METALES PESADOS

Samir Flores fue un campesino nahua comunitario en Amilcingo, Morelos, comunicador en la radio comunitaria, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Además de ser delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI).
La organización Artículo 19 documentó que Samir había recibido amenazas desde años antes de su asesinato y que, en los días previos, estaba difundiendo información sobre la consulta del 23 y 24 de febrero de 2019 contra la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos (PIM). Samir fue asesinado el 20 de febrero de 2019.
Siete años después, el caso sigue siendo una radiografía de la impunidad. El diario El País reconstruyó en febrero de 2026 una investigación con pérdida de pruebas, cadena de custodia deficiente, búsqueda tardía de evidencias y una omisión central: no explorar seriamente la línea relacionada con su trabajo como defensor del territorio. La pregunta de fondo no cambia: no sólo quién disparó a la puerta de su casa, sino quién ordenó matarlo.
Por eso importa que el EZLN y las bases de apoyo zapatistas hayan concluido este 22 de febrero las jornadas por Samir Flores en todo el país, denunciando impunidad a siete años del crimen y vinculándolo con la estrategia del Estado mexicano por el despojo, la militarización y el extractivismo. Los zapatistas han recordado explícitamente que Samir fue asesinado tres días antes de la consulta sobre el PIM y que situaron su asesinato en el marco de una campaña de odio y del control territorial promovida por el partido de Estado.
Ese punto conecta con una discusión más amplia que no suele hacerse con suficiente precisión: la llamada “guerra contra las drogas” en México ha funcionado, en distintos momentos, como política de seguridad, como dispositivo de coordinación con Estados Unidos y, en no pocos territorios, como cobertura para el control social y la contención del conflicto. El pensador uruguayo Raúl Zibechi lleva años insistiendo en algo parecido: que la militarización en América Latina no puede leerse sólo como combate al crimen, sino como una forma de gobierno sobre poblaciones y territorios. Zibechi coloca el tema en esos términos, asociando militarización, control y despojo. Es decir, una política de contrainsurgencia.
No hace falta caer en analogías fáciles para ver la continuidad. Felipe Calderón inauguró una fase de militarización abierta con el discurso de guerra, y esa fase quedó además atravesada por la cooperación estructural con Estados Unidos. Recordemos que la Iniciativa Mérida fue lanzada en 2007 como un esfuerzo de 1.6 mil millones de dólares en apoyo a actividades de seguridad y procuración de justicia, con entrenamiento, equipo y coordinación bilateral. Ese plan incluyó entrega de helicópteros, equipos de inspección, entrenamiento policial y mecanismos formales de coordinación con autoridades mexicanas.
La comparación con el presente no pasa por decir que todo es idéntico. No lo es. El gobierno de Claudia Sheinbaum llegó con una narrativa distinta a la de Calderón y su estrategia oficial se sostenía en cuatro ejes (atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, y coordinación). Pero, en la práctica, el peso de la seguridad militarista y de la cooperación con Estados Unidos sigue creciendo. La agencia Associated Press reportó que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, impulsa una unidad de élite (UNO) nutrida en gran medida por exintegrantes de la Policía Federal y señaló –citando a funcionarios y analistas– que una de las presiones de contexto es responder a exigencias de Washington.
Ahí aparece García Harfuch como figura clave de una continuidad incómoda. Se formó en la Policía Federal (PF) de Calderón, dentro de la arquitectura federal de seguridad que tuvo como símbolo a Genaro García Luna. García Harfuch arrancó su carrera en la PF y muchos de sus cuadros de confianza provienen de allí. El expresidente Andrés Manuel López Obrador convirtió a García Luna en emblema de la corrupción de esa etapa. Sin embargo, García Luna fue secretario de Seguridad Pública con Calderón y antes dirigió la Policía Federal, además de haber sido condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del narco.
Eso no prueba automáticamente responsabilidad individual de todos los funcionarios que pasaron por esa estructura. Pero sí obliga a discutir algo más serio que el marketing de “nueva estrategia”: la persistencia de cuadros, lógicas y redes institucionales de la era de la guerra. Si el personal, los métodos y la presión externa se mantienen, la promesa de ruptura necesita demostrar mucho más que un cambio de eslogan.
La injerencia estadunidense tampoco es una reliquia del sexenio de Calderón. En 2025 la agencia Reuters reportó presiones de Washington sobre el gobierno mexicano para investigar y extraditar objetivos ligados al crimen organizado, en reuniones de alto nivel donde participaron autoridades mexicanas, incluido García Harfuch. Y hoy mismo Reuters reporta que la operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que terminó con la muerte de El Mencho, contó con inteligencia estadunidense. Esto no significa que México no deba perseguir a los cárteles. Significa que la agenda de seguridad vuelve a tensarse bajo prioridades bilaterales, especialmente en torno a fentanilo, frontera y resultados rápidos.
Si todo eso se pone junto al caso Samir Flores, la imagen es más dura. Porque mientras el Estado puede desplegar inteligencia, fuerzas especiales y coordinación binacional para operaciones de alto impacto, las investigaciones de asesinatos de defensores del territorio siguen acumulando retrasos, negligencias y líneas de investigación abandonadas. El mensaje político es devastador: hay capacidades para la guerra, pero no para la justicia.
Ése es el punto que las jornadas por Samir Flores, el CNI y el EZLN vuelven a poner sobre la mesa con una nitidez que el discurso oficial evita. No sólo se trata de memoria. Se trata de nombrar una continuidad: megaproyectos, militarización, impunidad y un lenguaje de seguridad que se presenta como neutral mientras define qué vidas son protegibles y cuáles son prescindibles. La “guerra contra las drogas” no explica todo, pero sigue funcionando como coartada suficiente para expandir aparatos, coordinar con Washington y administrar territorios en conflicto.
Y si algo habría que discutir hoy, con menos propaganda y más honestidad, es esto: si la estrategia de seguridad de Sheinbaum quiere distinguirse de la de Calderón, no basta con negar la comparación. Tiene que probar, en casos como el de Samir Flores, que el Estado mexicano puede investigar hasta el fondo cuando el crimen toca intereses políticos, empresariales y territoriales. No lo hará. Porque una estrategia de seguridad que no rompe la impunidad de los crímenes contra defensores termina pareciéndose demasiado a lo que dice haber superado.