La justicia “reúne todas las virtudes”, dice de su definición la Real Academia, y podemos agregar que es de los principios más apreciados en la vida de las sociedades modernas y democráticas porque siendo de carácter moral está presente en todos los ámbitos de la vida humana, en el económico, en el social y en el político.
El salario para ser justo debe alcanzar para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia. La igualdad social es también otro imperativo cuya responsabilidad recae dentro de las obligaciones del Estado y tiene que ver con la distribución justa de la riqueza que genera una nación entre la población que la conforma.
En lo político, la justicia tiene que ver con el trato igualitario entre hombres y mujeres para el ejercicio del derecho a votar y ser votado a cargos de elección popular.
Pero lo más común que la población entiende como justicia se refiere a los mecanismos que tiene el Estado para dirimir las diferencias entre personas físicas y de estas con las de carácter moral.
Al respecto hay una inconformidad general porque contrariamente a lo que especifica la ley, la justicia ni es rápida, ni gratuita y tampoco igualitaria. El rezago acumulado de la cantidad de casos que esperan atención es un tema que nadie ignora, pues hay un número creciente de ciudadanos y ciudadanas que permanecen largos años en la cárcel sin ser sentenciados y el porcentaje de denuncias que se atiende es ominosamente minúsculo frente a la cantidad de delitos que se cometen todos los dìas. Quién no sabe que para echar a caminar el aparato de justicia se tiene que pagar hasta la gasolina para los vehículos en los que se transportan los policías y que las copias de los expedientes de ministerios públicos y juzgados son las más costosas del mercado.
Aunque la “sed de justicia” se reconoció e hizo patente a raíz del discurso que hizo el priísta Luis Donaldo Colosio como candidato a la Presidencia de México en 1994, no fue sino con Andrés Manuel López Obrador, 24 años después, cuando se retomó esa demanda por la que clama la mayoría de la población.
El Judicial como uno de los tres poderes “autónomos” del Estado vivía en una gran opacidad. Casi nadie hablaba de la conducta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros eran personas discretas y desconocidas al igual que los encargados de los tribunales de circuito, los juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura, todas esas instancias ajenas al conocimiento general y distantes en la vida cotidiana de los mexicanos.
Eso mismo sucede en Guerrero con el poder judicial que reproduce no solo el esquema sino la canducta de la que se acusa al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Judicatura, los juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz.
La característica de ambos es que tanto el federal como el estatal han guardado una conducta de supeditación a su par, el Poder Ejecutivo, que siempre los sometió políticamente para actuar por consigna en complicidad o para apoyar a los poderes fácticos nacionales y extranjeros en su voracidad de saquear las riquezas del país. Por comodidad y conveniencia nunca han ejercido su independencia para que en nuestro país haya un real equilibrio de poderes. Fue necesario que llegara la ola del cambio de la 4T para que ese poder reaccionara como autónomo ante el riego de perder sus privilegios, por eso se han opuesto rotundamente a una reforma que limpie toda la inmundicia acumulada, aunque eso los enfrente en el orden federal con el Poder Ejecutivo que quiere desterrar toda la corrupción de la vida nacional.
En este “periplo” conviene aclarar que en Guerrero, contrario a lo que sucede con su par federal, la conducta del Poder Judicial es muy sui géneris porque el titular del Tribunal Superior de Justicia parece rendido a la política de la gobernadora como táctica para evitar que en el imperativo de las transformaciones de la 4T se le exija sacar del marasmo a los órganos de justicia tan desprestigiados.
Lo anterior viene a cuento porque muchos juzgadores comentan a sotto voce su inconformidad por el trato que el titular del Ejecutivo federal está dando al Poder Judicial de la Federación porque sostienen que exhibirlos ante la sociedad no es la manera correcta pues los hace vulnerables debido al delicado papel que desempeñan, llegando al grado de justificar los millonarios privilegios de que gozan y que a decir del senador Ricardo Monreal, suman más de 40.
Algunos jueces de Guerrero creen que se avanzaría más en las evidentes transfomaciones requeridas por el Poder Judicial local si se acude a las negociaciones entre poderes, y se oponen rotundamente a que se implemente el mecanismo de elegir a los ministros, magistrados y jueces como lo propone el presidente de la República porque consideran que sería un retroceso en la calidad y profesionalismo de sus representantes.
Sobre la situación particular de Guerrero los jueces sostienen que la reforma debe considerar la mejora de sus condiciones laborales que son de grave riesgo. Se quejan de que laboran en condiciones de grave riesgo para su seguridad, que carecen de apoyo y que sus prestaciones son exiguas. Aducen que el gobierno, entendido este como el Poder Ejecutivo, no los ayuda para entregar mejores resultados y hasta lo acusa de que su austeridad es tan falsa como su intención de mejorar la procuración y administración de justicia porque no invierte lo necesario en capacitar a los trabajadores de la Fiscalía, asegurando que ni siquiera saben seguir el protocolo en la colecta y resguardo de las evidencias en los casos que atiende, reproduciendo los mismos vicios de siempre en las detenciones que realiza, con violación de los derechos humanos que después se tornan en obstáculo para la pulcritud de los procesos que solo abonan en desprestigio de los jueces cuando estos con todo derecho ajustan su actuación a lo que contienen los expedientes de los acusados. Por eso aunque reconocen que existe una sed de justicia generalizada que apoya la reforma que se plantea para el Poder Judicial, no creen que la estrategia del presidente de la República sea la más inteligente, aunque a pesar de todo, reconocen que en general Andrés Manuel López Obrador pone su mejor esfuerzo en saciar la sed de justicia que es clamor de los mexicanos.