Abordar el tema de crisis de la justicia, la impunidad y la inseguridad en México implica un cierto candor, porque se corre el riesgo de caer en lugares comunes o en pre y juicios de valor acerca de uno de los problemas más sensibles del pueblo. Salud, educación, oportunidades de empleo y ocupación o de progreso, están por debajo de las crisis de seguridad y la consecuencia o causa: ausencia o debilidad de gobierno.
En Guerrero, abordar estos temas es como hablar del pozo cuando ahí fue donde se ahogó el niño. En competencia franca con Tamaulipas o Michoacán, Guerrero es el prototipo del estado en el que la inseguridad alcanza los mayores niveles. Un nada honroso primer lugar. La explicación es consecuencia de la crisis institucional que vive Guerrero. El fiscal general, Javier Olea Peláez, renunció después de una cuestionada gestión, que muestra la incompetencia del gobierno en turno.
En la Cámara de Senadores, ayer mismo, la bancada de Morena, con Ricardo Monreal a la cabeza, al lado de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se presentó lo que hoy será el proyecto de iniciativa para reactivar la Fiscalía General de la República, cuya principal tarea será atacar la corrupción.
Otro botón de muestra es que, después de tres años y diez meses de su arribo para hacerse cargo de la seguridad pública de Guerrero, el general Pedro Almazán Cervantes renunció a la titularidad de la SSP para reintegrarse a las filas castrenses, por decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la información dada a conocer en el acto formal de despedida que le organizó el gobernador Héctor Astudillo.
En 2014, Almazán Cervantes llegó a Guerrero en un momento crítico, unas semanas después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, que puso a prueba a las instituciones del Estado mexicano, y en particular dio materia al cuestionamiento de la actuación de los cuerpos de seguridad en el territorio guerrerense.
Las investigaciones oficiales y sus resultados nunca dejaron satisfechos a los deudos de las víctimas, que acusaron al Ejército y sus mandos de negligencia, e incluso de complicidad en los lamentables hechos insuficientemente aclarados.
Entretanto, resulta evidente que el desempeño del hasta hace unos días secretario de Seguridad Pública fue nulificado por la incesante oleada de criminalidad y violencia que se vive en la entidad, y que justamente en los años recientes ha alcanzado sus peores niveles. En su ejercicio, el estado se posicionó en los primeros lugares de inseguridad en el país, y ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, y la zona de Tierra Caliente, como puntos en que la delincuencia se ha vuelto incontrolable. A Almazán se le acusó incluso de tener nexos con los grupos delincuenciales que virtualmente gobiernan territorios en Guerrero.
El general brigadier que ahora ha regresado a los cuarteles militares, fue designado por el gobernador interino Rogelio Ortega Jiménez, y un año después fue ratificado en su cargo por el nuevo mandatario, Héctor Astudillo Flores.
Aunque hay encargados de despacho, por lo pronto no hay un titular de la SSP; pero con esa dependencia acéfala, las noticias en materia de seguridad siguen siendo muy similares en la entidad: en días pasados se reportó la desaparición del alcalde electo de Cochoapa el Grande, Daniel Esteban González, sin que hasta el momento se sepa algo de su paradero; un grupo de al menos cincuenta hombres armados atacó la comunidad de Xochipala en la sierra, quemaron vehículos, dispararon contra patrullas, mataron a un policía rural e hirieron a varios; el servicio de transporte público de Chilpancingo a esa región fue suspendido, y se han cerrado temporalmente escuelas y centros de salud ubicados en esa zona, ante el natural temor del personal que los atiende; en Acapulco, dos policías estatales fueron encontrados muertos, estrangulados y con huellas de tortura; decomiso de un arsenal en Chichihualco. En fin, nada nuevo ni que sorprenda a nadie.
Lo que sí cambió radicalmente es el contexto nacional, con la expectativa del relevo del poder federal en breve, y el replanteamiento de toda la estrategia de seguridad y pacificación del país.
No se sabe si el retiro del general Almazán tenga que ver con una reconsideración de la actuación de las fuerzas de seguridad en la entidad. Lo que sí es un hecho es que ante el fracaso de lo realizado hasta hoy, con su salida se configura un momento propicio para analizar el tema y abordar con una mirada diferente la política para pacificar el territorio guerrerense y definir nuevos enfoques y maneras de actuar. Seguir la misma ruta en la que se ha insistido durante más de una década sería suicida.
Por el momento, sólo es deseable que el nuevo gobierno federal implemente una política y estrategias de seguridad que devuelvan la paz al pueblo. Lo demás, la armonía y el progreso, vendrán por añadidura.