Después de los huracanes Otis y John, la estadística oficial ubica a Guerrero en el primer lugar de pobreza y con el nivel de crecimiento más bajo. Pero lo que no registra de manera integral es que Guerrero es el estado más complicado del país: violencia generalizada, un nuevo arreglo de regiones debido al control territorial de los grupos delincuenciales, desigualdad polarizada, corrupción desenfrenada sobre todo en los niveles municipales, gobernantes insensibles y sin visión social, pobreza extrema ampliada aunque la estadística diga otra cosa, presupuesto pírrico para el campo, políticas públicas que no apuntan soluciones, entre otros problemas.
En el campo habita el 42% de la población estatal, la cual le da de comer al resto; el 80% del territorio guerrerense se encuentra bajo la jurisdicción de los núcleos agrarios; y ahí se encuentra la mayor biodiversidad y recursos naturales (suelo, agua, bosque, fauna, minerales, materiales pétreos, etc.) que generan vida, actividad económica, cultural y ambiental a la entidad.
Pero además es aquí donde se asienta la violencia generada por el control de recursos, siembra de enervantes, control de las economías locales y los espacios de la política, misma que repercute en las ciudades. Por ello se necesita de un presupuesto y líneas de inversión que siente las bases de la verdadera trasformación del campo y los campesinos. Porque desde hace más de cinco décadas ha sido en el campo donde se ha originado y desarrollado la compleja problemática que ahora está impactando en todas las ciudades; ello, debido al abandono que han tenido los tres niveles de gobierno de los territorios rurales.
La sobrevivencia del campo ha dependido en las últimas décadas de tres flujos principales: las remesas, la venta de estupefacientes y los subsidios federales. El año pasado llegaron a Guerrero alrededor de 63 mil mdp de nuestros paisanos (75.84% del presupuesto estatal). Los ingresos de la venta de la amapola que mantenían la economía de muchas regiones cayeron a menos de la cuarta parte de su valor histórico. Y los subsidios federales a la producción, no han logrado impactar más que en complementar el consumo. Si estos flujos se cortaran, el campo simplemente agonizaría, y con ello se complicaría la vida en las ciudades.
El campo o sector rural se compone de los subsectores agrícola, pecuario, forestal y pesquero. Pero también incluye la cuestión agraria, el medio ambiente, la agroindustria, el mercadeo de productos e insumos y la organización social y, de manera complementaria, el bienestar social: caminos, salud, educación, etc. El presupuesto público rural se integra con aportaciones federales, estatal y municipales.
La aportación federal se opera a través de subsidios porque ya no hay créditos y en Guerrero la suma es de $6,887,201,300.00. Los subsidios emblemáticos se operan a través de Sader, cuyos montos en 2024 fueron: Fertilizantes $2,650 mdp, Producción para el Bienestar con $1,132.20 mdp, Precios de garantía solo proporciona un servicio de comercialización ($480 mdp) que no impacta ni al 6% de la producción estatal, y la Sebien que opera el Programa Sembrando Vida con un monto de $2,625 mdp; aunque hay otros programas con menos impacto que se operan a través de Conafor, Semarnat, Conacyt y los servicios de la Sedatu (RAN, PA), IMPI, entre otras.
La aportación del Gobierno del Estado en los últimos 10 años se estima en un promedio de 200 mdp anuales. En 2022, gracias a la incidencia de los comisariados organizados se aprobaron 386.65 mdp de 230 que era el proyecto gubernamental avalado siempre por el Congreso. Y en este 2025 se autorizaron 287 mdp, casi igual que en 2024 lo cual representa el 0.34% y expresa el valor que el Poder Ejecutivo y el Legislativo le dan al campo; la cuestión es que el manejo ha sido opaco y en el mejor de los casos, administrados como un “fondo de caja chica” para apoyar liderazgos serviles, porque además, los conceptos ambiguos se prestan para ello: Control de Movilización Animal, Garantías para el Bienestar, Información Estadísticas y Estudios, Prevención y Manejo de Riesgos Climáticos, Programa Acompañamiento Técnico Agrícola y Perspectiva de Género, Programa de Fomento y Bienestar Ganadero, Programa de Inversión Programática, Programa de Pesca y Acuicultura, Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, Programa Infraestructura Rural e Hidroagrícola, Transformando el Campo, Programa Desarrollo Sostenible en Zonas Marginadas, Programa de Agroecología, Programa Infraestructura Rural e Hidroagrícola y Estabilización del Precio de la Tortilla.
Hay que decir que durante los últimos dos años no se ha operado todo el presupuesto y no existe información de su destino, solo se comenta que la Secretaría de Finanzas no lo ha ministrado. Pero eso sí, el DIF tiene más recursos que el propio Poder Legislativo y más de tres veces que el asignado al campo.
