En la actualidad se ha popularizado el concepto de resiliencia. En el contexto de la ecología, la reducción de riesgo de desastres, el concepto de resiliencia ha sido un término familiar. En el caso del cambio climático también se ha popularizado, la Ley General de Cambio Climático la define como: “Capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio climático.” Digamos, que es la medida de la elasticidad de un sistema.
Por ello, fue interesante conocer que el pasado lunes 24 de octubre, el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas presentó en México su Estudio Económico y Social Mundial 2016: resiliencia al cambio climático – una oportunidad para reducir las desigualdades. Con el Estudio se tiene el propósito de contribuir a aplicar una agenda para el desarrollo sostenible, proporcionando atención especial a los efectos de los peligros climáticos en la vida de las personas y sus medios de subsistencia. Ver publicación en página electrónica http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/
El estudio utiliza como base de análisis los reportes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que indican que se ha elevado la frecuencia, la intensidad, el alcance espacial, la duración y la época de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, lo que puede originar peligros climáticos sin precedentes. Estos peligros pueden provocar un fenómeno físico inducido por el cambio climático que cause desde pérdidas de vidas humanas hasta daños a bienes materiales. En el reporte se presentan más evidencias de que el cambio climático está afectando de manera desproporcionada a las poblaciones y comunidades pobres y vulnerables. Se sostiene que, “ante la falta de políticas transformativas que incorporen de forma coherente las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, el fomento de la resiliencia al clima seguirá sin concretarse y la pobreza y las desigualdades se acrecentarán.”
Conforme a la Ley General de Cambio Climático, la adaptación se define como las “medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos;” en tanto la mitigación es la “aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero.”
En el reporte se hace énfasis en que los debates relacionados al cambio climático se ha prestado menos atención a las labores de adaptación que a las de mitigación. Al respecto se establecen tres causas: Primero, para lograr la adaptación en los niveles deseables de la sociedad, dado que se trata de un bien público, es preciso realizar intervenciones públicas explícitas. Segundo, no hay un método claro para medir el impacto de las labores de adaptación. Tercero, la adaptación es compleja y difícil de acometer, ya que requiere la adopción de medidas en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo.
En el reporte se hace énfasis que los peligros climáticos afectan en mayor medida a los países de bajos ingresos, que en el ámbito económico alcanzan el 5 por ciento de su ingreso nacional, en tanto los países de altos ingresos alcanzan un 0.2 por ciento. Asimismo, dentro de cada país, en particular cuando existen grandes desigualdades, los peligros climáticos repercuten de forma desproporcionada en los grupos pobres y vulnerables; si no se les pone solución, los peligros climáticos agravan todavía más las desigualdades. En un círculo perverso, las desigualdades estructurales dejan a grandes grupos de población desproporcionadamente expuestos y vulnerables a los peligros climáticos, por ejemplo, las grandes diferencias en la riqueza y el nivel de ingresos, las particularidades de la zona de residencia y la calidad de las viviendas, así como la falta de acceso a las infraestructuras y los servicios públicos básicos.
Por ejemplo, en el 2000, el 11 por ciento de la población en las regiones en desarrollo vivía en “zonas costeras de baja elevación”. Muchos de ellos eran pobres y obligados a vivir en llanuras de inundación porque carecían de los recursos necesarios para vivir en zonas más seguras. El informe también encontró una mayor concentración de grupos pobres y marginados en las zonas áridas, semiáridas y secas subhúmedas que cubren alrededor del 40 por ciento de la superficie terrestre. Alrededor del 29 por ciento de la población mundial vive en esas zonas y enfrenta desafíos adicionales debido al cambio climático.
Por ello, el estudio recalca que: “Las políticas destinadas a fomentar la resiliencia al cambio climático no sólo deben abordar los riesgos relacionados con el clima en sí, sino también los factores socioeconómicos y políticos que perpetúan la desigualdad, exacerbando así los riesgos.”
Para ello, el reporte considera que es importante contar con evaluaciones integradas que permitan comprender los posibles efectos del cambio climático en las personas y sus medios de subsistencia. Dichas evaluaciones pueden contribuir de tres maneras: Primero, pueden auxiliar a centrar más la atención en las actividades de adaptación. Segundo, pueden aportar información sobre los efectos en el conjunto de la economía. Tercero, pueden centrar más la atención en las desigualdades.
Asimismo, el reporte establece que para impulsar una agenda transformadora que fomente la resiliencia al cambio climático se requieren cuando menos tres cambios fundamentales en los procesos de formulación de políticas: Uno, la adopción de un proyecto estratégico de desarrollo a más largo plazo; dos, un enfoque integrado y equilibrado para abordar las relaciones entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo; y tres, una mejor capacidad de los sistemas de formulación de políticas para centrar a su atención en un mayor abanico de interesados e incorporarlos, en apoyo de la adopción de decisiones inclusivas.
También, el reporte alude al tema de financiamiento para la adaptación, indicando que la financiación de las iniciativas de mitigación es 16 veces superior a la de los proyectos de adaptación. Esto se explica que es debido: Primero, a que los proyectos de adaptación son bienes públicos cuyos beneficiarios directos son, en su mayoría, comunidades vulnerables y locales. Segundo, la cuantificación de los efectos y los gastos de la adaptación es una tarea compleja. Tercero, no existe una definición de adaptación convenida internacionalmente y funcional. Al respecto, se propone, que al tener carácter de bien público de la adaptación, es necesario realizar esfuerzos destinados a aumentar el financiamiento mediante iniciativas públicas nacionales e internacionales.
Asimismo, se manifiesta en el estudio que los conocimientos, la tecnología y la innovación deben estar a disposición de la población vulnerable en riesgo. Para ello se requieren esfuerzos públicos coordinados. La cooperación internacional debe facilitar la transferencia más rápida de tecnología y conocimientos especializados, que contribuyan a crear capacidades nacionales para implantar la tecnología e innovación para la adaptación; así como el crecimiento de los recursos para investigación y desarrollo.
Este reporte apuntala el hecho de que en México se debe fortalecer los temas relacionados a la adaptación al cambio climático. Atender este tipo de reportes con seriedad. En especial, en las entidades del sur del país, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde la pobreza y desigualdad, así como nuestras menores capacidades de adaptación actuales nos hacen especialmente vulnerables al cambio climático. Se trata de concentrarse en crear resiliencia y garantizar que el desarrollo esté al tanto de los riesgos del cambio climático y que sea sostenible. Se nos está haciendo tarde para ello.
P.D. Este viernes 4 de noviembre, entró en vigor el Acuerdo de París sobre cambio climático. Es nuestra oportunidad de cambiar el modelo de vida injusto e ineficiente para darle futuro no sólo a las generaciones presentes, sino las que están por llegar.