Tras las manifestaciones del pasado domingo, que movilizaron a poco más de 3 millones de personas según la policía, y el anuncio, un día antes, de la posibilidad de una salida del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de la coalición gubernamental, el gobierno de Dilma Rousseff se encuentra más frágil que nunca. Para algunos analistas, el gobierno ha perdido las condiciones políticas mínimas para tener una mayoría en el Congreso, y por ende, la capacidad de gobernar el país. En este contexto, las investigaciones realizadas por el juez Sergio Moro, radicado en la sureña ciudad de Curitiba, así como por el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo sobre el financiamiento del instituto del ex presidente Lula y de su supuesto encubrimiento de bienes – en particular de un departamento en el litoral paulista– han contribuido a debilitar todavía más el gobierno de la presidenta. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Qué podemos esperar en los próximos días?
Como lo hemos venido señalando en este espacio durante los últimos meses, Rousseff ha venido perdiendo el apoyo de su coalición de gobierno a raíz de decisiones equivocadas tanto en el plano político como económico. En el frente político, la presidenta decidió, al principio de su segundo mandato, tomar distancia tanto de su mentor Lula como del PMDB. Para ella, esa reelección le permitía alejar de su staff cercano a personas próximas al ex presidente. El resultado de las elecciones legislativas, donde el PMDB perdió escaños, le dejaron pensar que podría crear otro polo principal de sustentación de su gobierno en el Congreso al lado de su Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, ambas decisiones fueron marcadas por el fracaso, y hoy en día, lo que más se comenta es la posibilidad concreta de entregar el poder de facto a Lula en caso de que éste asuma como ministro de la Presidencia, o bien a su actual vicepresidente, el presidente del PMDB Michel Temer.
Para muchos, estos errores de estrategia política fueron acentuados por la degradación rápida de la economía después de la elección del 2014. El año 2015 tuvo un crecimiento negativo del 3.8 por ciento. El déficit fiscal del Estado, por su lado, llegó a casi 10 por ciento del PIB. Con un presupuesto enyesado, es muy difícil para el gobierno liberar márgenes de maniobra para reactivar a la economía, a menos de impulsar reformas de peso en el Congreso. Lo que parece complicado a raíz de esta fragmentación progresiva de la mayoría parlamentaria de la presidenta.
Frente a este escenario negativo, Rousseff parece estar a la deriva, sin tener la capacidad de crear una respuesta política a la altura de los desafíos que enfrenta el país. Esta incapacidad es agravada por la parcialidad de una buena parte de los principales medios de comunicación, que han trabajado conjuntamente con algunos sectores del poder judicial para desgastar políticamente al PT, a Lula y a Dilma, al tiempo que preservan la imagen de miembros eminentes del PMDB y de la oposición. Sin embargo, si las decisiones en el plano de la política como de la economía hubieran sido las apropiadas, a pesar de la polarización social y política palpable, el gobierno tendría cartas para poder sortear la crisis, como lo hizo en el caso del mensalão del 2005 cuando el gobierno de Lula fue acusado de comprar los votos de los diputados de la mayoría en el Congreso para aprobar proyectos de ley de interés del ejecutivo. Por ende, sin una medida de alto impacto político y económico, que sea capaz de cambiar la correlación de fuerzas, lo más probable es que el gobierno de Dilma Rousseff no siga en pie hasta el 31 de diciembre de 2018.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada