Tomando como referencia los datos del secretario de Seguridad Pública del gobierno del Estado, el general Pedro Almazán, en nuestro estado operan 18 grupos de la delincuencia organizada. Seis de ellos con presencia nacional y doce organizaciones criminales con influencia estatal. Es una información que forma parte de los análisis realizados por el Grupo de Coordinación Guerrero, donde participan autoridades federales y estatales. Este análisis es un indicativo sobre cómo se ha multiplicado y diversificado el poder criminal en nuestra entidad.
Las preguntas suelen ser muy obvias: ¿qué han hecho las autoridades en las últimas dos décadas para combatir la delincuencia y garantizar seguridad a la población? ¿Cuáles son los resultados de la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública? ¿A qué se han dedicado las corporaciones policiacas encargadas de prevenir y perseguir los delitos? ¿Qué han hecho los gobernadores con todos los recursos financieros que reciben de la federación para invertirlos en seguridad pública? ¿Por qué las instancias competentes no llaman a cuentas a quienes han dilapidado estos recursos financieros y no han fincado responsabilidades penales contra las autoridades que han incumplido con su mandato?
La crisis de seguridad que a diario cobra vidas humanas forma parte de este sistema político donde los derechos humanos no son los principios que nos rigen sino más bien las prácticas nefastas de la corrupción y la impunidad. Estos lastres que forman parte de un régimen autoritario son los que norman a una sociedad sumergida en la pobreza y sometida por la delincuencia. A fuerza de tantas fechorías y acciones ilegales cometidas por las autoridades estatales y municipales, buena parte de la población ha asumido una postura fatalista de que la violencia es parte consubstancial de nuestros gobiernos. No imaginan otro escenario donde sea posible un modelo de gobernabilidad centrado en el respeto a los derechos ciudadanos. Más bien, existe una tendencia generalizada a justificar la violencia y la corrupción entre quienes nos gobiernan. Hay aseveraciones que comparten vastos sectores de la sociedad de que “hay que robar, pero no tanto”. Ante la misma muerte, las palabras de consolación que absuelven de cualquier responsabilidad a las autoridades, es el dicho generalizado del “ya le tocaba”.
Esta criminalidad creciente a nadie sorprende y conmueve. Los casos de personas asesinadas a balazos, de ciudadanas o ciudadanos desmembrados, de mujeres y hombres desaparecidos no les afecta en lo mínimo a las autoridades que fueron elegidas para salvaguardar los derechos de sus conciudadanos. La Constitución también forma parte de nuestros muertos y muertas, porque no son principios ni leyes que se cumplan y respeten, son fundamentalmente letra muerta. ¿Qué tipo de políticos tenemos en nuestro estado que les son indiferentes las muertes que acontecen a diario? ¿Podemos confiar en ellos para hacer frente a esta crisis que nos tiene postrados como un pueblo sumiso? ¿En verdad no hay ninguna liga mucho menos ningún pacto de estos políticos sin escrúpulos con las organizaciones criminales? ¿Podemos como ciudadanas y ciudadanos poner nuestras manos al fuego para defender la honestidad, ética, transparencia, veracidad, respeto a la vida y a la dignidad de quienes nos gobiernan?
La realidad nos ha colocado como el segundo estado más violento del país. Las instituciones públicas están colapsadas. La población tiene que recurrir a la protesta para ser escuchada y medianamente atendida. Ninguna dependencia pública tiene recursos disponibles para atender las demandas más urgentes de una población sumergida en la pobreza, el analfabetismo, bajo condiciones insalubres, con el hambre a cuestas y deambulando por las calles polvorientas del desempleo.
No hay gobierno para el pueblo, tampoco existen canales de interlocución efectiva, todo se hace a base de presiones y denuncias públicas. Las autoridades no se hacen presentes en los lugares donde tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades. Este vacío de poder lo han ocupado los grupos de la delincuencia organizada que han hecho ligas con la delincuencia institucionalizada que se encuentra anidada en los sótanos del poder público.
Para muchos personajes de esta camada política el que menos vale es el ciudadano o la ciudadana de a pie. No tienen tiempo para atenderlos, siembre dicen estar en reuniones con las altas autoridades del estado. El ocio y el mal manejo de los recursos públicos es el sello de una identidad que se han ganado a pulso. La palabra político para la vox populi esta íntimamente ligada con la palabra corrupto. Son traficantes de influencias con el fin de amasar fortunas creando empresas al amparo del poder. ¿Qué político no ha realizado transacciones económicas por debajo de la mesa para desviar los recursos públicos y cargarlos a sus cuentas personales? ¿Qué político se salva del juicio ciudadano por su mala administración? ¿Qué sectores de la población aprueban sus acciones narcisistas y clientelares?
