Uno de los rasgos más importantes de la política es el conocimiento, administración y aprovechamiento de “los tiempos” o “timing”, como se dice en inglés y que tiene que ver con la oportunidad, la precisión en la relación entre los sentimientos, la razón y los deseos del pueblo respecto a los de los dirigentes sociales o políticos.
Aliados y adversarios, aunque éstos a regañadientes, reconocen que una de las cualidades más relevantes del político Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, es sin duda el dominio de los tiempos y la oportunidad política, el “timing” pues.
Desde julio del 2018, en que logró contundente victoria en las urnas electorales y se convirtió en el candidato ganador a la presidencia de México del 2018 al 2024, López Obrador hizo gala del “timing”. En primer lugar, al reconocerse su victoria, ya como presidente electo, logró crear no la presunción, sino la certeza, de que todas las decisiones políticas relevantes eran tomadas por él mismo, aún antes de suceder en el cargo a su antecesor Enrique Peña Nieto, quien fue desplazado aun cuando todavía ostentaba el cargo. De entonces a la fecha, con las conferencias de medios llamadas “mañaneras” como su principal herramienta de información, denuncia, defensa y ataque, para el ejercicio no sólo de la administración pública, sino de la política en su conjunto.
Hoy nuevamente, el presidente López Obrador confirma que domina los tiempos políticos y en plena euforia electoral para elegir alrededor de 22 mil cargos de distintos niveles en todo el país, se erige como el que domina, administra y controla la agenda nacional, no sólo la política, la mediática, la económica y la social, lo que hasta sus adversarios debieran reconocerle.
Tal como lo anunció con gran anticipación, el Presidente de la República no asistió este 5 de febrero en Querétaro a la ceremonia conmemorativa de la promulgación de la Constitución Política; en cambio, aprovechó la fecha para dar a conocer un paquete de iniciativas de reformas, algunas de ellas constitucionales, que ha enviado al Congreso, con las que cerrará en ese ámbito su labor sexenal.
Entre las reformas propuestas destaca la del Poder Judicial, en la que se busca que desde los jueces hasta los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por el voto popular. Asimismo, se plantea una reforma electoral, con la que desaparecerían los organismos electorales locales y se reduciría el financiamiento a los partidos políticos; además se eliminarían los legisladores plurinominales. Otra propuesta es modificar los requisitos para ejercer la revocación de mandato y reducir el porcentaje de participación ciudadana exigido para hacer vinculante su resultado.
También se pretende desaparecer los organismos especializados autónomos del Estado, creados a lo largo de las recientes décadas. E insistirá en temas que la Corte ha echado para atrás por considerarlos anticonstitucionales, como la reforma eléctrica y el mando militar para la Guardia Nacional. Igualmente se plantea proteger al salario mínimo estableciendo que sus aumentos nunca serán inferiores al índice inflacionario, y garantizar pensiones del cien por ciento del último salario percibido por el trabajador en activo.
Por su cantidad y trascendencia, el conjunto de reformas parece más bien el proyecto de un régimen que comienza y no de uno al que le quedan pocos meses de vigencia. Es inusual, no sólo en México sino en cualquier democracia en el mundo, que reformas de la magnitud que se mencionan intenten ser emprendidas en el último tramo legislativo del régimen. Más aún, cuando el Presidente no cuenta ni sumando todos los partidos que lo apoyan, con la mayoría de dos tercios que se requiere para hacerlas transitar en el Congreso, y que en las vísperas de la elección presidencial la oposición cuidará muy bien sus pasos y sus votos.
Puede especularse que las reformas con un mayor beneficio social evidente, como es el caso del salario mínimo o las pensiones, sí logren los votos necesarios. Sin embargo, sobre todo en el caso de las pensiones, la observación que ya los expertos han hecho es que la economía mexicana no cuenta con los recursos suficientes para solventar un gasto que en los siguientes años y décadas será creciente e insostenible. De hecho, no hay nación en el mundo entero que haya tomado una medida así.
Todas estas consideraciones seguramente fueron estudiadas en Palacio Nacional, antes de tomar la decisión de hacer el planteamiento que ahora está en marcha. En los próximos días también conoceremos la ruta que se ha diseñado para hacerlo posible y las estrategias en caso de que el proceso se empantane. Igualmente será interesante ver cómo se definen ante cada tema específico los partidos de oposición, en tiempos de gran volatilidad e incertidumbre política, que se acentúan a la hora de las luchas internas por ocupar candidaturas y posiciones.
Un ejemplo acorde con el momento es lo que está ocurriendo en Guerrero, donde dos figuras del priismo de muchas décadas, el exgobernador Héctor Astudillo y el exalcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, primero anuncian su salida del tricolor, luego son expulsados del partido y ahora se les postula por Movimiento Ciudadano como candidatos al Senado de la República. El sainete ya produjo la salida de al menos dos diputados locales, Ricardo Astudillo, hijo de Héctor, y Gabriela Bernal, más lo que se acumule.
Tal vez a ese tipo de resquebrajamientos en las fuerzas políticas es a lo que se está apostando en Palacio Nacional. Pronto lo sabremos, aunque ya puede anticiparse que la oposición lejos de agruparse y menos consolidarse, se divide cada vez más. Cosas del “timing”, dominado, controlado y genialmente administrado ya se sabe por quién.