El debate con Arturo Martínez Nateras tiene sentido porque nuestro columnista expresa
oficiosamente el punto de vista del gobernador del estado y su entorno sobre el asesinato
del diputado Jorge Bajos Valverde.
Por eso el sábado pasado decidí responderle a sólo una de las tres colaboraciones casi
consecutivas en las que ha querido descalificar las críticas que aquí hago a la política del
gobernador Zeferino Torreblanca Galindo. Lo mismo vuelve a hacer en su columna del
jueves, en la que elabora una réplica tres veces más extensa que el motivo de la misma.
Allí dice que siempre que se ha referido a mis escritos y a la línea del diario “he sido
escrupulosamente cuidadoso y mesurado. Jamás he usado descalificativos”. Pero dos
semanas antes dijo que sólo escribo “especulaciones” y que los míos son “ejercicios de
gimnasia mental, desahogos”. ¿No son éstos “descalificativos”? ¿A esas groserías llama
ser “cuidadoso y mesurado”?
¡Pero si ese es su estilo, la descalificación! A los lectores de El Sur, por ejemplo, no les
pasó inadvertido cómo AMN se lanzó a la yugular del arzobispo Felipe Aguirre Franco –a
quien antes ha elogiado reiteradamente aquí mismo– solamente porque el prelado
cuestionó la línea oficial y llamó “personas honorables” a los hermanos González
Rodríguez, y al secretario general del PAN, Ramiro Arteaga, implicados todos en el
asesinato de Bajos según la Procuraduría de Justicia del Estado. Zeferino lo debiera
nombrar procurador, dijo burlonamente AMN de Aguirre Franco, buscando de ese modo
inhibir las críticas a la línea oficial sobre el asesinato de Bajos, que denodadamente
defiende.
También Arteaga sintió las consecuencias del dedo flamígero de Martínez Nateras. Éste
escribió el jueves que “un medio profesional, y allí radica mi diferencia contigo sobre el
papel de El Sur, investiga, informa, analiza y denuncia con datos reales”. Nosotros
investigamos, Arturo, con nuestras limitaciones, pero al menos lo intentamos. Es en estas
páginas donde se reveló el pasado de Arteaga; que todos los que lo conocen lo tienen
como un ciudadano honrado y decente. Que es un católico practicante. Que tiene el
reconocimiento de la comunidad de la Universidad Loyola. Martínez Nateras seguramente
leyó la nota que se publicó aquí ¡el mismo día en que fueron presentados los González
Rodríguez, Nicolás Cardoso y Ángel Pasta! Pero no le importó ese perfil, elaborado con
base en hechos, a “datos reales”, y no resultado de un “ejercicio de gimnasia mental”. Al
referirse a Arteaga, Arturo se preguntó: “¿Estamos ante gente inocente o frente a un
monumento al cinismo?”. Y para seguir en la línea de la defensa de la versión oficial, AMN
vuelve a las generalizaciones descalificadoras: “¿Es suficiente servir como monaguillo o
sacristán para estar libre de culpa per secula seculorum?”. No Arturo, no, tienes razón. Pero
la pregunta es si los católicos implicados son culpables o no. Luego escribió que “Caín
mató a su hermano Abel por ambición y por envidia”. Seguramente que aquí se inspiraron,
conocedores de la Biblia que son, los hermanos González Rodríguez, la diputada suplente
Jacqueline Orta y Ramiro Arteaga para planear el asesinato. Si Caín mató a Abel, ¿por qué
nosotros no hemos de matar a Jorge Bajos para usufructuar los beneficios de la curul? Es
muy lógica esta conclusión, ¿verdad?
A propósito de Arteaga, a él lo han implicado en el asesinato porque en la presunta
declaración ministerial de Aldy Manuel éste supuestamente dijo que el secretario general
del PAN fue el que concertó la cita de Bajos en RTG la noche del asesinato, versión que
hicieron correr bajo el agua y a la velocidad de la luz los jefes policiacos y diversos
funcionarios del gobierno.
Pues bien, el director general de RTG y titular del noticiero al que asistiría Bajos, Jorge
Camacho Peñaloza, declaró muy seguro al reportero Xavier Rosado (ver El Sur del viernes
19) que “la entrevista la gestionó directamente la oficina de Jorge Bajos con mis
secretarias y yo la confirmé personalmente con la Dirección de Comunicación Social del
Congreso del Estado el jueves (4 de enero) en la mañana y esa es la información que yo
tengo”. Y nadie ha desmentido esta declaración que debiera de llenar de vergüenza a todos
los funcionarios del gobierno del estado que se apresuraron a enlodar al secretario
general del PAN.