En estos tiempos electorales predomina un clima hostil entre los grupos políticos antagónicos. La lucha por los cargos es una disputa a muerte, donde los intereses económicos están por encima de los intereses políticos. La corrupción se expande entre todos los grupúsculos y tribus que establecen alianzas con personajes y organizaciones vinculadas al entramado delincuencial que permea en el estado y que tiene cierta influencia en la postulación de las candidaturas. La ambición por el poder político ha abierto las puertas a la delincuencia. Los intereses macro delincuenciales han hecho sucumbir a muchos políticos que se han prestado para representar intereses ilícitos. Juegan con fuego y se cobijan con el manto de la impunidad que se ha encargado de encubrir las tropelías de quienes delinquen desde el poder público.
El continuum de la impunidad es el caparazón que brinda protección a las autoridades que cometen graves violaciones a los derechos humanos. El caudal de historias de desaparición forzada de personas, de ejecuciones, del gran número de personas torturadas son la memoria intangible de una sociedad que ha sido víctima de una política represiva que usa la fuerza letal para mantener incólumes los intereses mafiosos de una clase política insolente. La agenda electoral de los partidos políticos es diametralmente opuesta a la agenda de una población agraviada. Están ignorados los colectivos de familiares que han sido víctimas de la violencia, no sólo existe desinterés sino desprecio por las recomendaciones de organizaciones civiles nacionales e internacionales, así como los organismos intergubernamentales en torno al fortalecimiento de nuestra democracia y del Estado de derecho. No hay una perspectiva de derechos humanos para atender el grave problema de la violencia y la inseguridad en nuestro estado, se sigue retroalimentando la línea impuesta por las cúpulas militares, de otorgarle poderes especiales al Ejército que van contra los principios internacionales de derechos humanos y que en los hechos implantan un estado de excepción.
El escenario preelectoral se tiñe de rojo por la violencia que se ha incrustado dentro de los mismos grupos de poder que pelean parcelas políticas al costo de la vida misma. No sólo se registran asesinatos brutales de ciudadanas y ciudadanos en las diferentes regiones del estado, sino que también se están consumando asesinatos de precandidatos y precandidatas que también son víctimas de este clima de violencia que ha mostrado las grandes falencias de las autoridades que aparecen impasibles ante la arremetida delincuencial. El diagnóstico que tiene el Grupo de Coordinación Guerrero sobre la violencia que impera en la entidad no parece ser una herramienta que le sea útil para tomar medidas efectivas que prevengan acciones letales. Si ya existe un mapeo de los 18 grupos de la delincuencia organizada que tienen sus áreas de influencia en determinadas regiones del estado, las ciudadanas y ciudadanos esperaríamos la implementación de una estrategia acorde a este gran desafío del crimen organizado. Es incomprensible que con este diagnóstico las autoridades sigan dando palos de ciego y vayan siempre atrás de quienes cometen asesinatos, sin dar con su paradero. No sólo fallan las personas que pueden estar supeditadas o coludidas con intereses ajenos a su responsabilidad pública, sino que hay fallas estructurales en el sistema porque se ha permitido la infiltración de intereses delincuenciales dentro de las estructuras del poder público. La corrupción que impera ha dado la pauta para que agentes estatales trabajen en complicidad con agentes no estatales vinculados con la delincuencia organizada. Los nulos resultados de las investigaciones sobre delitos de alto impacto no sólo hablan de la inoperancia de quienes están al frente de esta responsabilidad sino de instituciones débiles, sumamente frágiles y porosas que han sucumbido a intereses macro delincuenciales que les impiden entregar cuentas claras a una población agraviada que no encuentran justicia ni veracidad en las investigaciones
¿Quién le abre la puerta a la delincuencia? ¿Será que son muy poderosos estos grupos para pensar que el poder del Estado ha sucumbido y se encuentra capturado por los intereses macro delincuenciales? ¿Qué tanta responsabilidad tienen los partidos políticos y quienes nos gobiernan de lo que sucede en nuestro estado, de la violencia que nos arrastra a la ingobernabilidad y nos transforma en rehenes del crimen organizado? El gran desafío es liberarnos de esta pesadilla para cruzar el pantano de una violencia endémica y arribar a un nuevo estadio donde el ejercicio del poder esté al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y que las instituciones salvaguarden sus derechos.