No estamos recabando firmas. Nos estamos organizando. No somos grupos de apoyo para otra persona. Somos mujeres y hombres que se han organizado o que han reforzado su organización a partir del proceso de recabar firmas, informar y concientizar. Y esas organizaciones, tanto las nuevas y como las consolidadas, han tejido redes antes inexistentes con otras organizaciones en tan sólo tres meses.
Al encarnar la propuesta del Quinto Congreso Nacional Indígena en su comunicado conjunto con el EZLN Que retiemble en sus centros la tierra, nuestros colectivos han experimentado su capacidad para construir autonomía y nos hemos dado cuenta de que, de hecho, estamos llevando a la práctica nuestra facultad de autogobierno todos los días desde nuestros barrios, pueblos, comunidades y ciudades con el Concejo Indígena de Gobierno (CIG).
Si el propósito del Estado mexicano fue impedir el registro en las boletas electorales de la vocera del CIG, María de Jesús Patricio, Marichuy, al imponer obstáculos técnicos y materiales a los pueblos marginados de todo el país, lo ha logrado. Sin embargo, lo que los gobiernos, los medios e intelectuales orgánicos perdieron de vista al estar tan atentos a Marichuy y sus firmas, es que paralelamente a ese proceso nos fuimos organizando desde abajo las muchas rabias que abundan en este país, rabias acumuladas que antes no encontraban eco y, con ellas, muchas formas de lucha tanto longevas como inéditas.
El resultado de este proceso organizativo amplio ha hecho florecer espacios y encuentros locales como el del pasado 13 de enero en Santa Inés del Monte, Oaxaca, donde se llevó a cabo la Sexta Asamblea Estatal del Concejo Indígena de Gobierno. Alrededor de 36 pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos y lenguas de casi todas las regiones del estado se reunieron para conocerse y reconocerse, para escuchar su palabra y para conocer sus dolores. Pero, sobre todo, para organizarse.
En su pronunciamento, la Asamblea del CIG de Oaxaca denunció que en el sureste mexicano y en el país “se está viviendo una guerra de exterminio declarada con cobardía a los pueblos originarios por los malos gobiernos, una guerra que funciona como brazo violento para la imposición de mega-proyectos que responden a intereses ajenos a los de sus comunidades: minas, presas y centrales hidroeléctricas, líneas y torres de alta tensión, proyectos carreteros, parques eólicos y zonas económicas especiales son algunos de los proyectos de muerte que, sumados a la militarización, al despojo de tierras comunales, y la aniquilación de nuestros modos y formas de autogobernarnos y vivir, atentan contra nuestra dignidad indígena y contra la dignidad de los habitantes de las ciudades”.
Se compartieron con entusiasmo, sobre todo, los casos de éxito de los pueblos en resistencia. Por ejemplo, el pueblo binnizá del Istmo representado en el CIG de Oaxaca logró hace unos días que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el amparo en revisión 552/2016 del índice del tribunal colegiado en materia civil y administrativa contra la instalación del proyecto eólico de la empresa Energía Eólica del Sur. A pesar de que México suscribió el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas que obliga a consultarlos antes de la instauración de megaproyectos en sus tierras, la realidad cotidiana que viven los pueblos originarios es el despojo sistemático de tierras mediante la cooptación, la división, el debilitamiento de las asambleas y autoridades comunales, cuando no la llana violencia del paramilitarismo o de las fuerzas del Estado. La lucha y el logro del pueblo binnizá, por tanto, sentará un importante precedente para casos similares en materia del derecho humano a consulta previa y contra el despojo de las tierras comunales que padecen en todo el territorio nacional los pueblos indígenas.
El Concejo Indígena de Gobierno y las redes de organizaciones, colectivos y pueblos como el binnizá, que han acudido a su llamado —más allá de las fechas electorales y la recaudación de firmas de apoyo—, sentarán un antecedente histórico de lucha digna y de sanación para un país tan lastimado, al tiempo que paliarán desde abajo y en autonomía la urgente necesidad de autocuidado frente la tormenta que se avecina con reformas y legislaciones de sangre y muerte como la Ley de Seguridad Interior.