La escalada de violencia que ha hecho víctima al pueblo de Guerrero, ha permitido probar y comprobar que los últimos gobiernos estatales son, aparte insensibles, sumamente resistentes. Su debilidad frente a la apabullante realidad los hace inmunes a cualquier tipo de responsabilidad. También ha mostrado que la vergüenza de los funcionarios es un rasgo totalmente desconocido.
Guerrero es, hoy por hoy, el estado más inseguro del país, por ende su gobierno es el más fallido de la federación, también el más inconsciente pues sus integrantes actúan como si no pasara nada.
La prensa nacional e internacional ha referido en las últimas semanas los graves hechos de violencia, inseguridad y ausencia de gobierno que vive el estado. En otros países, por mucho menos, tanto el titular como su equipo directivo ya hubieran sido sustituidos o renunciado. En Guerrero no.
En una entidad donde ya pocas cosas asombran, el reciente asesinato de dos sacerdotes en un ataque en la carretera Taxco -Iguala, ha causado la indignación social en el estado y ha llamado la atención en el país y en el mundo.
La madrugada del lunes pasado, Iván Añorve Jaimes, párroco de La Sagrada Familia, en Las Vigas, municipio de San Marcos, y Germaín Muñoz García, párroco de San Cristóbal en Mezcala, regresaban de Juliantla, donde habían asistido a un baile celebratorio del Día de la Candelaria, cuando fueron alcanzados por los ocupantes de un vehículo desde el que les dispararon, causándoles la muerte y dejando a otras tres personas heridas.
Tan lamentable como la ejecución ha sido la precipitada actuación del fiscal guerrerense, quien supuso que la fatal agresión se debió a presuntos nexos de uno de los párrocos con algún grupo del crimen organizado, y atribuyó a testigos la versión de que los religiosos y sus acompañantes habían tenido un incidente durante el mencionado baile, en el que se habrían congregado también integrantes de bandas delincuenciales.
Esa versión mereció de inmediato el rechazo del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien cuestionó las aseveraciones oficiales y exigió que en todo caso se precisaran, a lo cual se sumó la arquidiócesis de Acapulco, que manifestó su extrañeza con lo dicho por las autoridades y demandó que se investigue y se actúe “en justicia”.
También la Conferencia del Episcopado Mexicano defendió al ministerio sacerdotal y a los fallecidos, ante el intento de manchar su imagen sin haber realizado una investigación profunda.
Todo ello ha dejado muy mal parado al fiscal Javier Olea Pérez, quien a continuación tuvo que matizar sus primeras afirmaciones, y señalar que las supuestas ligas con grupos delictivos fueron cosas que se interpretaron en redes sociales, y que ello pudo haber provocado el ataque; sostuvo en cambio que sí ocurrió una fricción durante el convivio, al decir de algunos de los asistentes.
A los matices y explicaciones se agregó el mismo gobernador Héctor Astudillo, quien al día siguiente opinó: “Se está en un proceso de investigación y las investigaciones arrojan muchos indicios y los indicios hay que verlos como tal. No son asuntos terminados y si hay algo que incomode, no es con el afán de molestar a nadie. Hay que esperar que la Fiscalía resuelva las investigaciones”.
Luego expresó lo que se escucha como un regaño al fiscal: “Es muy importante que hagan su trabajo y el más interesado que hagan bien su trabajo de las investigaciones es el gobernador y el gobernador exhorta a la Fiscalía para que hagan buen trabajo y lo hagan oportunamente”.
Independientemente de los intentos de criminalización de los párrocos abatidos, y de los traspiés y maromas oficiales en el intento, lo cierto es que los secuestros y ejecuciones de sacerdotes están ocurriendo de manera reiterada en los recientes meses y años, no sólo en Guerrero, sino en todo el país, como uno de los más graves síntomas de la ola de violencia criminal que crece sin cesar.
Según un recuento del Centro Católico Multimedial, en lo que va del sexenio un total de veintiún curas han sido privados de la vida, seis de ellos en Guerrero.
Todo ello, en medio de la violencia impune de los criminales a la que nos hemos referido con frecuencia porque es el tema dominante en la vida de Guerrero.
Incluso el papa Francisco, luego de conocerse el ataque homicida que comentamos, externó su preocupación por el grado de violencia en nuestro país. “Es insólito, tanta muerte”, le manifestó Jorge Bergoglio a la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, a quien concedió una audiencia en El Vaticano.
Como tantos otros crímenes, el riesgo es que estas muertes queden en la impunidad, con lo cual se garantiza que la ola de violencia no cederá.
Guerrero continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del país y sus ciudades más importantes se encuentran en el top ten de la criminalidad nacional. Chilapa, Acapulco y Chilpancingo, en ese orden, ocupan tres de los diez primeros lugares de esa lista negra en el país, de acuerdo con las cifras de 2017 analizadas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.
Algo no encaja cuando el mismo día en que se dio a conocer esta información, pudo leerse en el twitter del gobernador Astudillo: “Estamos conscientes de los problemas de seguridad que atañen a Guerrero. Sin embargo hay que reconocer que en nuestro estado, a diferencia de otros, logramos contener los índices de violencia”.
¿Contenidos los índices de violencia cuando en las calles priva la inseguridad, la violencia y el miedo, la incertidumbre y la desesperanza.
Alguien está fuera de la realidad, definitivamente. El pueblo no porque la padece y la sufre.