Es normal que los funcionarios gubernamentales sufran irremediable desgaste producto de su papel como armonizadores de intereses siempre encontrados. Malo cuando esos empleados públicos no cumplen con sus atribuciones y responsabilidades y se convierten en “quedabien” y la cohesión social se pierde, la autoridad se desvanece y prevalecen todo tipo de intereses por encima del único válido, el interés colectivo.
Buena parte de la época llamada neoliberal, en México y en muchos países del mundo, se caracterizó, precisamente, por la cesión de atribuciones y responsabilidades de los gobernantes a entes privados, lo que llevó a que intereses particulares estuvieran, en muchos casos, por encima del interés público, de la justicia y la equidad.
Precisamente, el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con su líder moral Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, se da por el grave desgaste (pero sobre todo desprestigio) del priísmo y del panismo, cuyos gobiernos perdieron el rumbo, la brújula y se dedicaron a otras tareas, menos la de gobernar.
El presidente López Obrador encontró tierra fértil para que el ejercicio de la función de gobernar se restableciera y aún hoy, buena parte de quienes lo apoyaron mantienen su respaldo, porque confían en que se cumpla no sólo con las promesas de campaña, sino en especial con la tarea de gobernar, impartir justicia, garantizar el bienestar de la mayoría y la prevalencia de los intereses superiores de la Nación, por encima de los particulares, de grupo o partidistas.
Sin embargo, la tarea no es sencilla y mucho menos fácil. Se enfrentan vicios, anomalías, deficiencias, omisiones y errores acumulados durante décadas, imposibles de solucionar en poco tiempo. La situación del Poder Judicial de la Federación es en extremo delicada, sin menospreciar la que enfrenta todo el gobierno en su conjunto, expuesto todos los días a la crítica y con muchos funcionarios que prefieren el anonimato y se esconden debajo del manto protector de quien los haya nombrado, trátese de los altos niveles o de los superiores y medianos.
La rebelión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, la destitución de su presidente y el cuestionamiento que se ha producido a continuación en esa instancia, han ocurrido en el peor de los momentos, justo cuando a esa institución le corresponde atender los requerimientos e inconformidades de candidatos, partidos y ciudadanos, luego de los comicios de junio pasado.
Así, un cúmulo de asuntos se ha retrasado, y los inconformes deberán esperar a que el Tribunal se haya puesto al corriente en sus dictámenes, que constituyen la última palabra en todo proceso electoral.
En el caso de Campeche, por ejemplo, cuyo relevo de gobierno se hace en coincidencia con las fiestas patrias, el TEPJF acaba de ordenar el recuento total de los votos para elegir gobernador. El conteo original de la votación dio como ganadora a Layda Sansores, pero ahora todo está en “veremos” en una elección muy apretada, entre los reparos de quienes se llaman defraudados y la frustración de quienes ya parecían no tener obstáculos. Van a terminar fallando al cuarto para las doce, poniendo en riesgo adicional el proceso de transición y obstaculizando al nuevo gobierno y su eficacia en los primeros días.
En Guerrero tampoco está resuelta la situación, aunque el panorama es otro. Como sabemos, en nuestra entidad faltan más de dos meses para el inicio del nuevo gobierno. Pero apenas hacia el fin de la semana anterior, el Tribunal dio entrada a la impugnación presentada por la coalición opositora, constituida por el PRI y el PRD, la cual tendrá que desahogarse en los próximos días.
No es probable además que ese recurso tenga éxito, habida cuenta de la gran diferencia de votos obtenidos en la elección entre el primero y el segundo lugar.
Ello no ha paralizado el proceso de relevo, pues la próxima gobernadora, Evelyn Salgado, se ha reunido ya en varias ocasiones con el gobernador saliente, Héctor Astudillo, y los equipos de uno y otra trabajan de manera ininterrumpida para asegurar una transición adecuada.
Otros trabajos se han puesto en marcha con miras a la elaboración del plan sexenal de desarrollo estatal, para lo cual se han convocado y se desarrollan foros en las diversas regiones de la entidad. Este mecanismo ha recibido críticas por fallas en su organización, pero lo importante es la intención de hacer un acopio de las propuestas e iniciativas de los ciudadanos para darle un impulso al estado y atender sus múltiples rezagos y carencias.
En ese panorama, lo que sigue totalmente fuera de control es la epidemia del Covid, la cual tuvo durante la semana pasada sus peores cifras de contagios y fallecimientos desde que se inició en la región, mientras los hospitales se acercan a dos tercios de su ocupación. Al igual que en el resto del país y del mundo, esta vez son jóvenes y niños los que sufren el mayor impacto.
Mayores serán los costos que deba enfrentar el estado por esta prolongada pandemia, luego que desde la Semana Santa de 2020 el turismo se paralizó y las playas y lugares de entretenimiento tuvieron que ser cerrados.
Las vacaciones de verano y las de fin de año transcurrieron con una mediana actividad y con muchos cuidados que no impidieron rebrotes derivados de las concentraciones humanas y la irresponsabilidad de algunos.
El actual periodo de verano se ha visto afectado también por la declaratoria de semáforo rojo y la restricción de actividades, que han llevado la ocupación hotelera y restaurantera a quedarse en niveles medios y bajos, con la consecuente repercusión en ingresos de todos los participantes, sobre todo de los trabajadores y pequeños comerciantes, quienes siempre llevan la peor parte.
Ojalá que ésta sea la última oleada de la enfermedad, y que en breve tengamos una mejor expectativa, acorde con los nuevos tiempos que vivirá el estado. La amenaza está latente y lo que menos se podría es caer en la confianza y descuidar las medidas de prevención.