El presidente de la República, en una nueva jugada de audacia política, envió al Congreso una papa caliente, una bomba parlamentaria que vuelve a poner en jaque a la oposición.
Todos estamos de acuerdo en que la democracia mexicana se ha vuelto insultantemente cara. Esto es así porque la desconfianza basada en años de fraudes electorales perpetrados por el anterior régimen hicieron que se fuera construyendo un aparato gigantesco para intentar evitar que se defraudara la voluntad popular. Pocos sistemas electorales son tan complejos y con tantos candados como el mexicano. Y sin embargo en los momentos clave fueron insuficientes para evitar las viejas prácticas de compra y coacción del voto. El momento clave que demostró la ineficacia del complicado sistema fue el fraude electoral de 2006 en donde Andrés Manuel López Obrador fue despojado de la presidencia de la República.
En este momento de la historia en donde la austeridad se está volviendo la norma, no hay pretexto para que todos los partidos apoyen la transformación de un sistema que ya no responde a la realidad actual.
Transformar el sistema de votación uninominal a una representación verdaderamente efectiva en donde cada partido tenga tantos representantes como votos obtenga será difícil de rechazar porque no busca beneficiar a ningún partido en particular sino de dotar al sistema electoral de una verdadera representación del amplio abanico político.
También será difícil que algún partido tenga el cinismo de defender las prerrogativas millonarias a cargo del erario para financiar a los partidos. Saben que la gente repudia el gasto excesivo de los partidos políticos.
Tampoco se entiende la existencia de órganos y tribunales locales cuando de todos modos todo lo termina resolviendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
López Obrador vuelve a poner en jaque a los partidos porque difícilmente se atreverán a defender lo indefendible. Saben que obtendrán el repudio de la gente. Los que así lo hagan quedarán exhibidos como defensores de los privilegios de las élites partidarias. Algunos alegarán que la única manera de evitar que la actividad política sea financiada por recursos de procedencia ilícita es haciendo que los partidos sean financiados por el dinero público pero esto es indefendible porque la gente simplemente no puede estar de acuerdo en que cada año se destinen miles de millones de pesos para financiar las actividades de una clase política cada vez más alejada de la base de la pirámide. Y la vía para evitar el financiamiento ilícito debe de ser la utilización adecuada de la justicia, es decir, no debería de ser necesario tener fiscalías especializadas ni tribunales exclusivos para los temas electorales. La justicia común debería de tener la capacidad de conocer y atender los delitos electorales. No tendríamos por qué tener un área específica de la justicia para temas electorales. Los delitos los debería de perseguir la misma fiscalía que atiende cualquier delito.
La idea es que se acaben los privilegios para unos cuantos a cuenta de los recursos de todos.
De rechazar la propuesta del presidente, la oposición volverá a quedar exhibida en su verdadero papel de defensores de los intereses de unos cuantos privilegiados por encima de los derechos de todos.
La democracia mexicana no necesita estructuras mega burocráticas sino cada vez mayor participación ciudadana y transparencia. No necesitamos más tribunales sino más justicia. No necesitamos más árbitros sino que los jugadores dejen de cometer faltas. No necesitamos más legisladores sino legisladores más comprometidos con su deber principal que es defender el interés colectivo en contra de los intereses particulares.
Veremos si la oposición decide volver a perder credibilidad exhibiendo su verdadero rostro. Ojalá que algunos legisladores de oposición reflexionen y voten en favor de una ley que al único que beneficia claramente es al pueblo de México. Nuestra democracia no es el INE ni sus defensores son aquellos que durante décadas burlaron la voluntad popular. Nuestra democracia es propiedad del pueblo y fue un derecho que se reconoció y no una graciosa concesión de los traidores a la patria.