En solidaridad con Indyra Sandoval, defensora de derechos humanos.
En memoria de Ranferi Hernández, luchador social.

Veinticuatro de febrero de 2017. ¿Quién se acuerda de esa fecha? Casi nadie y sin embargo ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional más importante en materia laboral desde 1917. De manera sorpresiva, la iniciativa había sido enviada por el presidente de la República y aprobada por una amplia mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y por los Congresos de las entidades del país entre abril de 2016 y enero de 2017.
Una reforma que cambia sustancialmente cuatro aspectos centrales: primero, la justicia laboral (aunque únicamente para los trabajadores del sector privado), eliminando las juntas de conciliación y arbitraje tripartitas que ahora serán sustituidas por tribunales laborales locales y federales del Poder Judicial que deberán actuar bajo los principios de “legalidad, imparcialidad, trasparencia, autonomía e independencia”. También, separa las funciones de impartición de justicia de la conciliación entre trabajadores y patrones. En tercer lugar, se crea una nueva institución para hacerse cargo de esta tarea y, lo más sobresaliente, para el registro de todos los sindicatos y los contratos colectivos, un organismo descentralizado que tendrá  “plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión” y operará bajo los principios de “certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad”. En cuarto lugar, para la resolución de conflictos entre sindicatos, la elección de dirigentes y, muy importante, para solicitar la firma de un contrato colectivo, se requerirá el voto de los trabajadores “personal, libre y secreto” el cual será garantizado por la ley.
Esta reforma ataca directamente severos problemas que han padecido los trabajadores: la parcialidad, el burocratismo y la corrupción endémica de las Juntas;  el registro de sindicatos y contratos  bajo el  consentimiento y directriz de los gobiernos federal y estatales, anulando casi totalmente la posibilidad de formar sindicatos independientes; la continuidad de dirigentes electos antidemocráticamente en las organizaciones gremiales; y, de manera destacada, la existencia  de los contratos de protección patronal, el cáncer mayor que corroe la vida laboral en México.
Se trataba, sin duda, de una reforma constitucional que avanzaba en el camino de la democracia y la libertad sindical, la justicia y la legitimidad de las representaciones sindicales y la titularidad de los contratos colectivos. Sin embargo, para que todo esto se volviera realidad y las reformas empezaran a funcionar, se requería completar la tarea y llevar a cabo una compleja reforma a las leyes de la materia, en especial a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para ello, se dio el plazo de un año, el cual está por vencerse si consideramos el calendario de sesiones del Congreso.
Debe señalarse que esta reforma constitucional se propuso en un contexto en el que el Estado mexicano estaba a punto de firmar el TPP (Tratado Transpacífico), un acuerdo comercial de grandes dimensiones en el que participarían doce países de Asia y América, incluyendo Estados Unidos. Según la información disponible y las opiniones de diversos actores que participaron en el debate, la iniciativa presidencial fue resultado de una presión muy fuerte, a nivel internacional, que ejercieron organismos como la OIT, sindicatos y defensores de los derechos laborales de algunos de los países  socios del Transpacífico. Fue de alguna manera, una condición que plantearon ante sus gobiernos y parlamentos para aceptar la incorporación de México a ese gran acuerdo económico.
Pero, como se sabe, la vida da muchas vueltas. El TPP fue repudiado por el presidente Donald Trump en los primeros meses de 2017. Después, se abrió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y luego el país entró en la etapa electoral con vistas al 2018. Bajo estas nuevas condiciones, completamente distintas a las que había cuando Peña Nieto presentó la iniciativa, el gobierno y la representación de los grandes empresarios decidieron torcer la ruta original.
Debido a ello, los debates parlamentarios de las leyes reglamentarias se han venido posponiendo. Peor aún, según diversas fuentes, hay una negociación secreta entre la Secretaría del Trabajo y algunas organizaciones empresariales con el objetivo de presentar al Congreso una propuesta que pretende echar para atrás el espíritu y la sustancia del nuevo mandato constitucional. Preparan una contrarreforma elaborada por los abogados más inescrupulosos del medio laboral, aquellos que siempre han defendido los contratos de protección.  Los principales objetivos de esta confabulación son: que el organismo descentralizado encargado del registro de los sindicatos y los contratos sea tripartito, abriendo el espacio otra vez al viejo modelo de control: gobierno-empresarios-líderes sindicales del viejo corporativismo y ahora administradores de los contratos de protección. También pretenden colar, de contrabando, pues no tiene que ver con las nuevas disposiciones constitucionales, una reforma a la ley para facilitar (todavía más) la subcontratación, una de las prácticas más perjudiciales para los derechos de los trabajadores; y para colmo, se proponen también burlar el derecho al voto secreto establecido en la nueva redacción del artículo 123.
Frente a esta pretensión, un amplio grupo compuesto por los abogados laboralistas más destacados del país que no responden a los intereses del gobierno; la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores (NCT) y otros sindicatos independientes; académicos y especialistas connotados en cuestiones laborales; y organizaciones sociales y civiles diversas como el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC, han formado un Observatorio Laboral que se ha pronunciado, en primer lugar,  para exigir  que se dé a conocer el proyecto de los abogados patronales y la Secretaría del Trabajo, y que se organice un amplio debate abierto y público para redactar la nueva LFT.
El Observatorio exige que las leyes secundarias sean congruentes con los principios fundamentales de la reforma constitucional. Insistirá también en que el Senado ratifique el Convenio 98 de la OIT, sobre negociación colectiva y libertad sindical que entró en vigor desde 1951 pero que el gobierno mexicano se ha negado a respaldar para proteger a los dirigentes sindicales charros que nunca han sido elegidos por los trabajadores.
Estamos a unos meses de que se venza el plazo previsto en la reforma constitucional para que el Congreso apruebe las nuevas leyes reglamentarias y aparentemente no hay nadie que se ocupe del asunto. ¿Se prepara un auténtico albazo legislativo y una aprobación al vapor de una nueva Ley Federal del Trabajo cocinada en algún cuarto oscuro de la Secretaría del Trabajo? ¿O simplemente el gobierno y el Congreso han sido rebasados por los acontecimientos y la carga legislativa? Si es así, ¿buscarán el diálogo y ampliar los tiempos legales para redactar una iniciativa que refleje adecuadamente el texto constitucional aprobado? ¿Cuál es la posición de los partidos de oposición frente a este problema?
Veinticuatro de febrero de 2017: el Observatorio Laboral se ha propuesto que esa fecha se recuerde como el día en que se inició una verdadera transformación de la vida laboral y, en consecuencia,  se frene una de las maniobras gatopardistas más monstruosas del gobierno mexicano y sus aliados patronales: cambiar de fondo la Constitución para que todo, en la ley reglamentaria, siga igual. El Observatorio Laboral tiene como objetivos que los diputados y senadores no  actúen solos, exigirá transparencia, un  trabajo legislativo incluyente, rendición de cuentas, y que se atiendan las propuestas del  sector más representativo del mundo laboral. Seguiremos informando…

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