Los gobiernos municipales no le invierten al campo; antes de 2018 invertían a fuerzas en el Programa de Fertilizante, al punto que desviaban recursos del ramo 33 que eran para obra pública. Ahora, los pocos ayuntamientos que apoyan al campo lo hacen bajo presión, aunque algunos de buena fe, apoyando el transporte del fertilizante a las comunidades; son pocos los casos de los que subsidian parcialmente las semillas seleccionadas.
Guerrero, en los tiempos de la 4T requiere de innovar el arte de gobernar, mismo que en materia de presupuesto implica: ser oportuno, participativo, suficiente, justo, estratégico, sustentable y transparente. Van algunas de las prioridades que deben considerarse y que desde diversos espacios impulsaremos, ya que por ahora ya no será posible modificar el presupuesto:
-Habilitar la infraestructura productiva básica, como la rehabilitación de los distritos de riego y la apertura de nuevas unidades de riego en zonas de agricultura de temporal, caminos saca- cosecha y más acciones que impulsan la producción.
-Focalizar apoyos productivos a las zonas afectadas por los pasados fenómenos meteorológicos.
-Auspiciar la integración de cadenas productivas, la economía social y la organización cooperativa.
-Provocar sinergias entre programas afines, y la concurrencia de otros agentes económicos, el sistema de crédito y la aportación de los propios campesinos.
-Incorporar un sistema de acompañamiento técnico (no extensionismo) que sea integral, agroecológico y participativo, y que promueva la organización cooperativa entre los productores.
-Monitorear que los programas de apoyo federal lleguen a quienes verdaderamente los necesiten, así como vigilar su aplicación en campo.
-Fomentar la contraloría campesina en el ejercicio de los programas públicos.
Es un desafío para los representantes de los núcleos agrarios, profesionistas comprometidos y funcionarios honestos que estos componentes sean incluidos en la operación del presupuesto rural, y que sean los ejes fundamentales de la reactivación y trasformación del campo. Seguiremos realizando gestiones e impulsando propuestas a nivel federal.
El Congreso local debe cumplir con su labor de legislar para el bienestar del pueblo y no solo limitarse a levantar la mano, solo cobrar y preparar su nuevo cargo para vivir del presupuesto, como es la percepción que la ciudadanía tiene.
La pasada aprobación del Decreto que crea la Octava Región representó un caso patético en donde los diputados no supieron lo que aprobaron, tal como ha sido con las pasadas leyes de egresos.
Entendamos que, si se atiende el campo de manera integral y con todo el poder del Estado, las comunidades campesinas se empoderarán y tomarán el camino del desarrollo productivo y social.
El Congreso tiene varios pendientes: actualizar los decretos de los sistema-producto, aprobar la Ley de Fomento a la Cafeticultura, decretar que los fondos del Ramo 33 lleguen a las comunidades de manera equitativa, reformular el decreto que crea la octava región considerando presupuestos y remunicipalización, entre otros.
El menosprecio que algunos gobernantes y legisladores le tienen al campo es porque le apuestan a que no está organizado y que los campesinos aguantan como en los viejos tiempos.
Seguir construyendo la Cuarta Transformación a ras de tierra con acciones-fuerza que permitan a funcionarios honestos y a los campesinos organizados, gobernar con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo, es la gran tarea en este 2025.
Tenemos la confianza de que nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hon-rará los compromisos firmados el pasado 10 de abril en Chinameca Morelos, mismo que en su declaración Novena, en resúmen dice: Bajo el principio de prime-ro los pobres, respaldamos la estrategia de apoyo a la agri-cultura, ganadería, pesca y acua-cultura de pequeña y mediana escala, basada en la articulación con enfoque regional y territorial de las políticas y programas referidos al agua, a la am-pliación del financiamiento y del acceso los mercados con precios justos para los productores, de fortalecimiento de los bienes pú-blicos del sector agroali-mentario, infraestructura, y pro-ducción nacional de fertilizantes. De manera especial, valoramos y daremos apoyo a las políticas y programas que impulsarán la transición agroecológica, la sostenibilidad ambiental, y la mitigación y adaptación al cambio climático. Mantendremos el diálogo con las organizaciones democráticas de las y los productores e impulsaremos su fortalecimiento mediante su participación en las políticas públicas ya señaladas.
La estrategia de la Cuarta Transformación en el campo debe poner en el centro el rescate, protección y revalorización del ejido y la comunidad agraria para transformarlos en unidades de desarrollo integral social, económico y ambiental, con base en su ordenamiento territorial participativo y en su organización autogestiva, democrática, honesta, eficiente, con un enfoque de equidad de género, relevo generacional y pertinencia cultural; hasta convertirlos en territorios de paz y desarrollo.
Porque para salvar a Guerrero, el campo es primero. La gobernanza campesina, ya se echó a andar. . .