Las cosas no cambian; cambiamos nosotros.
Henry David Thoreau.

En Guerrero no hay lugar en el que no esté presente la violencia y el actuar de la delincuencia, de ahí que sea el estado más violento del país de acuerdo con el estudio del Instituto para la Economía y la Paz, con 62 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa promedio nacional es de 17 homicidios. Además, de acuerdo con este estudio, han aumentado en 80 por ciento los secuestros, extorsiones y robos, y tiene el tercer porcentaje más bajo de sentimiento de seguridad entre la población; es el estado con más agresiones a periodistas con 53 casos y el de mayor impunidad con un 94 por ciento.
Aunado a esto, en el último año la violencia en Guerrero aumentó considerablemente, lo cual no obedece a los problemas heredados de los últimos gobiernos. De igual forma, si en la actual administración estatal se han registrado paros de policías, esto no obedece a los mandos que estuvieron anteriormente, en las pasadas administraciones no se registraron paros por parte de policías estatales, además de que en la actual administración han surgido más policías comunitarias, lo cual se explica porque no se está brindando la seguridad a la población.
Si a esto le sumamos la crisis del penal de Acapulco del pasado 6 de julio con el homicidio de 28 internos, donde se supone que deberían de estar los mejores policías del estado como custodios, ahora se entiende que el titular de la Secretaria de Seguridad Pública no tiene bajo control su responsabilidad y nadie se está ocupando de supervisar esta importante área de gobierno.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio al estado una calificación reprobatoria de 4.39, situación de la que se desconoce si el gobierno del estado hizo algo o no para modificar dicha evaluación: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se pronunció en el sentido de que el Estado mexicano realice una exhaustiva investigación y ahora que la CNDH ha atraído el caso de la matanza del penal de Las Cruces se sabrá cuanta omisión hay en el caso que derivó en esos reprobables hechos, lo que de confirmarse no habría pretextos para no sustituir a los funcionarios responsables que no están haciendo bien su trabajo.
Es inverosímil que sucedan este tipo de eventos en un penal, quedó evidenciado que no se aplican los protocolos de seguridad penitenciaria, que no existe un protocolo de reacción inmediata, ni de manejo de crisis, lo cual fue burdamente exhibido en la lamentable escena del Vicefiscal leyendo a gritos con celular en la mano los nombres de los muertos a los familiares de los reclusos en el exterior del penal, como si se tratara del reparto de despensas nombrando a los beneficiarios ¿Quién está al control?
La estrategia de seguridad, de combate a la delincuencia y contra la violencia, si es que la hay, no está funcionando y debe ser replanteada. No obstante, Héctor Astudillo ha hecho y está haciendo un esfuerzo descomunal por restaurar la gobernabilidad en el estado, sin embargo, sus colaboradores no están a la altura del reto que implica hoy gobernar con una eficiente coordinación, verificación y evaluación de acciones, han dejado que la agenda de gobierno sea sólo la agenda del gobernador, lo que de continuar así es muy riesgoso porque el Ejecutivo estatal podría entrar en una espiral de desgaste con graves consecuencias.
Vuela vuela palomita y ve y dile: A Juan Carlos Osorio que en Guerrero lo pueden contratar por su sistema de rotación, a lo mejor en el gobierno se puedan interesar, para sacar a varios funcionarios la tarjeta de expulsión.