El propio Arteaga declaró en el escrito que entregó al Ministerio Público que, al revés, fue
Bajos quien le llamó ese día para decirle que iba bien la gira de medios en Acapulco para
explicar el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, y por eso solicitó a la
autoridad que lo acusa que pida a la compañía telefónica la lista de llamadas que hizo y
recibió ese día en su aparato celular.
El caso es que Martínez Nateras escribe lo que funcionarios de gobierno y diputados del
entorno zeferinista andan filtrando sobre el asunto, o recoge las opiniones viscerales de los
mismos ante los cuestionamientos hacia sus investigaciones. Por eso llama a estos
críticos “detectives de la pluma” y llega al punto de escribir, como lo hizo en su columna del
18, que hay “una campaña de medios encaminada a ampliar el derecho a la impunidad”.
Como el gobernador lo hizo el sábado 13, AMN decretó cinco días después que los
detenidos son culpables, y que no deben quedar impunes. ¿Y a cuál campaña de medios
se refiere, si allí ha prevalecido en general la línea oficial de que el móvil del crimen es
resultado de una “ambición desmedida” por ocupar la curul que Bajos dejaría vacante con
su asesinato? ¿No sería muestra de honestidad intelectual que dijera el nombre de esos
medios que, en la lógica nateriana, están apoyando a los asesinos para que su crimen
quede impune?
Luego escribe que “al paso que vamos, los medios están en trance de sustituir a los
juzgados”, un pensamiento muy extendido entre los funcionarios, pero impropio de un
analista político. ¿O cree Martínez Nateras que los jueces en México, y sobre todo en
Guerrero, son imparciales y dictan sentencia solamente basados en la ley? En este
contexto, ¿no es labor de los medios intentar abrir al público todo el proceso y no dejarlo
sólo en manos de un juez que representa a un Poder Judicial desprestigiado, sin
credibilidad ante la sociedad y sumiso al Poder Ejecutivo?
En la misma línea nateriana, Zeferino Torreblanca declaró este jueves que no va a litigar en
los medios y pidió a los detenidos que demuestren su inocencia ante el juez, y que no se
dirijan al gobernador, en referencia a la carta que se publicó aquí del presunto autor
intelectual del asesinato, el panista Aldy Manuel González Rodríguez.
Por supuesto que el gobernador quisiera que nada saliera de las oscuridades de los
juzgados, pues allí él puede controlar mejor el proceso. No en balde se esmeró, desde los
albores de su administración, por colocar como presidente del Tribunal Superior de
Justicia a un joven sin ninguna experiencia como magistrado, y que sabe que le debe el
cargo al gobernador.
Y eso de que no litiga en los medios es una simulación. ¿De dónde, si no de su gobierno,
o de su grupo político, vienen las filtraciones de que hay un video, de que hay una
grabación, de que hay fotografías que incriminan a los detenidos, de qué hay unos
misteriosos boletos de avión? ¿De veras cree AMN que nada tuvo que ver gente del
gobierno en los rumores insidiosos contra el diputado Ramiro Solorio, que se propagaron
en la misma funeraria en que era velado el cuerpo del diputado Bajos?
Por lo demás, el gobernador no puede esperar que no se le pregunte sobre un proceso
judicial de un asesinato que tiene implicaciones políticas, como lo solicitó a los reporteros
en la conferencia de prensa del jueves pasado en Acapulco. Su gobierno está obligado a
responder a las dudas que hay en la opinión pública en torno al caso, y a los
cuestionamientos de por qué es la hora en que no ordena una investigación sobre las
denuncias de los detenidos de que fueron torturados.
Sobre todo después de que esta práctica inhumana fue confirmada por exámenes médicos
mandados a hacer por la Comisión Estatal de Defensa de los Derchos Humanos
(Codehum); una instancia de gobierno que trabaja con recursos fiscales, como recordó
aquí ayer en su artículo Héctor Popoca Boone, y que en teoría es en la que se apoya el
Ejecutivo para corregir las arbitrariedades de sus policías y mostrar así respeto por la
Constitución, las leyes y los tratados y normas internacionales. No es la de la Codehum
“una opinión más”, como declaró el secretario de Gobierno Armando Chavarría, quien otra
vez es dejado con el paquete de enfrentar solo el caso Bajos, aunque en la semana ha
querido insistir en que él solamente leyó la información oficial del gobierno en aquella
célebre conferencia de prensa con un mudo procurador, que como los demás asistentes
escuchaba la versión de la conspiración de un grupo de ambiciosos panistas para
asesinar a un diputado y así quedarse con su curul.
