Más que un deber, la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos es condición de existencia del Estado. Lamentablemente, en México, donde la institucionalidad hace agua por todas partes, el patrimonio y la integridad física de las personas están expuestos a la amenaza de la delincuencia y al abuso de las autoridades.
Las leyes se han convertido en pretexto para privar de derechos y con frecuencia se pierde la siempre esbelta línea que separa a los delincuentes de quienes deben perseguirlos. Todo esto ocurre ahora mismo en Zacatecas, donde el secuestro de Juan Pérez Martínez, suegro de Ricardo Monreal Ávila, pone en evidencia que el gobierno ya no puede y tampoco quiere.
La mayoría de las personas seguramente ignora quién es Juan Pérez Martínez, pero su yerno es una prominente figura de la política nacional y eso le imprime una especial relevancia al caso, pues si eso le sucede al suegro de un personaje tan relevante, cualquiera entiende que todos, sin excepción, estamos expuestos a las tarascadas de la violencia criminal y que el Estado es incapaz de protegernos.
Pero además, en este caso concurren elementos políticos que no pueden pasarse por alto. Los priistas no le perdonan a Monreal que hubiera salido del partido tricolor para incorporarse al PRD y que al pudrirse éste el político zacatecano figurara entre los fundadores de Morena, lo que también le ha concitado el rencor de los amarillos. En suma, el actual jefe delegacional en Cuauhtémoc no es monedita de oro, pero los hechos no se explican a cabalidad por meras antipatías.
Hace poco más de tres años, el Cisen y la PGR frustraron un intento de homicidio contra los hermanos Ricardo y David Monreal, previa denuncia del ahora delegado en Cuauhtémoc. Durante las pasadas elecciones, el Instituto Nacional Electoral le retiró el registro al mismo David Monreal, entonces candidato de Morena a gobernador de Zacatecas, quien apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que finalmente le restituyó el registro, pero el daño ya estaba hecho y este Monreal perdió la elección.
Ahora se presenta otra medida contra el partido de López Obrador, pues el Tribunal Electoral local anuló el triunfo a Soledad Luévano, quien fuera candidata de Morena a presidenta municipal de la capital zacatecana. El pretexto es que, dice la sentencia, incurrió en actos anticipados de campaña y precampaña y sólo hasta ahora, luego de que los ciudadanos decidieron en las urnas y meses después de los días de precampaña y campaña, el Tribunal se dio cuenta de que la candidata morenista estaba en falta. Difícil creerle.
El despojo es un insulto a los votantes y permite dudar de la imparcialidad del Tribunal Electoral local, integrado con el voto de los priistas que ahora aplauden su decisión. Para colmo, se introduce en la ciudadanía la duda sobre la limpieza de los procesos comiciales.
Y esto ocurre con el secuestro como telón de fondo, tal vez como maniobra distraccionista que puede prolongarse si una autoridad superior, por ejemplo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, echa para atrás la anulación del triunfo morenista.
Y mientras tales maniobras se suceden con una sospechosa sincronía, la vida de un ser humano corre peligro. La procuradora de Zacatecas, Leticia Catalina Soto Acosta, declaró que las autoridades investigan la denuncia por privación ilegal de la libertad, pero Ricardo Monreal, quien tiene razones para desconfiar de las autoridades estatales, envió una carta al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, en la que dice:
“Le solicito atentamente iniciar las investigaciones y diligencias dentro de sus facultades y competencia a fin de salvaguardar la vida del señor Juan Pérez Martínez”. Más adelante, en la misiva apunta que ya “se interpuso denuncia penal por este hecho ante la SEIDO y la Procuraduría de Justicia Estatal (PGJE); sin embargo, existe sobrada sospecha y desconfianza de las autoridades”, pues precisamente con ellas “se ha incrementado este tipo de delitos”.
Por supuesto, no faltará quien perciba en la carta de Monreal un sesgo político, pero el hecho es que una reciente encuesta de Parametría muestra que la percepción de inseguridad la comparte 84 por ciento de los zacatecanos y que sólo Chihuahua, Sinaloa y Aguascalientes superan a la entidad en este rubro. ¿Qué responde a eso el actual gobernador zacatecano?