Este lunes 5 de septiembre se cumplieron 50 años de la detención por parte del Ejército mexicano de casi todos los hombres que vivían en el pueblo de El Quemado, quienes fueron acusados de haber participado en la emboscada de la guerrilla de Lucio Cabañas contra el Ejército el 23 de agosto en el paraje conocido como Arroyo Oscuro. En total, 91 hombres de esta comunidad y 15 de otras poblaciones vecinas fueron secuestrados; la mayoría fueron llevados en helicóptero a la base militar de Atoyac y luego a la de Acapulco. La mayoría regresó a sus hogares en distintas fechas, pero 24 fueron formalmente sentenciados a 30 años y permanecieron en prisión poco más de 4 años. El informe de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) especifica que hay 7 personas desaparecidas y 7 muertas a causa de la tortura.
Este es uno de los capítulos más dramáticos de la guerra sucia en Guerrero, donde el Estado mexicano emprendió “la campaña militar más grande que contra cualquier organización armada se haya llevado a cabo desde el combate a los cristeros en la década de 1920”, dice el historiador Camilo Ovalle en su libro Tiempo Suspendido: Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980. Ovalle afirma que los motivos del ataque concreto a El Quemado no están claros, salvo el deseo de dar una lección y anunciar “la nueva configuración contrainsurgente en la que la población fue ya el objetivo”.
Los habitantes de este pueblo, especialmente los 24 condenados, empezaron a exigir una reparación cuando se creó la Femospp a principios de siglo, pero nunca se concretó. Después, el grupo que continuó el trabajo de la Comverdad, entre ellos Nicomedes Fuentes, impulsó la vía legal de la lucha, que consistió en la firma de un amparo en 2016 para presionar al gobierno federal. Fue hasta septiembre de 2021 que 40 personas recibieron una indemnización económica, pero consideran que la cantidad es insuficiente porque la CEAV no tomó en cuenta una serie de agravios sufridos como el tiempo que pasaron en prisión. Algunos vivieron la pérdida de familiares durante el proceso de detención y encarcelamiento.
Victoriano Flores expone que “nosotros sentimos netamente una gran injusticia que no nos la van a reparar ni por nada. Y no se nos olvida a pesar de que tiene casi 50 años de que nos detuvieron”. Se pregunta: “¿cuánto perderíamos en los cuatro años que estuvimos presos allá? Todos teníamos una casa, o al menos la mayoría. Mis hijos estaban chiquitos”.
Durante 5 años que tardó la entrega de dichas indemnizaciones, la CEAV presentó en Atoyac en febrero de 2019 un plan de reparación integral para las víctimas, que empezaría en El Quemado. Consistía en una reparación individual y una reparación colectiva, con proyectos que beneficiaban al pueblo, como la construcción de un libramiento a la carretera federal y de un memorial. Sin embargo, tras sólo unos meses de trabajo, las víctimas de El Quemado decidieron repentinamente detener la construcción del monumento para protestar que la reparación económica individual no avanzaba. De esta manera, tal vez inintencionalmente, el proyecto del gobierno mexicano abrió la vía política de la reparación en el que la memoria se convirtió en una disputa entre el Estado y el pueblo agraviado.
La lucha de El Quemado encuentra teóricamente un contexto favorable con la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990, que incluye también la reparación. Esta comisión de la verdad es el segundo mecanismo de justicia transicional, es decir, la serie de dispositvos establecidos sobre todo en África y América Latina para proporcionar justicia a las víctimas a través de medidas de reparación, creado en México para investigar la guerra sucia a nivel nacional, siendo el primero la Femospp.
