Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre otras el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC; el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC; FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación AC; Luna del Sur, AC y Ojo de Agua Comunicación AC, publicaron hace unas semanas un informe “preliminar” sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Nochixtlán, Oaxaca (disponible en www.educaoaxaca.org). Se trata de un documento basado en “entrevistas a personas testigas y víctimas de los hechos represivos ocurridos el 19 de junio derivados de las decisiones políticas de los gobiernos estatal y federal al enviar un operativo para limpiar vialidades”.
El informe ofrece una cronología de hechos y un listado de las violaciones a derechos humanos ocurridos en esa localidad y otros lugares cercanos a la ciudad de Oaxaca.
En su parte inicial, la publicación nos recuerda que “la situación de los derechos humanos en México es de una profunda crisis, según han señalado organismos internacionales como la CIDH, la ONU-DEH, el Relator Especial de Naciones Unidos para la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, o el Relator Especial para la Libertad de Expresión, entre otros”.
Luego, pasa a relatar las protestas contra la reforma educativa y el hecho de que “la semana previa a ese domingo 19, se instaló un bloqueo en Nochixtlán generando mucha tensión sobre el transporte de mercancías y personas… (aunque) en los días siguientes el bloqueo fue intermitente permitiendo el paso a vehículos particulares y deteniendo a los de carga”
El desalojo, dice este documento citando un boletín del gobierno de Oaxaca, fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Policía Federal y de la División de Gendarmería. Y precisa que “se ha podido establecer que los elementos (policiacos) en el lugar portaban equipo antimotines: escudos, toletes, armas con balas de goma, gas lacrimógeno y granadas de humo. Pero también con fusiles de asalto BREN A1 y FAL como se aprecia en las fotos que medios y periodistas hicieron públicas, así como de los cartuchos abandonados en el lugar”.
Según la cronología del informe, a las 7:30 de la mañana se inició el desalojo de los manifestantes y a las 9:20 se escucharon “detonaciones de arma de fuego desde los hoteles” para replegar a la gente. Posteriormente, a la una de la tarde se pudo identificar un segundo enfrentamiento con presencia de helicópteros en la zona. Finalmente, a las 3 de la tarde la PF se retiró de la localidad pero “prevalece el caos en la población durante la tarde y noche y es quemado el palacio municipal”.
El informe presume que hubo un uso excesivo de la fuerza. Señala que “aunque las primeras versiones oficiales sobre el operativo apuntaban a que no se habían usado armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad… las fotos en redes mostraron a policías de Gendarmería y estatales usando sus armas contra los manifestantes”. Como resultado de ello se violó el derecho a la vida, ya que fueron muertas ocho personas. También, entre otras violaciones, hubo detenciones arbitrarias.
Como parte de sus recomendaciones el informe propone “realizar una investigación exhaustiva e imparcial que deslinde responsabilidades penales y administrativas de los servidores públicos involucrados en el operativo realizado el 19 de junio de 2016” y también piden a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México su acompañamiento y observancia del caso para garantizar el acceso a la justicia.
A casi mes y medio de los hechos, el secretario de Gobernación declaró que en este caso el gobierno “no tiene nada que ocultar pero que tampoco puede adelantar juicios en cuanto a la participación de policías federales” y que la Comisión Nacional de Seguridad en coordinación con la autoridades del estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga “si los elementos policiacos cumplieron con los protocolos correspondientes”. La CNDH aseguró hace unos cuantos días que “la Fiscalía de Oaxaca no nos entregó la información solicitada y que en una primera instancia la PGR nos respondió que no contaba con información, pero que ahora que atrajo el caso esperamos que nos la proporcione…”. Esta Comisión tampoco quiso “adelantar conclusiones”.
Al otro día, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación se entrevistó con los familiares de las víctimas del enfrentamiento “para avanzar en la prestación de servicios médicos a los afectados” y reiteró el compromiso del gobierno de “no criminalizar a los afectados”. Con razón, los representantes de los familiares exigieron justicia y castigo para los responsables del enfrentamiento y no sólo ayuda médica para los afectados. El domingo 31, en la Plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México un grupo de personas lesionadas en Nochixtlán, dieron su testimonio de los hechos y mostraron las heridas que les fueron causadas.
A pesar de promesas y declaraciones, el hecho real es que todavía no se sabe quién disparó y privó de la vida a ocho personas el 19 de junio en esa localidad de Oaxaca. Según el informe de los organismos civiles, se puede presumir la responsabilidad de diversos cuerpos de seguridad en la violación de varios derechos humanos. Se conocen también los nombres de los jefes policiacos de las diversas corporaciones responsables del operativo. Pero no ha habido consecuencias legales de ningún tipo.
En el pasado, la represión del gobierno se ha justificado señalando que los manifestantes han agredido a las fuerzas de seguridad. En este caso el Comisionado Nacional de la Policía Federal señaló el mismo día de los hechos, que “quienes dispararon fueron civiles que no han sido identificados, probablemente infiltrados” entre los manifestantes. Pero ninguna autoridad hizo posteriormente ningún señalamiento concreto, ni ha ofrecido algún testimonio sobre ello.
¿Se está apostando una vez más al olvido y a la impunidad? Pareciera que el gobierno quiere establecer un pacto implícito según el cual ofrece no reprimir al movimiento magisterial (por lo pronto), no perseguir a los dirigentes y activistas que participaron en el enfrentamiento, y resarcir el daño a los afectados y a los familiares de la víctimas mortales hasta donde se pueda, a cambio de que no se concluya legalmente quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de las agresiones a los civiles. Pero esta conducta, si así la tiene calculada el gobierno, no es aceptable. No en un país en el que la violencia y la violación de los derechos humanos está tan extendida.
Los hechos de Nochixtlán son tan graves como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como las ejecuciones extrajudiciales en Tlalataya y Apatzingán, como los secuestros de las policías municipales a civiles inocentes en Veracruz, como las desapariciones forzadas y las muertes violentas de todos los días presuntamente a manos de organismos del Estado: policías municipales, estatales o federales.
Dejar las cosas así, sin saber quién o quiénes fueron los responsables de los acontecimientos de ese 19 de junio, significaría prolongar el estado desastroso que vive el país en materia de derechos humanos. Y permitir que pase el tiempo para que se dé otra agresión, con saldos mortales, a civiles que protestan o se manifiestan públicamente.
Conocer la verdad es un asunto que no sólo tiene importancia para las víctimas y la comunidad de Nochixtlán. Es una oportunidad para empezar a construir una política y una cultura de respeto a los derechos humanos y una relación entre el Estado y la sociedad basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la ley. Mientras no se sepa quiénes dispararon y quiénes dieron las órdenes esa mañana del 19 de junio, la violencia y la impunidad seguirán extendiéndose en todos los niveles de la sociedad y del Estado. Nadie puede estar de acuerdo con eso.