La semana pasada 25 personas privadas de la libertad, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) asistieron a una serie de audiencias de ejecución para buscar la revisión de las medidas de internamiento en las que se encuentran durante su prisión preventiva que inició luego de las detenciones arbitrarias del 7 de enero de este año.
Dentro de lo que representa la construcción de un nuevo paradigma que tiene su parteaguas en el 2008 cuando se aprobó la reforma al sistema de justicia penal en México, tenemos además de los conocidos como juicios orales lo correspondiente al sistema penitenciario; a la ejecución penal. Para el catedrático Miguel Sarré no sirve un juicio justo si la ejecución de las resoluciones no es justa, si no hay una ejecución apegada a derecho.
El investigador nos dice que los jueces de ejecución penal se erigen como la autoridad máxima de las prisiones, teniendo como encomienda garantizar que las sentencias y las órdenes de prisión preventiva se cumplan sin excesos, sin abusos y sin privilegios, en el marco normativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal que se promulgó el mismo día que el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Es decir, para transformar el rostro de las prisiones, por un lado las direcciones de los centros penitenciarios deben rendir cuentas al juez de ejecución a su vez que es tarea de la defensa, los visitantes, observadores de la sociedad civil, representantes de grupos vulnerables, generar una interacción en torno a la prisión para insistir en que se cumplan las resoluciones judiciales en un espacio donde las personas se desarrollen libremente en las limitaciones de la prisión, que las personas privadas de la libertad tengan derecho a su plan de actividades, a no perder su identidad, a tener su proyecto de vida, ubicados en un espacio controlado por el Estado donde no se viole sistemáticamente la ley como ocurre en varias prisiones. Condiciones razonables sin excesos ni privilegios, prisión con ley, nos advierte Sarre.
A nivel internacional, uno de los referentes en la cuestión de internamiento son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Las reglas destacan que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario.
Para mencionar una de las reglas que traen a colación una de las situaciones expuesta por los 25 del Cecop, tenemos que la regla 42 nos dice: “Las condiciones de vida generales a las que se hace referencia en las presentes reglas, incluidas las relativas a la iluminación, la ventilación, la climatización, el saneamiento, la nutrición, el agua potable, el acceso al aire libre y el ejercicio físico, la higiene personal, la atención de la salud y un espacio personal suficiente, se aplicarán a todos los reclusos sin excepción”.
Dentro de los testimonios vertidos por las personas privadas de la libertad a pregunta de la juez de ejecución, hubo diversas voces que denunciaron la venta de garrafones de agua aparentemente potable aunque anteriormente les dotaban del líquido sin costo, como debe ser, ahora como les están saliendo caros, según habría dicho una persona del área de cocina, les comenzaban a vender los garrafones.
El director del penal, durante el desarrollo de las audiencias en un primer momento negó que se estuvieran violentando los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, soltando diversos argumentos como el relativo al agua donde menciono que “es del dominio público la escases de agua en Acapulco que afecta al Centro” y refirió que han tenido que comprar pipas de agua potable para 2 mil internos, lo cual resulta costoso y que tienen pozos profundos pero al cambiar la red eléctrica la bomba tiene cortos y eso interviene en el suministro y que tienen una empresa que les surte agua pero que “los internos quieren tomar pura agua Electropura”.
Al escuchar esto, hubo gestos de sorpresa y negación por parte de familiares y de los propios imputados, al rechazar que lo que planteen sea algo inventado, cuándo son muchas cosas las que les tocan vivir adentro, no solamente el viaje largo desde comunidades aledañas al río Papagayo, sino en la cárcel donde se percibe lejano el respeto a los derechos fundamentales, atraviesan por una serie de obstáculos o simulaciones como es el que el personal desde el guardia hasta trabajadores de otras áreas les tomen fotografías a cada momento durante la visita o les muevan la comida de una manera grosera manoseando los alimentos.
Para las familiares de las personas privadas de la libertad esto resulta un viacrucis, parece no bastar la situación complicada que prevalece para los internos al estar imputados y haber dejado sus tierras, sus labores cotidianas, sus familias para permanecer en una prisión preventiva que le quedó cómoda al Estado para buscar debilitar el movimiento en defensa del agua y el territorio, sus familiares se enfrentan a una demora de hasta tres horas para que puedan entrar, asimismo han enfrentado hostigamiento.
La semana pasada las audiencias de ejecución se realizaron con la presencia fragmentada de los 25 del Cecop, para el 3 y 4 acudieron nueve entre éstos Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo, abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señalaron ante la juez de ejecución Isis Peralta Salvador, violaciones a los derechos humanos que merecen atención urgente.
Prevalece para las condiciones de las personas privadas de la libertad una falta de atención médica adecuada, alimentación, trato digno, así cómo restricciones de la visita familiar y abogados, falta de comunicación con el mundo exterior, así como persistía el aislamiento injustificado que padecían los hermanos Marco Antonio y Vicente.
El miércoles 4 la contraparte integrada por el encargado del penal de Las Cruces, el titular de Readaptación Social en Guerrero y su represente legal buscaron terminar con el proceso y que se declarara nulo, sin embargo los abogados de los 25 expondrían que había violaciones denunciadas eran caso urgente ya que muchas de ellas ponen en riesgo la salud, la dignidad y la vida.
Y así fueron expuestas tanto por los abogados como por los propios testimonios de las personas privadas de su libertad, cuestiones de salud como los casos de adultos mayores que tienen afectaciones en los ojos, dolores en el cuerpo o diabetes crónica, así también otros más que presentan dolencias en la espalda, pecho así como ocurre con Marco, quien recordó que el día que fue detenido, fue desnudado y torturado por policías para hacerle disparar un arma, al acotar su narrativa por economía procesal dijo que el 10 de enero sin justificación alguna fueron sometidos a un aislamiento en una celda oscura de la que no les permiten salir a espacios abiertos al grado de que allí reciben sus alimentos y visitas. Que no puede hablar por teléfono, que debe lavar su ropa en el wc además de que para los dolores fuertes que le dan solo le recetaron paracetamol.
La juez Isis Peralta Salvador resolvió que Marco Antonio Suástegui debía ser reubicado en una celda con condiciones dignas y tener espacios de esparcimiento como el resto de las personas privadas de la libertad. Al continuar el día 5 con otros la presencia de otros ocho compañeros, la juez resolvió ordenar al Centro de Reinserción Social generar las condiciones de internamiento dignas para las personas privadas de su libertad, dotarles de suficiente agua para beber contando con un mecanismo de supervisión entre la defensa y el centro en relación al suministro de agua.
El viernes, las cosas fueron un poco distintas y la última audiencia de ejecución se desarrollo dentro del Cereso, mientras que las anteriores habrían sido en la unidad de servicios judiciales. Para Tlachinollan es de suma relevancia que jueces de ejecución vigilen cada vez más la situación de las personas privadas de su libertad, que sean garantes de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sabemos que es una tarea compleja y en construcción sin embargo, al ser los centros penitenciarios parte esencial del sistema de justicia debe velarse que no se cometan violaciones a los derechos humanos.
La falta de respeto a los derechos y las leyes de parte de las autoridades, así como la concepción de un derecho penal de autor que ve en la persona privada de la libertad como enferma que requiere un tratamiento, tiene hoy en día en una situación de colapso a los penales. Por ello, las resoluciones que los jueces de ejecución emitan a partir de casos concretos obligando a las autoridades a mejorar la infraestructura y respetar los derechos humanos, serán trascendentales para ir gestando cambios en esta asignatura.