El jueves pasado, 19 de noviembre, la Cámara de Diputados por fin aprobó la llamada “desindexación” del salario mínimo en México. Dado que esta reforma ya había sido votada favorablemente en el Senado, ahora el artículo 123 constitucional dirá, si la mayoría de las legislaturas estatales la aprueban, que: “El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza”. Ello quiere decir que ya no servirá, como hasta ahora, como indicador para aumentar multas y sanciones, créditos a la vivienda, prerrogativas a los partidos políticos y gastos de campaña, y diversas cuotas y obligaciones administrativas.
La “desindexación” era un requisito necesario para elevar el salario mínimo en términos reales (por encima de la inflación) y recuperar su poder adquisitivo. Si esto sucederá y en qué medida, lo veremos muy pronto cuando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) anuncie el incremento correspondiente a 2016.
Mientras tanto, vale recordar brevemente cómo se llegó a esta decisión. El 1º de mayo de 2014, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México llamó a un debate nacional sobre el salario mínimo. Hay que reconocer que más allá de las críticas a su gestión, el llamado despertó el interés nacional sobre un problema que reflejaba una evidente injusticia y una violación abierta a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo (LFT). No es que fuera ni el primero ni el único en señalarlo. Desde hace décadas, cada primero de mayo, diversos grupos de trabajadores, sobre todo del sindicalismo independiente, han reiterado la necesidad de aumentar los salarios en primer lugar el mínimo. Hay también una gran cantidad de estudios sobre el tema. Pero fue sólo hasta que el jefe de Gobierno se manifestó públicamente que el debate trascendió y empezó a discutirse más ampliamente.
La realidad era contundente: el salario mínimo ha perdido, según las estadísticas oficiales, en los últimos 38 años, más de 75% de su poder adquisitivo. Tan sólo en la década de los 80 del siglo pasado se desplomó en 60%, luego sufrió otro deterioro acelerado después de la crisis de 1994 y finalmente se ha mantenido congelado dese 2003 a la fecha.
El SMD (salario mínimo diario) no alcanza para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia pues apenas logra sufragar, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 35-40% de esos bienes y servicios indispensables (alimentos, vivienda, educación, salud). Incluso a los asalariados que ganan dos SMD en las áreas urbanas tampoco les alcanza. Esto quiere decir que para cumplir con su función constitucional y que los trabajadores que ganan este minisalario puedan vivir por encima de la pobreza, se requeriría un aumento de más del doble de los 70 pesos con 10 centavos actuales.
La respuesta dada, en los meses posteriores al llamado de Mancera, por parte de autoridades federales, representantes del sector privado, medios de comunicación y algunos voceros de la academia representa uno de los momentos más bochornosos del debate político en México. Los voceros empresariales adujeron “que los salarios no se deben aumentar por decreto”, dando a entender que ello corresponde al libre juego de la oferta y la demanda. Las autoridades por su parte señalaron, como lo expresó el gobernador del Banco de México en agosto de 2014, que un incremento “arbitrario” en el salario mínimo puede provocar “resultados indeseables, como más inflación, despido de trabajadores o aumento de la informalidad” y que en todo caso su aumento debería estudiarse “con base en la productividad del trabajador”.
El argumento de la patronal era engañoso pues la propuesta no era aumentar todos los salarios, sino sólo el mínimo legal. Por otro lado, extrañamente desconocían que, desde hace casi cien años, el artículo 123 de la Constitución obliga a las autoridades correspondientes a decretar los aumentos al salario mínimo. Los argumentos del señor Agustín Carstens también eran insostenibles pues el SMD sólo lo recibe menos del 10% de los trabajadores asalariados que laboran principalmente en áreas rurales. Según la experiencia internacional y diversos estudios sobre el caso de México, el impacto de un aumento del salario mínimo sobre la inflación y el empleo sería prácticamente nulo si se aplicara de manera progresiva. La tercera razón revelaba también una gran ignorancia de lo que sucede en el país pues, como se ha demostrado, la productividad en México ha aumentado más de 80% en los últimos 25 años mientras que el SMD ha venido declinando.
A pesar de que los argumentos esgrimidos en contra de cualquier aumento al SMD carecieron de objetividad y se manejaron de manera engañosa para causar una alarma injustificada se formó un coro casi unánime en los medios de comunicación que repetía los mismos argumentos. Fue un ejercicio penoso de propaganda llena de prejuicios que mostraría que algunos “expertos” articulistas en finanzas, negocios o economía no pueden ser confiables.
Con el tiempo, tanto las autoridades, el Secretario del Trabajo, el Secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, como sus voceros en los medios, simplemente se callaron ante la imposibilidad de sostener esos argumentos. La falta de consistencia de sus alegatos y la evidente extensión de la pobreza que se ha dado en México debida en muy buena parte a los bajos salarios, en primer lugar, el mínimo, como lo ha mostrado Coneval, se hizo cada vez más evidente en el debate. Tanto así que en diciembre de 2014 el mismo presidente de la República envió una iniciativa al Congreso proponiendo la famosa “desindexación”.
Desde luego, la aprobación de la reforma constitucional por el Congreso no significa que el problema está resuelto. Si la Conasami decidiera un incremento superior a la inflación probablemente será muy pequeño en relación a la caída que ha presentado desde 1977. La recuperación del SMD debería formar parte de un plan de largo plazo para que en un quinquenio recuperara una parte sustancial de lo que ha perdido y que en un plazo no mayor a diez años lo hiciera totalmente. Pero hay serias dudas de que éstas sean las intenciones del gobierno.
Por otro lado, como ya se dijo, el SMD lo recibe un porcentaje reducido de trabajadores asalariados, alrededor de 3 millones. En realidad la mayoría gana entre dos y tres salarios mínimos y estos no están regulados legalmente y, en efecto no se pueden aumentar por decreto, dependen de los acuerdos que pacten con el empleador o patrón. Y dada la situación del sindicalismo y de las relaciones contractuales en México es muy difícil que un aumento al SMD pueda replicarse en los trabajadores asalariados que ganan por encima de esta cantidad.
Para resolver el problema de los bajos salarios, y la extensión de la pobreza y la desigualdad, “desindexar” el salario es un pequeño paso, pero faltan los más importantes. Sin embargo, aunque sea de manera simbólica, la reforma constitucional aprobada puede considerarse un triunfo frente a la necedad de los gobernantes que conducen la política económica del país, de algunos académicos y columnistas de los medios de comunicación que demostraron no entender las cuestiones básicas de la realidad nacional. Si lo pensamos mejor fue un pequeño triunfo contra una campaña de miedo instrumentada por una tecnocracia ultraortodoxa que no admite el debate ni mucho menos algún cambio en la conducción económica del país. Incluso desde la perspectiva neoliberal un aumento del SMD era factible desde que inició el siglo como lo demuestra el hecho de que los salarios (excepto el mínimo) aumentaron en términos reales entre 2000 y 2007. No se hizo porque no hubo la presión necesaria y porque aumentar el SMD es, para esta tecnoburocracia, una decisión fundamental del Estado. Y en estas decisiones, sólo ellos mandan. El caso de los salarios mínimo es en realidad una historia de abuso del poder. Ojalá esto empiece a cambiar.

Twitter: @saulescoba