En Brasil, la triple crisis política, económica y social sigue su curso de manera irremediable, sin que se vislumbre una salida a corto plazo. Como lo hemos venido comentando en este espacio desde 2015, no han terminado los efectos nocivos producidos por el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, iniciado a principios de diciembre de aquel año, y finalizado en septiembre de 2016. El antiguo vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, parece vivir en carne propia el demonio de la traición. Durante la mayor parte del año 2015, juró lealtad a la presidenta. Frente a los crecientes problemas de ingobernabilidad del Congreso, el presidente de honor del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) le propuso a Rousseff volverse su principal operador político en las cámaras. El resultado fue la destitución de la presidenta, gracias al apoyo de la mayor parte del gran empresariado y de los medios de comunicación. A raíz de su destitución, la prensa decía que “un nuevo Brasil” estaría por llegar, y las ansiadas reformas económicas, hechas a la medida de los mercados, que apoyaron la instalación de Temer en el palacio del Planalto, comenzaron a ser votadas. Todo parecía marchar sobre ruedas.
Sin embargo, los impulsores de la destitución de Rousseff no se dieron cuenta que su maniobra tendría consecuencias políticas graves en el equilibrio de los poderes y en el funcionamiento mismo de la democracia brasileña. En pocas palabras, quisieron transformar el régimen de ese país, que es presidencialista, pero que funciona en el marco de un sistema de partidos altamente fragmentado, en un régimen parlamentarista, en el cual la pérdida de la confianza de la mayoría parlamentaria se traduce por la destitución del Ejecutivo. En este caso, se disfrazó una voluntad política de quitar del poder a una presidenta elegida democráticamente, bajo el pretexto de “maniobras contables” que no constituían una justificación legal para ello. Para los defensores de esta solución, Dilma no estaba en condiciones de gobernar, al no disponer de una mayoría política. Sin embargo, olvidaban que en Estados Unidos, por ejemplo, no es raro que un presidente no disponga de la mayoría en el Congreso; de hecho, se trata de una situación bastante común durante la segunda parte de los mandatos de cada presidente. Así le pasó a George W. Bush a partir de 2006, a Barack Obama a partir de 2010.
El problema para Michel Temer es que la destitución de Dilma dio un poder de chantaje al Congreso ante el Ejecutivo nunca antes visto, y hoy todo apunta a que Temer sea destituido por una buena parte de los grupos políticos que lo llevaron al poder hace poco más de un año. El actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, hijo del ex alcalde de Río de Janeiro, y cercano a la familia Marinho, los dueños del poderoso emporio de medios Globo, se apunta para reemplazar a Michel Temer como presidente interino de Brasil, prometiendo a los grandes grupos económicos la continuidad de la política económica de austeridad implantada por el ministro de economía, Henrique Meirelles. El problema de Temer no es tanto haber incumplido sus promesas al mercado financiero y a la clase política –logró sacar adelante el congelamiento de los gastos públicos para los próximos veinte años, y construyó su gobierno a la imagen del Congreso, es decir un gobierno de ricos para ricos–, sino más bien su falta de peso político. Es decir, al no haber sido elegido en urnas se trata de una pieza dispensable por las personas que lo instalaron en el poder. Y como Temer tiene menos del 10 por ciento de aprobación ciudadana, en función del desastre económico del país, y de los escándalos de corrupción que lo agobian, es mejor para estos grupos de interés cambiarlo por una cara fresca.
El problema, de nueva cuenta, es que un eventual gobierno no electo no dispondrá del capital político para enfrentar a estos grupos políticos que tienen el poder real hoy en Brasil. Para ello, habrá que esperar la elección presidencial del 2018.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.