(Primera parte)

Como Gobernador Moral de Guerrero deploro el hecho de que solo un presidente municipal, el del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Aldy Esteban Román, de un conjunto de 38 alcaldes que fueron convocados de las regiones Tierra Caliente, Centro y Norte, hizo acto de presencia en el taller de capacitación, organizado por el gobierno federal, para el buen manejo, aplicación y registro de los recursos federales que se les son transferidos anualmente por concepto de participaciones fiscales. En Guerrero, en este año, suman cerca de 8 mil millones de pesos (mdp).
Ese ausentismo notorio es una muestra papable del desdén que le dan al ejercicio honesto y adecuado del presupuesto público. Seguramente mandaron como sus representantes a los serán los encargados de “blanquear las cuentas” y presentar los libros contables y documentos correspondientes debidamente maquillados para efectos de las revisiones y auditorías federales subsecuentes.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acaba de dar a conocer los resultados de la Tercera Revisión de la Cuenta Pública de los recursos federales del ejercicio del año 2021. Ahí se señalan irregularidades, con impacto económico, necesarias de solventar. Los gobernantes y/o sus responsables financieros en ese entonces, son los sujetos obligados a justificar los gastos de esos dineros transferidos en un plazo determinado, de lo contrario deberán reintegrar los montos señalados a Tesorería de la Federación (Tesofe).
Los principales conceptos de irregularidades son: 1.- El pago de documentación justificativa o comprobatoria del gasto. 2- Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal. 3.- las transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. 4.- Bienes adquiridos o servicios realizados no localizados o que no operan. 5.- Recursos ejercidos en concepto que no cumplen con los objetivos específicos indicados, 6.- Pago improcedentes o en exceso. 7.- Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesofe.
Las llamadas de atención que hace la ASF son de tipo gradual según la respuesta que reciba; empiezan con recomendaciones, solicitudes de aclaración, ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, pliegos de observación y promociones administrativas sancionadoras.
Entre los municipios que destacan por sus irregularidades en la auditoría del año 2021 están Chilapa de Álvarez, Cuautepec, Teloloapan, Coyuca de Benítez. Iguala, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco.
Una parte significativa de las irregularidades identificadas, mediante las auditorías practicadas por muestreo “se explican por el desconocimiento por parte de los ejecutores del gasto, de las obligaciones que se derivan de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios donde muchos de los entes desconocen las disposiciones contenidas en la Ley de la disciplina financiera.
Las causas-claves principales de irregularidades con riesgo, fueron por orden de importancia: Una acción que contravenga la normatividad establecida. Una omisión del servidor público que causa incumplimiento en sus responsabilidades. Se cumplió con la norma establecida, pero su ejecución tuvo muchas deficiencias. Se cumplió con el programa, pero las reglas de operación para su ejecución eran inadecuadas.
Las causas imputables a decisiones individuales, de acuerdo a los informes rendidos fueron en un 35 por ciento. Imputables a la discrecionalidad en la aplicación o interpretación de la norma, 35 por ciento. Evadir el cumplimiento de la norma, 29.9 por ciento. Desconocimiento de la norma aplicable, 0.1 por ciento. En general, se concluye que, las causas-claves se centran en fata de controles administrativos y discrecionalidad en el uso de los recursos.
Por lo que respecta al ejercicio de los recursos federales por parte del gobierno estatal, la ASF hace los siguientes señalamientos: El gobierno del estado tuvo que devolver a la Tesofe la cantidad de 80.8 mdp que no ejerció para cubrir gastos inherentes a la operación y prestación de servicios del programa “La escuela es nuestra”. Mismos que estaban destinados, con prioridad, a localidades indígenas, y localidades con alto y muy alto grado de marginación, o en situación de alta vulnerabilidad o riesgo.
En materia de servicios de salud gratuito, existe un importe de 47.6 mdp pendientes de aclaración ante la ASF, principalmente en los conceptos de falta de documentación comprobatoria del gasto y/o de rendimientos financieros no ejercidos o devengados.
Guerrero junto con Veracruz y el Estado de México, fueron los únicos estados del país a quienes se les imputó doble declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres.
Del gasto federalizado en su totalidad, el monto por aclarar por el gobierno estatal suma 266.1 mdp y de gobiernos municipales la sumatoria es de 401.2 mdp.
Guerrero ocupa el segundo lugar nacional por el monto de recursos federales que le son transferidos mediante participaciones federales, sin considerar a la Cdmx.

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