El interés por la reforma de las instituciones que conforman el Estado va creciendo. Hay diversos signos que hablan de ineficacia y de escasa credibilidad de las mismas, como la situación de ingobernabilidad en Oaxaca, los conflictos postelectorales que han ido apareciendo con nuevas facetas, el avance implacable del crimen organizado sin que nadie pueda pararlo, la inseguridad pública, la corrupción y la creciente pobreza.
Estas señales apuntan hacia una cuestión de fondo: ¿por qué las instituciones del Estado se muestran tan ineficaces para dar respuestas puntuales a los graves problemas que padece el país? ¿Es que las reglas que rigen sus estructuras, la filosofía que las articula con la sociedad siguen siendo válidas para construir una convivencia social fundamentada en la justicia, la equidad y el respeto a los derechos humanos? ¿No estamos, más bien, advirtiendo signos de agotamiento de las instituciones, que ameritan una profunda transformación orientada hacia la construcción de relaciones políticas, económicas y sociales controladas por leyes adecuadas dentro de los cauces de una democracia real y participativa? ¿Por qué no funcionan nuestras instituciones para llevar pan a las mesas de todos los mexicanos, para hacer justicia a todas las víctimas, para inspirar confianza a los ciudadanos, para dignificar la actividad política y, en definitiva, para poner al Estado al servicio de la sociedad?
Es laudable que los políticos se estén planteando esta cuestión, lo cual manifiesta que los niveles de ineficacia y de vulnerabilidad de las instituciones del Estado son muy altos. Por lo que toca a los ciudadanos de la calle, lo hemos expresado desde hace mucho tiempo: las cosas no están funcionado bien. Es muy positivo que la clase política hable de una reforma política y ojalá mantuviera este interés a partir del bien superior de la nación y no de los acostumbrados intereses facciosos que han viciado nuestros actuales contextos nacionales y locales. Y ojalá entendieran que ellos no son los dueños de la política, la que es un patrimonio de la sociedad y en favor de la sociedad.
Necesitamos una reforma a la medida de los ciudadanos, a la medida del país. No una reforma a la medida de los políticos y de los partidos. Hay que entender que el sentido de las instituciones del Estado está en la sociedad, que tiene primacía en sí misma. Los gobiernos están al servicio de la sociedad, la que tiene en sus manos la capacidad de evaluar sus logros y sus deficiencias. Esto quiere decir que si se quiere hacer una verdadera reforma de las instituciones del Estado, hay que empezar por tomar en serio a los ciudadanos ofreciéndoles la oportunidad de serlo de verdad. Los ciudadanos lo son cuando asumen las responsabilidades públicas que les competen por derecho y por deber. Las amas de casa, los indígenas, los peones, los jóvenes, los campesinos, los profesionistas, las mujeres, todos, todos tenemos muchas cosas que decir sobre el país que queremos y cómo lo queremos. Quizá sea el tiempo en que los políticos hablen menos y se dediquen a escuchar más las diversas voces que surgen desde el fondo de los pueblos. Si las reformas van en serio tendrían que empezar por allí, de manera que los técnicos, los científicos y los políticos cuenten con la voz autorizada de la sociedad para hacer el trabajo técnico de formular las reglas y de diseñar las instituciones a partir de las demandas reales de la gente común y corriente.
Este planteamiento implica que las reformas que tengan que hacerse cuenten con una motivación y una intencionalidad ética. Plantear una relación de servicio del Estado a la sociedad –y en ella, a los ciudadanos– es una formulación con una honda dimensión ética, una manera de replantear las cosas a partir del valor superior de las personas y de la comunidad nacional. Porque, precisamente, la gran carencia que reconocemos en nuestro contexto actual es la falta de respeto a la voluntad y al sentir de los ciudadanos, que nos sentimos indefensos y vulnerables ante quienes debieran protegernos y defendernos de las amenazas cotidianas. Porque resulta que el Estado, que debiera proteger a los ciudadanos es, precisamente, el que los vulnera, y eso no es éticamente correcto.
Necesitamos un Estado solidario, empeñado en el bien común de todos, especialmente de los más desprotegidos, un Estado con instituciones que promuevan y requieran la participación de todos los ciudadanos para construir el mundo que queremos, un Estado subsidiario, no asistencialista ni paternalista que respete la autonomía y la libertad de las organizaciones y de las personas apoyándolas para que asuman las responsabilidades que les tocan en la búsqueda del bien de la nación, un Estado que tenga como divisa la dignificación de todos y no el manejo arbitrario del poder a favor de grupos de privilegiados, un Estado que acumule autoridad moral con instituciones transparentes y expuestas a la vigilancia de los ciudadanos.
Si se va a emprender esta ardua tarea de reformar a las instituciones del Estado, habrá que asegurarse que no se trate de un maquillaje ni de una formalidad que mantenga situaciones de exclusión y de inequidad. Hay que velar para que se trate de una reforma que llegue a las raíces de nuestros añejos males sociales. Pensar la reforma desde una perspectiva ética quiere decir imaginar y diseñar una manera de organizar la sociedad con un Estado que no tenga otro interés que el bien común y la dignificación de todas las personas y de todos los pueblos. Eso sí vale la pena. De otra manera, seguiremos con las ilusiones y las decepciones de siempre.