A pesar de los 20 años de distancia, ambos mecanismos de justicia son similares en un aspecto: el poder militar. La Femospp se enfrentó al problema de investigar judicialmente los crímenes de los soldados, cuyo poder estaba íntimamente ligado al partido hegemónico del PRI. A diferencia de la mayor parte de América Latina, México no experimentó una dictadura militar en la segunda mitad del siglo XX; mientras países como Argentina, Chile y Brasil, entre otros, tenían gobiernos militares sangrientos, México tenía gobiernos civiles que cambiaban cada seis años, pero fueron similares a los de las dictaduras del Cono Sur por los crímenes que se cometieron. A pesar del cambio de partido en las elecciones presidenciales del 2000, la impunidad, producto del pacto histórico entre la élite política y el ejército que estableció la no intervención de una esfera sobre la otra, permaneció intocable.
Los académicos Sandra Ley y Guillermo Trejo sostienen en su libro Votos, drogas y violencia que la nueva violencia vinculada al narcotráfico ha encontrado un campo fértil en este país, ya que la ausencia de cualquier mecanismo significativo de justicia transicional ha facilitado “la supervivencia de las redes criminales del Estado y de las prácticas represivas que alimentaron las guerras territoriales en la democracia”.
La creación de la Femospp se produjo en un campo de tensiones, entre las promesas de justicia y las presiones de los antiguos partidarios del régimen para bloquear las investigaciones sobre los crímenes del pasado y parece que la historia se repite con la actual Comisión de la Verdad. Aunque va empezando, es un hecho que esta comisión se enfrenta al poder del Ejército y a su histórica impunidad. Sin embargo, una diferencia importante entre ambos mecanismos es el papel más explícito de los militares en la seguridad nacional a partir de la declaración de la guerra contra las drogas en el gobierno de Felipe Calderón. Lejos de disminuir su participación, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió mantener al Ejército en su función de seguridad nacional, a la que ahora se suman actividades de servicio público.
La violencia de Estado de los años setenta sigue presente en la vida cotidiana de hoy por la continuidad histórica del Ejército mexicano en la seguridad nacional en los últimos 50 años. Esta participación es muy visible en la historia de Guerrero, región paradigmática para entender los crímenes de Estado durante la guerra sucia y la guerra contra el narcotráfico. El antropólogo Will G. Pansters dice que la militarización de México para hacer frente a la violencia ha incluido la represión de los movimientos sociales. “Una vez que el Ejército toma el control de regiones conflictivas y violentas, resulta difícil distinguir entre la fuerza empleada para combatir el crimen organizado y la dirigida a reducir la protesta social y el conflicto político. En ningún lugar es esto más evidente que en el empobrecido y conflictivo estado de Guerrero, aunque ciertamente no es una excepción”.
Con el apoyo de diversos actores sociales, de manera destacada la organización Guerrero es Primero con Arturo García, los sobrevivientes de la Guerra Sucia de El Quemado continúan su lucha por la reparación. Como informó El Sur en julio pasado, los campesinos bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para presionar al gobierno federal. La titular de la CEAV, Martha Yuridia Rodríguez acudió días después a El Quemado, pero lamentablemente, dicen los agraviados, esta institución federal no ha dado resultados.
¿Por qué persisten estas demandas de reparación? Aunque las víctimas sean reconocidas por el gobierno, no son todavía indemnizadas acorde a lo que ellas consideran justo. La historia de la Guerra Sucia es ya conocida por algunos sectores de la población mexicana, pero la condición de víctima sigue en disputa, por ejemplo, a través de la burocrotización de dicho estatus, como el trabajo de campo realizado este año constató: el sistema político restringue quién puede ser considerado víctima en función de los gravosos procedimientos administrativos impuestos a las personas agraviadas.
La reparación está íntimamente ligada a la construcción de la memoria y de la historia en la medida en que la compensación anhelada se basa en los crímenes cometidos por el Estado, cuyo relato producido por una comisión de la verdad entra en disputa con los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos. Aun así, es indispensable contar de nuevo la historia de la guerra sucia porque las víctimas no están satisfechas, como las y los sobrevivientes de El Quemado.

*Resumen de tesis para acreditar la maestría en Estudios Comparados en Antropología, Historia y Sociología de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS) en Marsella, Francia.