Las fotografías de la presidenta municipal de Chilpancingo acompañada por un presunto capo criminal, han puesto sobre la mesa un tema que necesita ser considerado con mucha responsabilidad y con nada de amarillismo. Este caso merece la investigación necesaria para evitar especulaciones. Pero se requiere un análisis del contexto para entender lo que está sucediendo en la mayoría de los municipios guerrerenses y determinar las medidas necesarias para que funcionen adecuadamente, de acuerdo con sus responsabilidades establecidas en la ley.
Muchos percibimos que el municipio es la institución más frágil y vulnerable del Estado mexicano y que no tiene la fortaleza institucional para hacerse responsable del cumplimiento de sus funciones. Una señal muy visible de esta fragilidad institucional está en la incapacidad para mantener, de manera suficiente, los servicios que le tocan en los municipios, tales como la dotación de agua potable, el drenaje y manejo de las aguas residuales, la recolección de la basura, el ordenamiento de las vialidades y otros más.
Otra señal muy visible está en la fragilidad de los municipios ante los cárteles de la droga y las demás formas de delincuencia organizada. Un grupo criminal pone en jaque, de manera muy fácil a las instituciones municipales, a las que presionan, cooptan, les arrebatan parte del presupuesto y les imponen personal en algunas de las áreas de gobierno, como la de seguridad y la de finanzas.
¿Qué puede hacer una autoridad municipal ante las pretensiones de la delincuencia? ¿Acaso tiene la fortaleza para eludir esas amenazas de los delincuentes? En algunos casos, de manera forzada, ¿no se han convertido en empleados de los cárteles? Estas y otras preguntas necesitan respuestas responsables ante la necesidad de blindar a las instituciones municipales para que resistan el acoso de los delincuentes.
Hay que añadir también otras debilidades más. Muchos municipios están sometidos a inercias corruptas de mucho tiempo y les ha sido difícil superar sus dinámicas internas que no les permiten eficiencia en el cumplimiento de sus funciones y en la dotación de servicios públicos.
Recordemos el caso de los alcaldes de la Tierra Caliente que opusieron resistencia a acciones de la Fiscalía General del Estado e hicieron demandas extrañas al gobierno. ¿Cuánta capacidad de maniobra les permitía la delincuencia de esa región para actuar a partir de los intereses de sus municipios? ¿No es, acaso, en Tierra Caliente donde la delincuencia controla casi todos los mecanismos de la economía, que ya aspira a tener el control de los gobiernos municipales?
Lo que aparece en estas consideraciones es que el municipio, como el nivel de gobierno más cercano a las necesidades cotidianas, requiere una atención mayor para contar con la fortaleza institucional que requiere. Con la fragilidad que tienen los municipios ahora, que no nos sorprenda tener alcaldes cooptados o sometidos por la delincuencia, o alcaldes ineptos o corruptos que se vuelven una carga pesada parea la población. Hay que pensar en el fortalecimiento institucional de los municipios, con el soporte legal adecuado, con el apoyo de los ámbitos federal y estatal y, además, con el respaldo de la población.