Llegó el nuevo año, pero seguimos igual o peor que en los últimos meses de 2020. La pandemia sigue desatada: las fiestas de fin de año, la permisividad oficial y la lentitud de la distribución de las vacunas parecen anunciar que la enfermedad seguirá causando estragos durante varios meses en casi todo el mundo, particularmente en América, Europa y partes de Asia como la India. Se ha requerido entonces redoblar las medidas preventivas: nuevos confinamientos y cese casi total de actividades económicas y escolares. Así las cosas, la recuperación se ve todavía incierta y lejana.
Si en el frente sanitario podemos esperar que los contagios vayan descendiendo gracias a estas disrupciones y a un mayor número de personas vacunadas, en lo que toca a la economía la situación requerirá también de una acción más enérgica de los Estados y gobiernos. Difícil que haya lugar para el optimismo sobre todo si se confía en que las cosas se van a arreglar por la pura inercia de las fuerzas del mercado.
Por un lado, será necesario ampliar sustancialmente los fondos destinados a los programas de apoyo a las personas y empresas más necesitadas que ya se echaron a andar desde el año pasado. Además, diseñar nuevas medidas que puedan asegurar una recuperación más rápida y prevenir nuevas crisis.
Entre estas últimas, diversas instituciones y especialistas (por ejemplo el premio Nobel Joseph Stiglitz), han señalado la necesidad de que se haga uso de una cantidad de al menos 500 mil millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por parte del FMI para echar a andar un programa de ayuda para los países más pobres y en desarrollo que no abultaría las deudas soberanas y servirían para financiar las balanzas de pagos y las importaciones necesarias para la alimentación, la salud y el mejoramiento del medio ambiente.
No puede haber lugar para la confusión. La recuperación debe medirse con base en estos indicadores: disminución de las personas enfermas; aumento del número y la calidad del empleo; y un sistema productivo más verde.
Todo lo demás, como la deuda, la paridad de las monedas, los mercados bursátiles, los déficit públicos y hasta los puntos porcentuales del PIB, deben entenderse como asuntos secundarios o meros instrumentos para lograr la ansiada recuperación.
De otra manera puede haber un regreso simulado a la normalidad, recuperarando aparentemente lo perdido cuando en realidad estaremos retrocediendo pues habrá mayor pobreza, desigualdad, contaminación y una menor capacidad para prevenir y enfrentar nuevas catástrofes.
En el caso de México lo anterior se traduce en la necesidad de diseñar un programa de recuperación que hoy no existe. No basta con la campaña de vacunación anunciada si no se mejora la capacidad hospitalaria y la atención sanitaria de primer nivel. Una nueva economía debe conducirnos a la producción de energías más limpias y otras medidas que reduzcan la contaminación e inyecten vitalidad a nuevas ramas económicas. No se puede confiar en que el T-MEC y las obras de infraestructura en curso vayan a permitirnos recuperar los empleos perdidos si al mismo tiempo no se legisla en materia de seguro de desempleo, subcontratación, plataformas digitales y programas que apoyen a las familias especialmente a aquellas que viven de la economía informal. No es suficiente una política salarial progresista, como la que de manera atemperada se ha puesto en marcha, si no se reducen las brechas regionales, de género y etarias.
Para abundar sobre el tema del empleo, fundamental para la recuperación, hemos consultado el informe que la OIT y la Cepal publicaron a fines del año pasado, el cual reconoce que la pandemia provocará “la peor contracción del producto de la región de la historia…, lo que ha tenido y tendrá profundas consecuencias laborales y sociales” (disponible en https://www.cepal.org). Según este estudio, la existencia de un sector informal muy amplio, sin acceso a seguridad social y, por lo tanto, muy vulnerable, ha tenido y tendrá un fuerte impacto regresivo en los ingresos y la calidad de vida de millones de personas. Además, los empleos formales también fueron afectados ya que muchas personas fueron despedidas; otras conservaron su trabajo, pero sufrieron una importante merma en sus ingresos debido a la reducción de horas laboradas o a que fueron enviados a sus casas con la modalidad de vacaciones no pagadas o licencias con salarios menores. El efecto de estas medidas fue más grave en nuestro país debido a la ausencia de un seguro de desempleo
Un fenómeno destacable que arrojó esta crisis fue la enorme cantidad de personas que se quedaron sin trabajo y dejaron de buscarlo. Técnicamente dejaron de formar parte de la PEA (Población Económicamente Activa) y se sumaron a la Población Económicamente Inactiva (PEI). Afectó particularmente a las mujeres debido a su mayor presencia en los sectores más impactados por la crisis sanitaria (servicio doméstico, restaurantes y hoteles, comercio) pero, igualmente, a la prevalencia de una cultura machista que las confinó, más que en el caso de los hombres, a cuidar a los enfermos, a los niños sin escuela, a los ancianos y a las tareas hogareñas.
La crisis causó otra manifestación novedosa: el trabajo asalariado se contrajo menos que el que se realiza por cuenta propia debido a que estas labores implican, en su mayoría, un contacto presencial, sobre todo en el sector informal. En México los trabajadores asalariados se redujeron en casi -14% en el segundo trimestre de 2020 en tanto que los que laboraban por cuenta propia representaron una caída de -30.9%. Esta caída se ha revertido, pero a costa de una mayor exposición de estos trabajadores informales al contagio, lo que explicaría en parte el crecimiento del número de enfermos y fallecimientos.
Por otro lado, el estudio subraya las consecuencias devastadoras entre los jóvenes: su tasa de ocupación se redujo en mayor medida que otros grupos etarios. Esta situación, señala el informe, ha sido un factor que ha acentuado “el cansancio y la soledad (por lo que) los sentimientos de tristeza, miedo y angustia son más frecuentes entre los hombres y las mujeres jóvenes”. Y advierte que: “cuanto mayor sea el tiempo fuera de la escuela y del mundo laboral, mayores serán los riesgos de precariedad y exclusión del mercado de trabajo a lo largo de (su) vida activa”.
Para evitar estas tragedias, se requieren programas orientados a mejorar su capacitación; y mantener y mejorar políticas de transferencia de ingresos para los jóvenes que estudian y se capacitan; los trabajadores adultos; y los hogares. De lo contrario, es sumamente probable que los jóvenes se vean presionados a generar ingresos, principalmente en las actividades informales, lo que restringirá las posibilidades de invertir en su formación laboral.
Los últimos datos ofrecidos por el gobierno mexicano muestran la lentitud de la recuperación: en noviembre 2020 la población ocupada fue de 52.93% (en relación con el total en edad de trabajar), un poco menor que en octubre e inferior a la de marzo (55.76%). Además, la mayoría de las personas que regresaron a trabajar lo hicieron en actividades informales. En lo que toca a los empleos formales, el saldo de once meses, de enero a noviembre, fue de 369 mil 890 plazas perdidas, a los que hay que sumar, según expuso el presidente de la República, las casi 278 mil que se esfumaron en diciembre.
Con este panorama, la recuperación no se ve tan próxima ni tan segura. El estudio de la Cepal-OIT subraya: “La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sector público fuerte y eficiente, con capacidad de reaccionar rápidamente ante choques que acarrean fuertes impactos económicos y sociales”. La situación que observamos en este inicio de año requiere que las instituciones del Estado mexicano redoblen sus esfuerzos, lo hagan pronto y con un proyecto comprensible.

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