METALES PESADOS

El pasado 31 de marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer en rueda de prensa su quinto y nuevo informe: Una visión global sobre los hechos, los responsables y la situación del caso Ayotzinapa. El conciso y claro documento de 27 páginas plantea un conjunto de 36 afirmaciones sustentadas en la evidencia probada, así como las decisiones que el GIEI considera que hay que tomar para impulsar la investigación y la justicia, de las cuales pueden destacarse los siguientes puntos neurálgicos para el futuro del caso:
1.- La decisión de la desaparición forzada de los jóvenes se tomó a mitad de la noche del 26 de septiembre. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo conocimiento del operativo en tiempo real, el hallazgo del destino de los normalistas a partir de la media noche es una línea difícil de expandir a causa de todos los mecanismos de impunidad del Estado que se activaron para encubrirlo. En estas horas cruciales, la “parálisis intencional” del Estado tuvo un impacto decisivo sobre el destino de los jóvenes, sobre todo de quienes aún seguían con vida y comunicados. El proceso de búsqueda continúa.
2.- La Sedena se mantiene firme en su afán por negar y ocultar información y documentos que podría ayudar a dar finalmente con el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Esto contraviene de manera grave la orden presidencial la Sedena de aportar la información necesaria. Tanto el GIEI como las familias de los estudiantes se han topado con un muro infranqueable en todo lo tocante a la participación de los militares en la desaparición forzada y posteriores crímenes para encubrirla. Entre 80 y 90 documentos ocultos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI) darían testimonio pormenorizado del seguimiento que realizó el Ejército tanto a los normalistas como a los involucrados en su desaparición la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
3.- La Fiscalía Especial no ha anulado la cancelación ilegal de las órdenes de aprehensión; 16 de éstas son contra militares involucrados en la desaparición forzada.
Desde su anterior informe dado a conocer en septiembre de 2022, el GIEI llegó esta vez a nuevos acuerdos con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República: 1) la activación de las órdenes de aprehensión con la información ya disponible; 2) el empuje a la investigación de autoría de los hechos, obstrucción y tortura; 3) que todos los elementos en las investigaciones que fueran recogidos por la Covaj serán conocidos por el GIEI; 4) mantener la coadyuvancia para desarrollar las funciones asignadas; 5) permitir el acceso a cárceles para entrevistar a detenidos, así como a todas las diligencias con presuntos perpetradores y testigos; 6) acceso a información puntual en Sedena y Semar (Secretaría de la Marina), además de entrevistas con diversas personas que fueron parte de dependencias internas.
Sin embargo la amarga sensación que no pueden ocultar tanto los expertos del GIEI, como representantes, familiares y sobrevivientes es que en los hechos, a más de ocho años del crimen de Estado, se están cerrando las puertas de manera institucional y desde arriba para acceder a la verdad y, por tanto, a la justicia.
“Estamos en un momento clave –señaló Carlos Beristain, miembro del GIEI, durante la presentación del informe. En un momento de techos de cristal y agujeros negros: lugares donde la información desaparece, donde se oculta. Si hay algo que puede ayudar a México a enfrentar la crisis que vive desde hace mucho tiempo tiene que ver con la verdad: la verdad de lo sucedido y la verdad de las responsabilidades. La verdad es saludable para un país. Y la verdad es algo que, desde un principio, las papás y las mamás nos pidieron. Pero hay dificultades del contexto. Hay muchos pactos de silencio que están atados por el miedo. Pero también está demostrado para nosotros que hubo una especie de parálisis intencional (de parte del Estado) que dejó que todo pasara” la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Existe lentitud, fragilidad y bloqueo significativo en muchos aspectos de la investigación –dijo Ángela Buitrago, la otra integrante del GIEI que presentó el informe. Mientras la situación de los familiares, sus demandas, sus empeños, nos mantienen aquí, también debemos decir que la frustración y el cansancio necesitan respuestas claras y un compromiso efectivo”.
El pasado 24 de marzo en Acapulco, Guerrero, las madres y padres de Ayotzinapa, junto con sus acompañantes legales, se pronunciaron de forma desesperada por la falta de respuestas de parte del titular del Poder Ejecutivo. Afirman que le tiene más consideración al Ejército Mexicano que a ellas en su condición de víctimas. Por eso exigen “que la institución castrense ponga a disposición la información que posee y que se reactiven las 16 órdenes de aprehensión contra los militares”. De lo contrario, afirman, seguirá el punto de quiebre en el caso de Ayotzinapa con la administración de AMLO y sus promesa incumplidas.