En estos quince días de nuevo gobierno federal, han resultado muy nítidos los tajantes rechazos de aquellos que se resisten a dejar privilegios económicos que sin parangón alguno han gozado desde décadas atrás. Su resistencia exhibe su desnudez de avaricia y egoísmo material; defendiendo hasta con las uñas afiladas y pulcramente barnizadas, las altas percepciones económicas burocráticas que reciben.
Aquellos que han contribuido a que reducidos plutócratas se hayan beneficiado desde antiguo con la mayor parte de la riqueza nacional, políticamente se resisten a dejar de hacerlo y llevarse su parte; usando una y mil argucias y artilugios legaloides, para defender lo que éticamente no les corresponde en una sociedad que quiere vivir con auténtica justicia social, sin pronunciada desigualdad.
En un país en donde la mayoría de su población tiene un ingreso personal insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria familiar, los gobernantes y legisladores, magistrados y funcionarios públicos, que supuestamente representan a la mayoría de los ciudadanos y cuya misión es velar por ellos, tienen salarios extra superavitarios, que rebasan por mucho lo requerido para llevar una vida satisfactoria, digna y decorosa. Guardan mucha incongruencia con el estatus económico de un pueblo exánime en el contexto de una democracia republicana.
Algunos magistrados y jueces; ciertos senadores y diputados; determinados presidentes y directores de órganos autónomos como el electoral, el de los derechos humanos, el de la información y transparencia, por mencionar los más conspicuos; dan cuenta de la aberración que postula que entre más paga tengan, más honestos serán. Circunscriben el mérito de ganar dinero a temas que son ajenos a los ámbitos axiológicos y deontológicos; a los de la ética y la moral.
Esos expoliadores de un exangüe presupuesto público aún no quieren percatarse de la brutal desigualdad social imperante en nuestro país; mantenedora de más de 60 millones de mexicanos en la pobreza –en sus diversas modalidades– que exigen una perentoria transformación, so pena que siga expandiéndose la ingobernabilidad, la violencia y delincuencia regional; escudándose estos altos burócratas en un marco de laxa y simuladora legalidad que ejemplifica la mala distribución del gasto público, sobre todo en lo concerniente a salarios y remuneraciones de los servidores públicos. Viven estos señores en sus “Palacios de Versalles”, saboreando sus pastelillos favoritos; mientras que la mayoría del pueblo en las calles grita de hambre y exige pan.
PD1. Guerrero nos necesita a todos. A los pobres, a los presos políticos, a las víctimas de la represión social, a los golpeados y torturados, a los indígenas encarcelados con incorrectos procesos judiciales, a los desposeídos y extorsionados, a los desamparados de la justicia puesta al mejor postor, a los que sin dinero son discriminados e ignorados, a los sin voz, a las dolientes y agredidas por género, a los desaparecidos, a los desplazados, a todos los jóvenes sin futuro. De lo contrario, la convocatoria oficial a la unidad seguirá siendo una frase lanzada al vacío, huera y por tanto de farsa.
PD2. Los partidos políticos, PRI, PAN, PRD y MC se unen para frenar la ley que reduce el sueldo de los altos funcionarios federales. Del PRI y del PAN se entiende; pero el PRD y el MC muestran que no tienen un gajo de mandarina.
PD3. Persiste la irresponsabilidad de la Secretaria de Finanzas del gobierno estatal de no enviar al Congreso local el desglose del proyecto de presupuesto de egresos 2019. Parece que no quieren que se analice a detalle y tan solo se apruebe al vapor, previa intentona de “mochada”. Empezando por los acostumbrados a ella.
PD4. En febrero próximo, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, vendrá a Guerrero a dar el arranque del programa federal de fertilizante 2019, para productores de granos básicos.