¿Alguien ha visto a Vicente Suástegui Muñoz?

En el segundo año de su período gubernamental estatal, el finado René Juárez Cisneros, me transfirio de la Coordinación General de Asesores a la Secretaría de Desarrollo Rural. De los asuntos que afronté inmediatamente, fue un bloqueo más que realizaban los productores rurales (pescadores y mangueros) de la zona circunvecina a la planta termoeléctrica de Petacalco (TEP), impidiendo así la entrada y salida de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La causa de los bloqueos era y es el mismo problema de siempre: la contaminación por parte de la TEP a la atmósfera, tierras, plantas y al agua del río Balsas que desemboca al mar; así como daños a la salud de la población en general de la zona. Las eternas fumarolas que expiden las grandes chimeneas de la planta, son producto de la quema de carbón o combustóleo para generar electricidad, por medio de vapor de agua que mueve a las inmensas turbinas.
Con justa razón, los productores y la población lugareña exigían que disminuyera sensiblemente el grado de contaminación y se les indemnizara por daños productivos, a la salud humana y al ecosistema en que habitaban, causados por la TEP durante los muchos años de su existencia operativa.
Los bloqueos a la planta cesaban y regresaban cada dos años en promedio; repartiendo el gobierno y la CFE diversas cantidades de dinero a los quejosos más revoltosos. Para romper con ese círculo vicioso y corrupto, institucional y social, fue convenida por las partes involucradas, gobierno federal, estatal y municipal, CFE, líderes sociales y productivos del medio rural, la contratación de los servicios profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Misma que realizaría un estudio amplio, técnico-científico y multidisciplinario, cuyos resultados nos permitieran conocer la magnitud e intensidad de la contaminación realizada y si había lugar a indemnizaciones de ley; así como la modificación en el sistema operativo de producción de la TEP; que, habiendo iniciado sus operaciones utilizando carbón, a la fecha solo emplea combustóleo. Todas las partes convenimos en acatar el fallo que emitiera la UNAM. El presupuesto para el estudio lo aportó la CFE, cuestión que de inicio le daba ya cierto sesgo a su favor en los posibles resultados a obtener.
En el mientras tanto, acordamos las partes involucradas ejecutar un programa de inversiones en proyectos productivos, bajo la coordinación del gobierno del estado; aportando la CFE la mayoría del financiamiento a manera de compensación social. Las oficinas de coordinación del programa quedaron establecidas en la localidad de Petacalco, a cargo del economista, especialista en desarrollo regional, Rómulo García Pineda, quien tuvo como misión elaborar los expedientes técnicos de factibilidad de los proyectos productivos y aplicar el presupuesto respectivo, conjuntamente con los productores afectados.
Pasado un año de plazo, fuimos convocados a las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal en la Cdmx, donde el Coordinador General de Ciencias de la UNAM, informó que los resultados indicaban que la termoeléctrica “SÍ CONTAMINABA” el ecosistema de la región, pero sin rebasar los parámetros y “estándares” aceptados internacionalmente. Dicho lo anterior, un sub secretario de Gobernación federal, manifestó que no había lugar para indemnización alguna y nos conminaba a todos a aceptar los resultados; acatando el dictamen emitido.
Las asociaciones de los productores afectados no aceptaron los resultados ni el dictamen, por considerar que no se apegaban con veracidad a la realidad imperante. De mi parte, como representante del gobierno estatal, manifieste que aceptábamos institucionalmente los resultados informados por la UNAM; pero recalcábamos que la termoeléctrica sí contaminaba, aun cuando fuera dentro de parámetros legalmente tolerables.
Por lo que propusimos un programa de desarrollo micro regional para los años siguientes; dándole así continuidad al programa de inversiones ya iniciado. La financiación correría también por parte de la CFE en su mayor parte. Propuesta que fue aprobada y ejecutada, “honesta y mancomunadamente”, con los productores rurales de la zona, hasta el término del mandato de René Juárez Cisneros.
Hoy la situación de operación de la TEP está agravada, por la quiebra financiera que tiene la CFE, que obliga a que trabaje la planta a base de combustóleo. Insumo que es más barato que el carbón, pero muchísimo más contaminante. Como siempre, el pueblo seguirá pagando los desastres ocasionados por el ecocidio producto de las irresponsabilidades federales que se vienen sucediendo de tiempo atrás.

[email protected]