¿Alguien ha visto a Vicente Suástegui Muñoz?

Es loable que la gobernadora constitucional, Evelyn Salgado Pineda, haya firmado un convenio con el director nacional de Financiera Rural para incrementar los créditos al campo guerrerense. En las últimas décadas la banca privada como la banca gubernamental, no han jugado un papel significativo en el financiamiento del desarrollo rural.
Eso es debido a varios factores, entre los cuales están: La mayor parte de las tierras agropecuarias de Guerrero se encuentran bajo un régimen de tenencia de la tierra de tipo social. Esto es, son ejidos y bienes comunales, que no son susceptibles por ley, de someterse a esquemas de embargo inmobiliario, por lo que no pueden ser ofrecidas como “garantías de arraigo” a la banca. Otra limitante es el hecho de que en Guerrero predomina la economía campesina destinada al autoconsumo; colocando pequeños excedentes en el mercado, a comparación de la economía agropecuaria empresarial, de productos destinados ya sea al mercado nacional o de exportación.
Otra traba para conseguir un préstamo bancario es la dificultad y el engorro para integrar el “expediente del sujeto de crédito”, que debe contener los documentos exigibles por la banca. Para una persona que vive en la ciudad no representan mayor dificultad tenerlos; pero para un pequeño productor rural sí lo es; porque las Instituciones que los emiten están alejadas de donde ellos viven. Además, se les solicita documentos que poco utilizan, como el Registro Federal de Causantes (RFC), estados contables de su actividad económica, declaratoria de ingresos anuales, plan de negocios, etc.
Otro obstáculo es la “cultura del no pago”, inculcada a los campesinos muchos años atrás, en tratándose de financiamientos crediticios gubernamentales. Como la mayoría de los campesinos de Guerrero viven al día, muchos venden su cosecha o su producción de huerta por anticipado, o a “pie de parcela”; a los precios que fijan los acaparadores, La resultante es que tenemos un sector rural sumamente descapitalizado. La economía agrícola en las zonas indígenas es la más paupérrima.
En este contexto adverso, afirmar que se colocarán cientos de millones de pesos de créditos entre miles de campesinos, no pasa de exhibir excelente voluntad y magníficos deseos de la Hobernadora. Moderación en el decir, es lo recomendable. Es posible avanzar más despacio en esa ruta si se trabaja bien, con honestidad, eficacia, responsabilidad y compromiso social. Por eso, como gobernador moral de Guerrero, sugiero se analicen experiencias pasadas de esfuerzos exitosos habidos sobre el tema, en estas tierras del sur.
Hubo un tiempo que, conjuntamente con el extinto Banco Nacional de Crédito Rural; los Fideicomisos Instituidos en relación a la Agricultura (FIRA), el gobierno estatal y el Congreso local, trabajamos para simplificar al máximo los requisitos exigibles para que los campesinos pudieran acceder a los créditos. De tal suerte que solo se le pedían garantías por la mitad del crédito solicitado: mostrar su certificado parcelario y un cálculo simple de los ingresos esperados de la actividad productiva. Otro aspecto que se cuidaba era que el crédito fuera otorgado en el tiempo, monto y forma requerida.
A cambio de la flexibilización de los requisitos de la banca, el gobierno estatal estableció, con la autorización de los diputados locales, un fondo virtual de garantías complementarias. En el caso de que no pagara el productor y una vez agotados todos los procedimientos de cobro, la deuda sería cubierta, en última instancia, por el gobierno estatal, con cargo a sus participaciones fiscales.
Para simplificar la integración de los expedientes de los sujetos de crédito, en lugar de hacerlo individuo por individuo, preferimos hacerlo por grupos organizados o asociados por rama de producción, sobre todo para financiar la fase de la comercialización en común, con lo cual obtenían mejores precios y se les facilitaba el pago del financiamiento. Con este esquema fueron beneficiados productores de café, copra, limón, jitomate y cacahuate.
Se aprobó inicialmente un fondo revolvente de garantías complementarias por 15 millones de pesos y los bancos abrieron las respectivas líneas de crédito. Al final, la recuperación de los mismos fue, en promedio, de un 80 por ciento; dándoles doble revolvencia en un ejercicio anual; es decir, se colocaron financiamientos bancarios por 30 millones de pesos, que le representaron al gobierno estatal una erogación real de 6 millones de pesos-
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