El país se tiñó de rojo como una maldición. La violencia genera violencia y la disculpa del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, por la violación de derechos humanos de miembros del Ejército, confirma que la violencia es una espiral creciente que, como bola de nieve, arrasa todo a su paso. Guerrero, en esa dinámica va adelantándose cada vez, mientras su gobierno se achica. Los hechos violentos en Acapulco en los últimos días, parecen haberse salido de control y son una demostración que Acapulco Seguro es solo una frase publicitaria, de esas que tanto gustan a los políticos que buscan popularidad, no eficiencia.
La campaña publicitaria exhibió al gobierno municipal, estatal y federal, porque no se entiende que con el apoyo de soldados y marinos habilitados para combatir el narcotráfico y el crimen organizado se haya fracasado tan rotundamente, hasta donde se ve en los resultados. Como callarse o ver “lo bueno” si destaca el clima de violencia e inseguridad, si la gobernabilidad se deteriora a pasos cada vez más crecientes.
Pero hay acontecimientos nacionales tanto o más preocupantes que lo que ocurre en el puerto. Está el robo o mal uso del padrón electoral a cargo del ineficiente Instituto Nacional de Elecciones, que lo perdió y encontró los datos de identidad de más de 93 millones de mexicanos en Amazon, y el final de un largo y penoso proceso de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
De verdad, de vergüenza ajena, como admitió, en Alcalá de Henares, al recibir el premio Cervantes de Literatura, el escritor mexicano Fernando del Paso, quien se aguantó la pena y tuvo que reconocer que el país está mal.
Convertido uno de los más importantes casos criminales en el país en lo que va del siglo, tal vez sólo comparable por su incidencia e impacto social con la represión del movimiento estudiantil y popular de 1968, la investigación en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el anochecer del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, ha cerrado un capítulo traumático y polémico con la retirada y el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que durante más de un año trabajó en el asunto.
Mientras del lado gubernamental han decidido tenderle un puente de plata al grupo que se va, el reporte dado a conocer el domingo pasado por los expertos extranjeros ya de salida ataca una vez más la “verdad histórica” establecida por el anterior Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, y siembra dudas sobre múltiples flancos de la historia oficial, desde la participación de fuerzas policiacas federales y militares, la sospecha de que el abandono de los normalistas de un quinto camión tiene que ver con el trasiego de drogas –supuesto que en realidad se ubica detrás de todo el operativo delincuencial que terminó con el secuestro y aparente asesinato de los 43– y desde luego el misterio favorito a lo largo de todo el desarrollo de las pesquisas: si en el basurero de Cocula hubo una hoguera en la que se quemaron hasta la incineración perfecta los cuerpos de los jóvenes, teoría que es rechazada de plano por los integrantes del GIEI, aunque sea avalada desde el primer dictamen por instituciones universitarias y más tarde retomada parcialmente por especialistas en dinámica de fuego expresamente contratados para el punto.
Ahora se han ido los expertos del GIEI, pero la investigación de los hechos en Iguala y Cocula sigue entrampada y sujeta a la incredulidad de los padres y familiares de las víctimas, y de toda una sociedad que hace mucho ha perdido la confianza en la eficacia e imparcialidad de las instituciones de justicia federales, que de las locales mejor no hablamos.
Ya sin el respaldo o la interferencia internacional –como mejor se le quiera ver– al Estado mexicano, sigue con el pendiente de agotar las líneas de investigación sobre los hechos de Iguala, castigar a los responsables y, lo más importante, impedir que la tragedia se repita.
Aquí radica lo más difícil, pues la realidad indica que la criminalidad y la inseguridad no va a la baja sino, por el contrario, afecta de manera creciente la vida cotidiana en vastas zonas de Guerrero y del territorio nacional.
Ya nos hemos referido a la ola de violencia, recrudecida en el reciente periodo vacacional, pese a la ocupación del puerto de Acapulco por miles de elementos de las fuerzas federales, y que sigue segando vidas de comerciantes, taxistas y trabajadores de diversos servicios, seguramente para forzar el cobro del “derecho de piso”, manifestada también en diversas ciudades y pueblos de la entidad.
Un signo actual es el retiro de una conocida compañía de mensajería internacional, la cual presume de una amplia cobertura en 200 países, que ahora anuncia que dejara de hacer entregas en una docena de municipios guerrerenses. Es el más reciente caso, pero no es el único, de empresas que se han ido de la entidad o están pensando en hacerlo, y por lo pronto han reducido sus actividades.
Y es que la problemática de Guerrero, como la del país, es en realidad mucho más grave y compleja que el tema de los 43, aunque éste se haya vuelto un símbolo nacional e internacional del nudo gordiano del momento mexicano actual: violencia criminal, descontento social, desgaste y descrédito gubernamental, caducidad de partidos y líderes políticos, que se suman a la ancestral pobreza, desigualdad, impunidad y corrupción. Y no se ve mejora, al contrario, crece y crece.