Y es que hoy sale a España el gobernador Torreblanca con una amplia comitiva de
funcionarios, alcaldes y diputados a la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Lo hace
justo dos días después de que el presidente Felipe Calderón declaró que el asesinato de
Bajos es “un tema de justicia que no es propiamente un conflicto en la dinámica interna del
PAN”, lo que indica que el huésped de Los Pinos cuestiona que el móvil haya sido la
disputa por una curul de diputado; y que espera “que se resuelva cuidando
escrupulosamente la ley y los derechos humanos”, lo que indica que está al pendiente del
proceso y que sabe de las denuncias de las torturas aplicadas a los detenidos por la
Policía Ministerial de Guerrero.
¿A esta declaración tampoco responderá el gobierno del estado? Ya veremos qué dice
Chavarría. Porque el gobernador estará en Madrid y al parecer lo acompañará el
vicegobernador Humberto Sarmiento.

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En su colaboración del jueves, AMN de nuevo me tergiversa y celebra que yo “matice” mi
referencia a Aguas Blancas y aclare que me refería a la cultura de la mentira y la
simulación. ¡Pero si esto escribí desde el primer momento! Fue él quien, de nuevo para
descalificar, generalizó y llevó las cosas al extremo de decir que yo insinué que Zeferino
había mandado a matar a Bajos. A eso me refiero cuando hablo de deshonestidad
intelectual. De modo que si hubiese escrito aquí que la desaseada investigación del
asesinato será el Waterloo del gobierno de Torreblanca ¿AMN habría contestado que
Zeferino no es Napoléon?
En otra tergiversación, dice que me pregunto cómo puede defender al gobernador y al
mismo tiempo demandar que cambie a los funcionarios de la procuración de justicia. Yo no
escribí eso. Lo que dije es cómo AMN puede defender al gobierno “en el caso de la
investigación del asesinato de Bajos”, y al mismo tiempo pedir cambios en la Procuraduría.
Porque, lógicamente, si apoya a la investigación como lo hace, no puede pedir que sean
despedidos los responsables de la misma. Al contrario, debe proponer que se organice
una ceremonia de condecoración para los policías ministeriales, el MP y el fiscal regional
por haber resuelto un delicadísimo caso en apenas una semana.
“Yo creo en Z”, dice el analista político en su respuesta del jueves, como si todo fuese una
cuestión de fe. Allí mismo dice que no es “escudero, mosquetero o espadachín” del
gobernador. Pero lo cierto es que siempre ha salido en su defensa ante las críticas que
aquí le hacemos. Y, como el gobernador y su entorno, cree que criticamos aquí al
gobernador por dinero, para chantajearlo. Al final de su réplica, molesto porque dije que
representa al viejo periodismo que sólo critica a los funcionarios menores que mal
informan al señor presidente, AMN escribió: “El viejo periodismo es otro, el que apoya o
ataca por dinero, por intereses personales o de grupo y hasta donde pude verme en el
espejo este no es mi caso”.
¿Es el caso mío y de El Sur?, le respondo. Yo podré equivocarme en mis análisis, pero
nadie y menos él puede decirme que escribo “por dinero, por intereses personales o de
grupo”.

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La represión a los comuneros de El Carrizalillo que exigen de la empresa minera
canadiense Luismin un mejor pago por el uso de sus tierras, se agrega al expediente
negro de la actuación de los cuerpos policiacos en Guerrero, que se comportan como si no
hubiese un nuevo gobierno, distinto a los autoritarios del PRI.
Sólo se actuó para acatar la resolución de un juez, dice sin saber gran cosa el secretario
general de Gobierno Armando Chavarría, quien de ese modo justificó la represión como
también lo hizo el secretario de Desarrollo Económico Jorge Peña Soberanis, más en su
papel de defensor a ultranza de las inversiones aunque éstas pasen por encima de
derechos sociales.
Suponiendo, sin conceder, que el juez con argumentos le dio la razón a los dueños de la
mina, ¿ordenó también que los policías del estado y los del municipio golpearan sin
miramientos a señoras de 60 y más años? ¿Que las arrastraran de los cabellos ? ¿Que se
dirigieran a ellas con palabras obscenas y con groserías?
“A mí me patearon por la espalda cuando estaba yo durmiendo, me dijeron ‘párate, hija de
la verga’. Por eso hoy en la mañana ando bien adolorida, me pegaron en donde me
operaron, me quitaron un riñon”, narró a la reportera Teresa de la Cruz la señora Carmelina
Barrios Zepeda, de 63 años (ver El Sur de ayer).
¿Cómo creer en un gobierno cuyos policías tratan con tal violencia y desprecio a los
pobres?