La prensa en el mundo vive un momento histórico. El internet y las redes sociales han potenciado el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a datos que no teníamos hasta hace poco más de una década. Parecía una exageración el fin del modelo de negocio de los medios tradicionales en tan poco tiempo; al fin, decíamos algunos, pronto encontrarán la fórmula para alcanzar la sostenibilidad.
Esto no sucedió en todos los casos. Muchos medios en el mundo han cerrado, se han achicado, han dejado de circular en papel para quedarse sólo en versión digital, han buscado nuevas vías de financiamiento, como el pago por contenidos, la organización de fiestas, congresos, foros; el fondeo de los lectores, las donaciones, bolsas de fundaciones internacionales, la instalación de cafeterías e incluso de bares. También han nacido organizaciones civiles y medios pequeños que han retomado el papel que tuvieron algunos grandes medios: hacen periodismo de alta calidad con nóminas delgadas.
El periodismo crítico y profesional continuará, de eso no hay duda. Es un elemento fundamental para la democracia. La sociedad tiene una necesidad natural de estar informada. Pero sí es fundamental resolver el acertijo de realizarlo de forma sostenible.
En México el problema es tan grave como en el resto del mundo, tal vez más complejo por el dinero que los tres poderes del Estado destinan a la publicidad oficial. El problema no lo fuera si este dinero público no se utilizara como una moneda de cambio, como un premio-castigo para “los que se portan bien” o para los que “se portan mal”, como un chantaje para socavar la libertad de expresión, el derecho a disentir y a criticar. El periodismo es libre, o no lo es; el periodismo es crítico, o no lo es; el periodismo es un bien social, o no lo es; el periodismo es libre y honesto, o no lo es.
Lo que buscamos decenas de organizaciones civiles, activistas y periodistas mexicanos agrupados en el colectivo Medios Libres es impulsar la iniciativa ciudadana de Ley General de Publicidad Oficial. Se trata de acabar con la mala práctica corrupta del “no pago para que me peguen”, como lo tradujo en su momento el ex presidente José López Portillo.
Entre otras cosas, la iniciativa de Medios Libres propone:
1. Regular la planeación, el uso y la asignación de la publicidad oficial.
2. Rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos para publicidad oficial.
3. Prohibir y sancionar el uso propagandístico de la publicidad oficial.
4. Prohibir y sancionar el uso de la publicidad oficial para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación u otras formas de promoción y difusión.
5. Establecer criterios de asignación de la publicidad oficial en función de la idoneidad del medio de comunicación u otra forma de difusión.
6. Fijar topes a los presupuestos asignados para el gasto de publicidad oficial, así como un límite para los sobreejercicios (no más de 10 por ciento de lo aprobado).
7. Establecer mecanismos e instrumentos de planeación y evaluación de las estrategias de comunicación social.
8. Eliminar el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración; por eso se plantea darle al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la facultad de llevar a cabo dichas mediciones.
9. Otorgar facultades al Instituto Nacional de Transparencia (Inai) como institución encargada del control y vigilancia de la planeación, el uso y la asignación de la publicidad oficial.
10. Crear un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas.
11. Fortalecer la transparencia en la planeación, ejecución y evaluación de los recursos públicos en materia de publicidad oficial.
Es importante subrayar que la publicidad oficial no es sinónimo de corrupción, y que un periodista o corporativo que la reciba no se convierte en corrupto por el simple hecho de obtenerla; sin embargo, hay que dejar muy claro que la forma en la que actualmente se contrata la publicidad oficial permite un campo de discrecionalidad tan grande que potencia la corrupción entre gobierno-medios-periodismo.
No queremos que se mantenga el culto a la personalidad de los gobernantes, queremos que se utilice el presupuesto para campañas de beneficio colectivo, con reglas claras y con procesos transparentes, limpios y democráticos.
La corrupción en el periodismo daña a la sociedad, a la democracia; nos pone en riesgo a todos los periodistas, nos resta respaldo social, deshonra y ensombrece el oficio. Por eso proponemos esta ley, para establecer criterios claros en la asignación de la publicidad oficial, que se elimine la visión patrimonialista del presupuesto público y la censura, y se fomente el periodismo libre y crítico.
Importante: Parte de esta información integró mi discurso de presentación de la iniciativa ciudadana para expedir la Ley General de Publicidad Oficial, el 7 de noviembre pasado en Culiacán, Sinaloa. Ahí también expusieron Paulina Castaño, de Fundar, y Ricardo Reyes, de Artículo 19; los puntos desglosados de la iniciativa fueron tomados de http://publicidadoficial.com.mx, sitio que pueden consultar para conocer más de la propuesta.