En mi entrega anterior expliqué la reaparición de los yopes en el oriente del estado en 1716, demandando a la familia Moctezuma gobernante de la villa de Chilapa por el despojo de sus tierras, así como la inacción del gobierno para resolver el conflicto.
También escribí sobre su reaparición en la revolución de independencia al lado de los insurgentes sin deponer su demanda contra las haciendas que crecieron como herederas de las antiguas encomiendas despojando a los indios de sus tierras comunales.

La primera sublevación indígena en el México independiente

La primera sublevación indígena contra el régimen de las haciendas españolas se produjo en Quechultenango, donde a principios del siglo XVII se fundó la Hacienda cañera San Sebastián de Buena Vista.
Como parte del proceso de congregar a los indios de sus antiguos caseríos dispersos en los campos, en poblaciones urbanas trazadas por los españoles, el pueblo indígena de Quechultenango tuvo que dejar sus tierras de sembradío y gran parte de ellas pasaron a propiedad de la hacienda fundada por el capitán español de apellido Oláez, quien a mediados del siglo XVII la vendió al también español Rafael Gutiérrez Martínez.
En 1603 Quechultenango pasó a convertirse en una congregación asentada en medio de la cañada del río Azul, a pie de monte, en torno al convento agustino que se construyó de oriente a poniente, conforme a la traza urbana de los españoles, un templo con amplio atrio en el centro para las representaciones religiosas y al frente una explanada con curato aledaño.
Siguiendo el proceso descrito por el historiador norteamericano Peter Gerhard quien en su libro Congregaciones de indios en la Nueva España antes de 1570, señala que la medida de congregar las poblaciones dispersas fue tomada por parte de la Corona en dos ocasiones dentro del primer siglo de su gobierno con el propósito de facilitar la evangelización indígena, pues congregados los indios en centros urbanos ahorraban trabajo a los misioneros quienes ya no tenían que andarlos buscando en los campos para adoctrinarlos, y también para vigilarlos en sus prácticas religiosas para mantenerlos alejados de sus cultos paganos, controlándolos para su participación en las misas y tareas comunitarias, así como para facilitar el cobro de impuestos.
En el proceso de reasignación de tierras a los congregados, gran parte de ellas que eran abandonadas distantes de la congregación, pasaban a manos de los hacendados.
El politólogo Jesús Hernández Jaimes en su libro Actores Indios y Estado Nacional: Las Rebeliones Indígenas en el Sur de México, 1842-1846 publicado en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, en el año 2003 por la UNAM, describe con detalle la manera como se dio la sublevación de los indígenas de Quechultenango.
“En marzo de 1842, el dueño de la hacienda de San Sebastián Buenavista, Rafael Gutiérrez Martínez, médico de origen español y residente en la villa de Chilapa, mandó llevar a su presencia a dos campesinos del pueblo de Quechultenango, colindantes con su hacienda, para exigirles el pago de ocho cargas de maíz que le debían por las tierras que les arrendaba. Al presentarse uno de los dos hombres requeridos, el dueño, quien tenía fama de ser “bastante impetuoso, (y) a veces grosero e insultante”, le propinó una paliza. Al enterarse de lo sucedido, el segundo hombre convocado, de nombre Juan Santiago, decidió no presentarse ante el hacendado. En represalia, éste le mandó quemar una troje vacía, asimismo, envió a su administrador, Gabriel de la Torre, quien además fungía como juez de paz de Quechultenango, para que, acompañado de quince hombres armados, le arrebatase el maíz adeudado.
Juan Santiago fue advertido con anticipación sobre los propósitos de Gutiérrez Martínez, por lo que tomó providencias para defenderse. Apoyado por otros tres o cuatro indígenas se parapetó en una colina desde la cual intercambió disparos con la gente del hacendado evitando que se llevaran el maíz. Estas arbitrariedades fueron denunciadas ante el general Juan Álvarez por el indígena Pitzotzin quien jefaturaba a los pueblos de Zitlala, Chilapa y Quechultenango.

La sublevación de Quechultenango

Dos días después, el 19 de marzo de 1842, por alguna minucia, el hacendado Gutiérrez Martínez, mandó azotar a un muchacho del pueblo. En respuesta a esa acción, la población enardecida asaltó la hacienda y asesinó durante la noche al hacendado, a su administrador y a un hermano de éste.
Los sublevados continuaron “quemando las haciendas de San Martín, Tlaxinga, Atlixtengo y Nanzintla, pertenecientes a Quechultenango. En esa acción se unieron los pueblos de San Jerónimo, Santa Catarina, San Agustín, Ayahualulco, San Juan, Colotlipa, Hueycantenango y Atzacualoya, todos en la colindancia de Quechultenango con Chilapa.

La respuesta de las autoridades

Cuando se supo lo ocurrido, el gobierno federal ordenó al comandante general del Sur, Nicolás Bravo, que castigara a los responsables de los asesinatos. De inmediato fueron aprehendidos algunos de los indios que habían participado en los actos violentos, pero esta medida propició una rebelión más generalizada, no sólo de los indios de Quechultenango, sino también de otros pueblos, de tal manera que para el mes de abril había unos mil indígenas levantados en armas. En la persecución contra los rebeldes, participó no sólo el ejército, sino también otros hacendados del distrito de Chilapa, de tal forma que el conflicto se convirtió en una confrontación entre los hacendados y las localidades indias.
Entre las represalias contra los pueblos, cuenta el autor Hernández Jaimes que además de un campesino que sufrió un atentado de parte de un empleado de la hacienda, en 1843 incendiaron los pueblos de Quechultenango y Heycantenango
Las armas de los sublevados que se enfrentaron al ejército comandado por Juan Álvarez en el cerro de Metlata todavía eran arcos y flechas, lanzas y machetes.
El historiador Renato Ravelo ha hecho un detallado recuento de esta etapa revolucionaria y del papel de los grandes caciques que dominaron la escena regional en aquella época.
En mayo de 1843 los tlapanecos negociaron con el gobierno de Nicolás Bravo el “Convenio de Chilpancingo” con la intermediación del general Juan Álvarez mediante el cual se atendería el litigio de las tierras entre pueblos y hacendados. Los mixtecos y amuzgos se negaron a firmar porque sus conflictos no fueron considerados.
Después de esos hechos los indígenas del oriente del estado reaparecen con ímpetu guerrero cuando estalla la revolución, en 1910, unidos a las fuerzas zapatistas cuyo programa reivindicatorio plantea la devolución de las tierras a las comunidades indígenas bajo la consigna de Tierra y Libertad.