Esta semana empezó mal para la Presidencia de la República, pues una frase de doña Claudia Sheinbaum ha desatado una animada controversia sobre la libertad de expresión. En la mañanera del pasado lunes, dijo la mandataria: “No vean TV Azteca”, y agregó que en su programación esa empresa dice mentiras.
Todo gobierno debe responder por las críticas que se le hagan desde los medios, pero no para descalificar la opinión disidente, sino para ofrecer al público hechos, cifras y dichos sólidos, bien respaldados, con el fin de permitir que el lector o espectador se informe y adopte el punto de vista que le parezca más correcto. Y si hubiera delito, para eso están las leyes, que deben aplicarse, pero considerando el marco en que trabajan los informadores.
Un gobierno no debe decirle a los gobernados qué, cuándo o cómo debe ver televisión, escuchar radio, entrar a redes sociales o leer diarios y revistas, mucho menos está autorizado para emitir orientaciones que lesionan la libertad de expresión y estrechan la diversidad de enfoques que debe existir en una democracia digna de ese nombre.
La Presidenta consideró necesario recordarnos las limitaciones a la libertad de expresión que existieron durante el régimen priista y en los dos sexenios panistas. Junto a eso, para la República, no para sus gobernantes, hubiera sido conveniente hacer referencia a la la larga lucha que dimos muchos periodistas por acabar con las mordazas que existían en forma de embutes (sobornos) a los reporteros y otros colegas, manejo faccioso de la publicidad oficial, presiones a los medios para ejercer internamente la censura y, en el colmo, atentados contra medios de comunicación, agresiones físicas y hasta asesinatos contra trabajadores de la información, de los cuales ha quedado en la impunidad más de 90 por ciento.
La entrega de publicidad estatal no debe ser dejada al arbitrio y la conveniencia de las autoridades, sino que se requiere contar con una legislación que establezca con la mayor claridad las condiciones y montos en que el Estado debe entregar los dineros públicos, para lo cual debe existir una comisión integrada por ciudadanos y representantes de los periodistas, con no más de un par de funcionarios gubernamentales sin derecho a voto, obligados a llevar a sus superiores las decisiones de ese cuerpo colegiado. No es una ocurrencia ni un sueño guajiro. Han existido órganos semejantes en otros países.
De la misma manera, los medios propiedad del Estado deben ser dirigidos por la ciudadanía, no por los políticos. Pero hasta ahora los gobiernos de Morena han hecho de los medios un resumidero de complacencias, ocultamiento y mentiras, como lo muestra en forma cínica la actuación de Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión, quien dejó muy atrás su época de respetable periodista para convertirse en guarura de sus antiguos colegas.
Los despidos, la negativa a considerar aceptable una visión critica y la cerrazón ante los mejores analistas han hecho un daño que el país tardará en reparar. Lo hecho en el Canal 11 con programas como Primer Plano, desaparecido desde septiembre de 2024, o las restricciones cada vez mayores contra el personal y colaboradores de Radio Educación, emisora que por décadas fue ejemplo de profesionalismo, son muestras de lo que ha hecho Morena de la comunicación pública.
Cuando se entra al camino de las prohibiciones disfrazadas de consejos, cuando se pretende dar un barniz de legitimidad al autoritarismo contrastándolo con lo indeseable de un pasado, al que por lo visto se pretende volver, estamos ante un panorama orwelliano que debemos combatir.
Los mexicanos hemos alcanzado una mayoría de edad que el gobierno ignora, o eso pretende. Vivimos en una sociedad plural y a todos, especialmente a nuestros gobernantes, conviene contrastar sus opiniones con las de enfrente, dudar de las certezas y corregir los errores. Nadie poesee la verdad absoluta por importante o inteligente que sea o parezca.
Muchas lacras del viejo régimen se mantienen en pie. Pero hemos de seguir luchando, porque la libertad de expresión no es un regalo de la autoridad, es una conquista de la ciudadanía, especialmente de los propios periodistas.