EL-SUR

Viernes 27 de Mayo de 2022

Guerrero, México

Opinión

Retos y oportunidades en la legislación ambiental

Octavio Klimek Alcaraz

Octubre 06, 2018

Con el inicio de la LXIV Legislatura 2018-2021 en el Congreso de la Unión, se perciben posibles retos y oportunidades en los temas de la legislación ambiental. La mayoría simple que tiene en ambas Cámara de Diputados y Senadores el Grupo Parlamentario de Morena, en adelante Morena, le permitiría proponer una agenda legislativa en la materia ambiental, que sin grandes costos en la negociación política puede hacer transitar diversas iniciativas en la materia ambiental. Morena cuenta con 255 del total de 500 diputados en Cámara de Diputados. En el caso de la Cámara de Senadores, Morena cuenta con 59 de un total de 128 senadores de Morena en Cámra de Senadores, pero con el apoyo de sus aliados de los Grupos Parlamentarios del PT (seis senadores) y del PES (cinco senadores), no tiene problema de lograr dicha mayoría simple. Todo esto en el pleno de ambas cámaras.
De manera proporcional se integran las dos Comisiones Ordinarias en materia ambiental de ambas Cámaras, así que Morena lleva mano en los procesos de dictamen de iniciativas legislativas. Sin embargo, dichas Comisiones Ordinarias son presididas por el Grupo Parlamentario del autodenominado Verde, lo que aumenta innecesariamente el costo de la negociación política, al ser los presidentes los que de facto manejan la agenda legislativa y el trabajo cotidiano de dichas Comisiones.

Los retos

El primer reto es lograr un Presupuestos de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, que se oriente a recuperar la inversión para la gestión ambiental en las entidades federativas, la conservación de la naturaleza a través de las comunidades rurales y la protección del ambiente en las principales áreas urbanas del país.
Hay que recordar, que el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), autorizado en 2018, con el que cuenta el Sector del Medio Ambiente y Recursos Naturales, asciende a 37 mil 580.6 millones de pesos. Esto representa mil 522.0 millones de pesos más que el PEF 2017 aprobado, un 4.2 por ciento más en términos relativos. Sin embargo, en términos reales con una inflación estimada para el 2018 de 4.89 por ciento, existe una reducción real de menos 0.9 por ciento (reducción de 315.6 millones de pesos respecto al 2017). Esto, es insuficiente ante la magnitud de tareas a desarrollar por el sector, que atiende desde los asuntos del agua, los de los ecosistemas forestales y las áreas naturales protegidas por citar algunos de ellos.
Otro reto importante es, el que la Cámara de Diputados deseche la Minuta de Ley General de Biodiversidad, que se encuentra a revisión en la misma. Posteriormente iniciar en Parlamento Abierto una amplia discusión pública sobre las necesidades legislativas respecto a la biodiversidad. Se requiere iniciar un proceso de diálogo para legislar en la materia con objetivos claros. Al respecto, existen temas claves en los que falta mayor claridad de la ruta a seguir, sin ser limitativo, por ejemplo: los de la conservación de la diversidad genética ante su erosión, los de acceso a los recursos genéticos y su reparto justo y equitativo, así como la salvaguarda del patrimonio biocultural; los de las especies exóticas invasoras; los de ecosistemas y especies en riesgo; los de aprovechamiento de la vida silvestre y su derecho a vivir en libertad.

Las oportunidades

De entrada, se debe dar cabal cumplimiento a la reforma del año 2012 del artículo Cuarto Constitucional, que señala el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico de las personas. La reforma señala en su correspondiente artículo transitorio, que en el término de un año se debía expedir por el Congreso de la Unión su ley reglamentaria, que es la Ley General de Aguas donde se distribuyen las competencias en la materia de la federación, las entidades federativas y los municipios.
Existen diversas reformas que se han presentado en anteriores legislaturas y por diversas circunstancias no han prosperado. En especial hay reformas que son necesarias para mejorar la gestión ambiental a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). A continuación, se enumeran y comenta de manera breve las que consideró prioritarias:
Reforma para incluir un nuevo instrumento de política ambiental, que es la evaluación ambiental estratégica, dicho instrumento es clave para incluir la dimensión ambiental en las políticas, planes y programas de la administración pública de manera preventiva y es en la actualidad un instrumento ampliamente aplicado en diversos países del mundo y por organismos internacionales.
Reforma para fortalecer el carácter preventivo del procedimiento de evaluación del impacto ambiental de proyectos. Es urgente mejorar la evaluación del impacto ambiental de proyectos, que en la actualidad se observa como un mero trámite burocrático, en donde los impactos ambientales adversos son todos mitigables o compensables.
Reforma para crear el Consejo Nacional de Autoridades Ambientales, como organismo de consulta, coordinación y cooperación en materia ambiental entre autoridades ambientales de la federación y de las entidades federativas.
Reforma para fortalecer la conservación comunitaria, que se expresa en la actual categoría de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, hasta la inclusión de nuevas categorías de área natural protegida, como los geoparques.
Reforma para prohibir la exploración y explotación de minerales en áreas naturales protegidas.
Reforma para incluir el principio precautorio. La Declaración de Río 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo, considera la inclusión del principio precautorio. El principio precautorio señala, que en donde existan amenazas de daños graves o irreversibles no se usará la falta de certeza científica total como razón para posponer la adopción de medidas costo-efectivas para prevenir el deterioro medioambiental. Debido a que México firmó y ratificó la Declaración de Río de está obligado a utilizar el principio precautorio.
Además, en el Senado se encuentran para ser dictaminadas dos Minutas de reformas a la LGEEPA:
La primera es en materia de restauración ecológica, para mitigar los impactos del aprovechamiento de recursos naturales no renovables, que son la base de la actividad minera y petrolera, en el medio ambiente y la sociedad.
La segunda es en materia de contaminación lumínica, que se basa en impulsar el derecho a los cielos oscuros y la eficiencia energética.
Es, además, necesario reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, recién expedida el pasado 5 de junio, que tiene varias deficiencias, que van desde un marco de competencias confusos, temas regresivos en materia de acceso a recursos biológicos forestales, y diversos errores técnicos de su redacción.
También es necesario señalar, que se deben realizar reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el objeto de homologar legislación en temas de economía circular, que van desde el prohibir plásticos de un solo uso, hacer efectiva la responsabilidad de la industria en la generación de residuos, entre diversos aspectos de la economía circular y el análisis del ciclo de vida.
Entre las principales reformas a la Ley General de Cambio Climático, es posible señalar la necesidad de implementar los denominados “presupuestos de carbono” con el objetivo de lograr cumplir puntualmente los compromisos de mitigación del país y fortalecimiento de la evaluación de las políticas públicas del cambio climático.
Finalmente, señalaría que existen oportunidades de legislación ambiental a debate, se podrían comentar de manera breve tres:
Una, es el tema de modificar el estatus de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para darle una mayor autonomía.
La segunda es la de expedir una Ley para la Protección y Conservación de Mares y Costas, que promueva su gestión integral.
Finalmente, la tercera sería el expedir una Ley General de Responsabilidad Ambiental, que abrogaría la actual Ley Federal de Responsabilidad Ambiental inoperante, que crearía competencias para entidades federativas y Municipios ante el daño ambiental, que debe ser reparado.