Está por escribirse más de un episodio sobre la ley Televisa. Aunque ya la Presidencia de la República la publicó sin oír las voces que le advertían sobre las gravísimas implicaciones que tenía su entrada en vigor, ahora se viene a saber que una semana antes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes transmitió sus observaciones a Los Pinos.
La SCT es para todos los efectos la autoridad responsable en su ramo y en esa virtud le comunicó al presidente Fox sus objeciones a la citada ley, entre otras, que su redacción hace prácticamente imposible negar el refrendo de las concesiones de radio y televisión y que se genera un régimen de excepción, pues se regala a unos, quienes ya disfrutan de concesiones, lo que los solicitantes de las mismas tendrían que pagar.
Otra consecuencia grave que se derivan de la publicación de la ley es que se regala a particulares lo que es patrimonio nacional, pues los concesionarios actuales dispondrán para su beneficio de las nuevas frecuencias que queden libres por la digitalización, lo que para la SCT atenta incluso contra las prácticas internacionales en la materia (las frecuencias digitales ocupan aproximadamente la cuarta parte del ancho del espectro que ahora ocupa una frecuencia analógica y en el área que queda libre se pueden mercar, gratuitamente, servicios de internet, telefonía y otros al gusto del concesionario).
El documento de la SCT advierte que con la promulgación de ley Televisa se crean lagunas jurídicas en algunos puntos y simultáneamente se incurre en peligrosas duplicidades legales que serán inevitablemente en perjuicio del patrimonio nacional. Por citar un caso, se le reduce al Senado la facultad de objetar el nombramiento de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a la que se reduce a mero órgano desconcentrado, que tiene autonomía técnica, pero carece de personalidad jurídica y patrimonio propios. Es, dicho en términos corrientes, un organismo de segunda, dependiente de otra autoridad.
En lo sustancial, ninguna de las observaciones que hizo la SCT el 4 de abril era nueva. Los mismos argumentos se repitieron durante el brevísimo proceso legislativo de la malhadada ley y tampoco fueron escuchados por los diputados –todos los partidos votaron por aprobar al vapor—ni por los senadores del PRI y del PAN, con las honrosísimas excepciones del grupo encabezado por Manuel Bartlett en un caso y del dignísimo Javier Corral en lo que toca a los albicelestes.
Como se recordará, al despojo que implica la ley se opusieron el Instituto Mexicano de la Radio, el canal 11 y los 49 medios integrantes de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, así como las comisiones federales de Competencia y de Telecomunicaciones, organismos que están en la esfera del Poder Ejecutivo, y el IFE, que por voz de Carlos Ugalde, su consejero presidente, advirtió a los senadores que de aprobarse la ley se establecería una contradicción con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe.
En esta Legislatura de la ignominia no valieron argumentos. En San Lázaro nada se discutió y los diputados actuaron como meros levantadedos, pero fue tan poderosa la respuesta popular, que los perredistas se arrepintieron de haber sido cómplices del atraco a la nación y a manera de pretexto declaró su pastor, Pablo Gómez Álvarez, que creyó que “nada más” se trataba de ratificar las concesiones, como si eso fuera un asunto menor. El mismo desvergonzado ahora pretende ser senador de la República. A ver quién vota por él.
Cuando llegó al Senado el texto que aprobó la otra cámara, PRI y PAN se quedaron solos e incluso se negaron a debatir con los senadores que se opusieron a la aprobación de un engendro tan altamente lesivo para el interés de México y los mexicanos. Pero se trataba de no modificar ni una coma para evitar que el documento volviera a San Lázaro, y se aprobó sin más.
Pudo el presidente de la República evitar el desaguisado negándose a publicar el bodrio aquel, pero pesó más el interés electoral, que confiaba en que Televisa retribuiría generosamente a los partidos y a los candidatos el despliegue de servilismo de sus legisladores. En el ánimo presidencial debió pesar también la incertidumbre que se advierte para el actual mandatario y su familia a partir del próximo primero de diciembre.
De nada sirvieron las advertencias de órganos del Poder Ejecutivo Federal como la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia ni las del IFE. Tampoco, como ahora lo sabemos, las que directamente le hizo llegar el propio secretario de Comunicaciones y Transportes al presidente una semana antes de la publicación de la ley. Argüir ahora que Fox no se enteró resulta menos que pueril: es una gravísima irresponsabilidad que puede tener implicaciones jurídicas, pues a sabiendas, intencionalmente, se causó grave daño al patrimonio nacional. Como puede verse, no es asunto menor, y el sexenio está por terminarse. Por eso hay tanto miedo al triunfo de la oposición.