En todas las encuestas la seguridad aparece como el principal problema a resolver debido a que esta percepción afecta el estado de ánimo individual y colectivo, más allá de edad, condición económica o social, estado de la república o región del país. Salvo el caso de Yucatán, en donde predomina la percepción de que los índices de inseguridad o de violencia se mantienen bajo control, en el resto del país el clima de violencia constituye el principal desafío a resolver o superar.
Su deterioro no solamente ha ahuyentado inversiones, obligado a miles de familias a cambiar su residencia debido a las amenazas o acciones de violencia cumplidas, en especial en todos los estados del norte del país, aunque también ha afectado a entidades como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Morelos, México, Puebla. Conforme uno enlista los estados con graves problemas de violencia se van incluyendo a los 31 estados de la república.
Sin embargo, muchos politólogos y estudiosos de los problemas sociales en México consideran que el auténtico y genuino primer problema nacional es el de la gobernabilidad o gobernanza, ausencia creciente de gobierno o, en el más optimista de los casos, la existencia de gobiernos débiles, sometidos o coludidos con grupos de interés, de presión, económicos o políticos.
Opinan los especialistas que las sociedades más avanzadas en todos los aspectos cuentan con gobiernos sólidos, más que fuertes, comprometidos más con el servicio que con autocatalogarse como “jefes”, respetuosos y activos en el cumplimiento de la ley, más que en la negociación de la misma de acuerdo a los intereses que intentan, todo el tiempo, de estirar o adaptar el reglamento a sus ambiciones o intereses.
En este contexto, justamente, hay quienes interpretan los beneficios del ejercicio de revocación de mandato, que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo ejercicio podría ser emulado por los gobiernos de los estados para afianzar su fortaleza o romper con la inercia de sometimiento, debilidad y transitoriedad de los puestos, lo que en muchos casos se ha convertido más en acicate para la corrupción y el enriquecimiento de quienes ven los cargos públicos como oportunidades de hacerse de recursos siempre mal habidos.
Luego de muchos gritos y sombrerazos, la mesura se impuso y se llegó a la conclusión obvia desde el principio: la consulta sobre revocación de mandato, un derecho ciudadano que se ha discutido y conquistado a lo largo de muchas décadas, se ejercerá democráticamente en nuestro país, el próximo 10 de abril.
Se hará con lo que se puede, sin derroches, con los guardaditos del INE y con la austeridad que siempre debió regir en cualquier proceso de participación ciudadana: se pondrán menos urnas, pero todos podremos ejercer nuestro derecho y manifestar si queremos que el presidente López Obrador concluya el mandato para el que fue elegido o se retire porque carece de la mayoría necesaria para avanzar en la tarea de recuperar la gobernabilidad.
Entretanto en Guerrero, transcurridos los primeros cien días del gobierno de Evelyn Salgado, de cuyos resultados la gobernadora dio cumplida cuenta en días pasados, los temas pendientes, incluso algunos incubados por decenios, se manifiestan y exigen acciones prontas y eficaces de gobierno.
Es de sobra sabido que el cambio de administración no garantiza, de ninguna manera, un cambio de gobierno. Las experiencias federales en el año 2000, cuando el PAN con Vicente Fox a la cabeza obtuvo la Presidencia de la República, no produjo cambios sustantivos. Los servicios públicos de salud y educación mantuvieron su deterioro creciente hasta volverse la principal arma de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
En Guerrero los cambios de partido no han logrado cambios de gobierno eficaces. Ese es el gran desafío de la actual gobernadora, quien ya enfrenta las presiones, las amenazas, tentaciones, adversidades de sus antecesores, la mayoría de los cuales sucumbieron, más pronto que tarde, a la soberbia de creer que, con su sola presencia, los cambios se producirían por sí solos. La realidad los colocó en su lugar y el pueblo, cansado de esperar, optó otra vez por el cambio, con la esperanza de alcanzarlo algún día, en algún momento, y los resultados se traduzcan en mejor salud, educación y oportunidades de progreso para sus habitantes.
El fin de semana, en víspera del primer “puente” del año, lapsos siempre propicios para la reactivación del turismo en los polos de la región, una escaramuza en la caseta de Palo Blanco revivió abruptamente el conflicto de Ayotzinapa, que no sólo no se ha resuelto a lo largo de los años, sino que ahora arrastra la carga política y emocional de los 43 desaparecidos en Iguala hace más de siete años.
La gobernadora reaccionó pocas horas después y no lo hizo mal, apostando por el diálogo y la no represión, al recordar que su gobierno es emanado del pueblo y sirve a éste.
Lo cierto es que las herramientas del diálogo y la negociación no han logrado resolver la problemática planteada por los normalistas, pero a cambio se ha permitido de manera cotidiana prácticas como la toma de casetas de peaje y la apropiación de cuotas, el secuestro de autobuses y camiones de carga, uno de los cuales fue lanzado esta vez, por cierto, contra el bloqueo de la Guardia Nacional que resguardaba el lugar.
Será difícil luchar contra esa cultura de apropiación o expropiación que se ha extendido entre los normalistas, y todo un reto que mediante el diálogo se llegue a acuerdos duraderos, tanto que permita que los estudiantes regresen a las aulas a prepararse para ejercer la función docente que han escogido.
Otros fenómenos siguen presentes en el día a día en el estado, como las actividades de los grupos del crimen organizado, que atacan a comunidades en donde buscan posicionarse; hace unos días invadieron y prendieron fuego a un domicilio en una colonia de Chilpancingo, donde murió un joven y otros dos sobrevivieron lesionados; antes había ocurrido la ejecución de cuatro personas en un poblado de la Costa Chica, y el abandono de restos humanos en bolsas dejadas a la orilla de la autopista; también se reportó la quema de camiones repartidores y otros vehículos en diversos puntos del estado.
Para aumentar la complicación, la pandemia del Covid está nuevamente a la alza en todo el país, y Guerrero ha pasado del verde al amarillo en el semáforo epidemiológico, con un número creciente de contagiados y fallecimientos.
Muchos de estos asuntos rebasan el ámbito local, pero en su conjunto representan la problemática en que el estado vive y sobrevive, y a la que el gobierno local deberá dar respuesta, la mayor parte de las veces en coordinación y colaboración con los poderes federales.
El tiempo corre, la exigencia social se mantiene y seguirá creciendo. Se requiere humildad genuina, mente abierta y auténtico deseo de cambio, o sea, combatir denodada y decididamente la soberbia. Lo demás vendrá por añadidura.