrega directa sin intermediarios y cero corrupción.
Un papel fundamental que están jugando es la elaboración del padrón de beneficiarios. Para ello, realizan asambleas en donde se define públicamente quién siembra y qué superficie, pero además los ejidatarios o comuneros con derechos avalan al productor que no tiene los documentos parcelarios en regla. El acta de asamblea se inscribe en el Registro Agrario Nacional como lo mandata la Ley Agraria.
Estas asambleas comunitarias no sólo le dan celeridad y transparencia al padrón de fertilizantes sino sobre todo, está poniendo el ejemplo de cómo debe ejercerse la democracia, pues ésta no sólo se debe expresar en las elecciones, sino en todos los ámbitos de la vida social haciendo que los derechos ciudadanos se ejerzan libremente. Por ello este ejercicio de construcción ciudadana que hoy se hace en Guerrero debe convertirse en un modelo a seguir en todo el campo mexicano. Enhorabuena, en Guerrero la 4T ya camina a ras de tierra.

*Asesor de la Coordinadora de Comisariados de Guerrero