Este martes 13 de mayo un juez federal con sede en la Ciudad de México ordenó la prisión preventiva a Rosario Robles ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano por el delito de ejercicio indebido del servicio público que pudiera haber ocasionado un daño al erario por un monto de 5 mil 73 millones de pesos.
1.- El origen de esta acusación se encuentra en la revisión de la aplicación de los recursos que provienen del presupuesto federal por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien desde el año 2013 descubrió operaciones financieras irregulares en la Secretaría de Desarrollo Social que encabezaba Rosario Robles en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue denominada la “Estafa maestra” en donde en complicidad con algunos representantes de Instituciones de Educación Superior se simularon contratos de muchos millones de pesos, de servicios que nunca se prestaron pero que sí fueron pagados en detrimento del dinero público que proviene de las contribuciones que hacen los ciudadanos para el desarrollo del país; pero en este caso fueron utilizados para fines distintos, sean personales, políticos o para financiar ilícitamente campañas electorales.
2.- La reacción de Peña Nieto ante estas acusaciones de una instancia como la ASF fue muy frívola, indolente, de protección, complicidad e impunidad, al decirle en un acto público a la hoy acusada “no te preocupes Rosario”. La postura de Peña Nieto de concebir a la corrupción como un fenómeno que forma parte de la cultura en México, prohijó en su gobierno hechos escandalosos de corrupción de ex gobernadores como César y Javier Duarte de Veracruz y Chihuahua a quienes puso como un ejemplo de la nueva generación política de su partido. En el gobierno del ex Presidente Peña la Procuraduría General de la República estaba bajo sus ordenes, por ello no iniciaron investigaciones para castigar a los corruptos en esa época, pero hoy que ha dejado el poder comienzan a brotar –y a sancionarse– hechos de corrupción de sus colaboradores como el del ya prófugo de la justicia Emilio Lozoya –ex director de Pemex– y el de Rosario Robles.
3.- Es muy relevante el dato de que las irregularidades en el manejo de recursos públicos que hoy se imputan a Rosario Robles provienen de acusaciones del año 2013 por parte de la ASF, quien ha señalado que ha presentados diez denuncias formales sobre este caso, del tal manera que no es un asunto aislado ni que provenga como una acción directa e inmediata del actual gobierno federal, mucho menos que tenga alguna intencionalidad política, toda vez que quien está presentando las acusaciones es la recién aprobada Fiscalía General de la Nación –que es una instancia independiente del Poder Ejecutivo– y quien está juzgando los hechos es un juez que forma parte del Poder Judicial de la Federación, que es un órgano del Estado separado de la Administración Pública Federal.
4.- En los casos de Emilio Lozoya y de Rosario Robles –dos de los cercanos colaboradores y de confianza de Peña Nieto– llama mucho la atención que ambos hayan declarado que el ex Presidente de la República, estuvo enterado de sus actos, incluso Lozoya ha pedido que lo llamen a declarar. El juez que lleva el proceso de Rosario Robles ha pedido pruebas de que Peña fue informado de los hechos que se le imputan. Lo procedente es que se esclarezca la verdad en bien de la transparencia, rendición de cuentas y de la justicia y que Peña Nieto comparezca a decir lo que sabe de ellos. Es hora de que se combata a fondo la corrupción, de que ningún servidor público de cualquier nivel goce de impunidad, incluido el titular del Poder Ejecutivo Federal como Jefe del Estado –quien es el más obligado a cuidar el dinero del pueblo– y de haber pruebas, se les castigue conforme a la ley.

marcialrodriguezsaldana.mx