El debate sobre el futuro del INE ha llegado a su parte chusca después de que realizada su marcha del domingo pasado la organización que firma sus pronunciamiento como Grupo Zihuatanejo desplegó espectaculares con la propaganda: Quiero al INE, uno de los cuales muy pronto fue completado ingeniosamente con el agregado, reformado, lo cual da cuenta de que los partidarios de la reforma van más allá del enojo que muestran los defensores del INE sin profundizar en el sentido que tiene la propuesta de la 4T, sino solamente por oponerse y mostrar su enojo contra quien ha iniciado la cruzada por una República austera buscando que el dinero público no se dilapide y que las decisiones importantes para la marcha del país dejen de ser acaparadas por las élites que tan malas cuentas han entregado.
Por otro lado, suspicaces, partidarios de la reforma me comentan que frente a tanta oposición contra la propuesta presidencial de reformar al INE nadie parece recordar el cambio de IFE a INE que se hizo en el período de Enrique Peña Nieto en el 2014. Si los priístas hicieron su reforma, “no sabemos la razón de que ahora se opongan a la nuestra que busca evitar que se sigan dilapidando los recursos públicos con el financiamiento cuantioso para las campañas de los partidos que han convertido a México en el país donde más caro resulta el voto que en el resto del mundo”.
Realmente son pocos los ciudadanos que pueden argumentar que están a favor de un presupuesto superior a 14 mil millones de pesos que el INE ha solicitado para el ejercicio del próximo año cuando ese gasto no se traduce en una mejor democracia, pero seguro que no hay un mexicano cuerdo que defienda y justifique los salarios onerosos y prestaciones que se pagan los consejeros electorales, superiores a lo que gana el presidente de la República que diariamente trabaja 16 horas para el bien de México.
En el debate político es importante que se deslinden los partidarios de que los mexicanos sigamos pagando a 500 diputados federales de los cuales 200 llamados diputados plurinominales no representan más que el interés de su partido, que ni hacen campaña pero aseguran sus puestos y el control de los aparatos partidarios aunque estén carentes de apoyo popular.
Si la reforma llega a los estados, estamos hablando de una reducción importante en el número de diputados locales que suman un mil 113, y también de los más de 20 mil regidores que consumen anualmente recursos que se podrían canalizar a los millones de familias pobres que por generaciones habían sido marginadas y vilipendiadas por la clase en el poder.
Sin duda que existe un avance en la cultura cívica forjada por el organismo electoral que ya ha llegado el momento de transformar, simplificándolo y abaratándolo.
Tantas veces derrotada la 4T por las maniobras antidemocráticas y corruptas de los gobernantes tanto del PRI como del PAN, sus militantes se aferraron al cambio que solo se logró con una mayoría rotunda que en las elecciones del 2018 no dejó lugar a dudas de su triunfo contundente.
Entre la élite de los intelectuales que ahora se han mezclado con los opositores de derecha se maneja el argumento de que la reforma electoral propuesta por la 4T busca convertir al INE en un aliado del gobierno, lo que según ellos afectaría la democracia que hemos conquistado porque ya no tendría la independencia que genera confianza en la actuación de dicho organismo.
Al parecer dichos intelectuales confían más en el supuesto equilibrio representado por consejeros nombrados por los partidos políticos que los que puedan nombrar mediante elección abierta los ciudadanos como lo plantea la propuesta.
Esos intelectuales llamados orgánicos confían más en que las élites de los partidos políticos nombren a los consejeros electorales que siempre responderán a los intereses de quienes los nombraron frente a los consejeros que puedan resultar de una elección abierta para actuar con independencia en las grandes decisiones que deban tomar.
Todo lo que se habla hoy en el pueblo llano sobre el tema a debate es muestra de que en México se ha despertado el interés de muchas personas que antes permanecían ajenas a esas decisiones, pero como ahora escuchan atentas los juicios y decisiones del gobierno federal, van tomando postura a favor y en contra.
El grupo de ciudadanos que el domingo pasado decidió salir a la calle secundando la marcha de la ciudad de México bajo la consigna de que “el INE no se toca”, mostró un interés desusado por ese tema y aunque solo haya alcanzado reunir a los líderes de los partidos ya conocidos y uno que otro empresario no muy independiente, tuvo un argumento de peso para no quemarse con el sol sofocante, explicando que su deseo era marchar hasta la plaza pero no lo hicieron porque el número de marchistas resultó escaso.
Pero la verdad es que en Zihuatanejo tras la aparente apatía de la población por el tema que se debate hay un interés manifiesto por participar en la marcha anunciada para el 27 en la Ciudad de México con la intención de mostrar la fuerza de ser mayoría.
Y es que todo mundo ha hecho conciencia de la ventaja que tiene revisar los aparatos que forman todo el entramado institucional en el país para ajustarlos al principio de la austeridad republicana y el cuidado meticuloso del dinero público para que se evite malgastarlo en vez de que forme parte de los programas sociales en vigor.
No encuentro quien en su sano juicio estaría en contra de que se reduzcan tantos millones de pesos que se destinan a los partidos para sus gastos de campaña cada tres años, los cuales ni siquiera atienden a la necesidad de formar cívicamente a sus afiliados, sino que lo invierten en toda clase de marrullerías para allegarse los votos que cuando menos les garanticen a sus cuadros la holgada vida que da la militancia partidista.
No da lo mismo financiar los millonarios gastos de una cámara de 500 diputados federales, mil 113 estatales y más de 20 mil regidores, todos ellos electos bajo los auspicios de un organismo federal que se reproduce 32 veces en los llamados OPLES de cada entidad federativa que liberar esos recursos para los proyectos prioritarios que reclama y apoya esa mayoría.
Se trata de un botín de más de 14 mil millones de pesos de presupuesto que los partidos políticos quieren en su poder para el 2023 lo que se proyecta gastar el INE en el próximo año, lo cual convierte a las elecciones en nuestro país en las más caras del mundo, pues para el año que viene cada voto costará 291 pesos.
Muchos opositores a la iniciativa de reforma del INE se sienten ofendidos porque están siendo despojados de todo el control que tuvieron del presupuesto y su enojo lo han personificado en la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero no porque sean auténticos demócratas. Antes ni siquiera votaban porque no les hacía falta asolearse en la fila para que sus candidatos ganaran, pero ahora han tenido que sudar para protestar, insisto, no tanto por el sentido social de la reforma, sino para manifestar su enojo contra quien los califica por su nombre y los pone en su lugar frente a las prioridades que ya no son las de mantener sus privilegios, sino para las grandes obras de engrandecimiento del país, comenzando con la construcción de un piso parejo para que todos los mexicanos tengan la oportunidad de trabajar por concretar sus sueños.