El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha transitado, auténticamente, en terreno minado, y no porque sus antecesores hubieran hecho su recorrido por caminos a salvo de baches, trampas, andanadas y asaltos. Todo gobierno enfrenta, en principio, a los opositores convertidos no sólo en adversarios sino en auténticos enemigos políticos prestos a detectar (y magnificar) cualquier error, equivocación, distracción o dislate.
Más allá de las críticas cotidianas por el desempeño administrativo, el gobierno federal ha enfrentado un permanente rechazo al cambio y ha debido enfrentar a una auténtica hidra a la que se le corta una cabeza y le surgen varias más. Así fue con los grandes proyectos de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y muchos otros más en los que se interpusieron, inclusive, amparos orquestados por quienes el propio presidente identifica como “conservadores”.
Es así como con el tema de la inseguridad y la violencia prácticamente generalizada y que constituye el desafío lacerante, se ha intentado enfocar a un problema de género, cuando afecta a toda la población. Los detractores del gobierno orquestaron una bien armada estrategia para que la opinión pública tomara el tema de género como el más relevante de los asuntos o problemas actuales. De este fenómeno surgió la propuesta de “Un día sin mujeres”, convocatoria aparentemente válida y necesaria, pero que se ha convertido en una andanada en contra del actual gobierno.
No se trata de negar la gravedad ni la realidad de los problemas fundamentales del país: salud, educación y progreso personal y colectivo. La estrategia de “ el nueve nadie se mueve” ha tenido la simpatía, el apoyo y la promoción de quienes quieren desgastar aún más la imagen y la credibilidad del gobierno federal. Se trata de repetir aquella estrategia de “Un día sin trabajadores mexicanos” que se realizó en los Estados Unidos para “mostrar” el músculo de la fuerza laboral en el vecino país del norte.
Los derechos de las mujeres deben estar por encima de todo, salvo de los derechos generales de hombres y mujeres a salud, educación y progreso. Por supuesto que cualquier acto de machismo o de violencia en contra de las mujeres debe ser censurado y castigado de acuerdo con la ley. Pero no se puede convertir en el pretexto para acciones de carácter eminentemente político o más bien electoral.
Mientras el país se debate en “el nueve nadie se mueve”, el gobierno de Guerrero festeja las más recientes cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales indican que en el pasado mes de enero la tasa de homicidios dolosos bajó en la entidad a una proporción de 2.7 casos por cada cien mil habitantes, la percepción no es la misma en distintos sectores de la población guerrerense.
En forma paralela a la difusión de esta información, se daba a conocer que comisarios municipales, comunales y ejidales de la zona serrana de Filo Mayor, se quejan ante el gobierno estatal de que la delincuencia los ha despojado de tierras, bosques, minas y aguas, y ha obligado a comunidades enteras a desplazarse.
También en contrasentido del optimismo oficial, al menos cuatro mujeres fueron ejecutadas en distintos hechos el fin de semana en el estado, el caso más notable el de una joven menor de edad, de nombre Yaquelín, quien fue muerta horas después de denunciar en redes sociales acoso por parte de policías de dos patrullas municipales, en Coyuca de Benítez.
Sobre el tema de la violencia de género, la Asociación Civil Hombres y Mujeres por la Equidad ha denunciado recientemente que la Fiscalía estatal no tiene un adecuado registro, pues en lo que va del año han sido asesinadas quince mujeres en la entidad, pero sólo en tres casos se les ha catalogado como feminicidios.
Eso mismo ocurrió el año pasado, señalan, pues de 230 mujeres asesinadas, sólo 16 fueron clasificadas como feminicidios por la Fiscalía.
Discrepancias y percepciones en contra, de cualquier forma, el gobierno presume que el estado se ubicó en enero como el noveno en la fúnebre tabla, en tanto en 2019 fue el séptimo lugar, y durante 2015 y 2016 Guerrero tuvo muy lamentables lugares como la entidad más violenta del país.
La tendencia parece consistente, por lo que pese a los casos emblemáticos que siempre influyen en la opinión pública, hay un trabajo consistente para reducir y controlar la criminalidad.
Por lo pronto, fuerzas federales lograron la detención de 18 presuntos sicarios y decomisaron decenas de armas de alto poder, e incluso un camión blindado con métodos rústicos, en Zirándaro y en los límites de Guerrero y Michoacán, una de las zonas en donde hay mayor presencia delincuencial. Y los policías de Coyuca, los que fueron denunciados por Yaquelín, fueron suspendidos de sus encargos.
Nada está resuelto. Pero ciertos indicios son mejor que nada.
Hay que ubicar cada cosa en su lugar.